Miércoles, 12 de Diciembre de 2018
Última actualización: 00:07 CET
REPRESIÓN

El OCDH condena la 'escalada represiva contra los periodistas independientes' en Cuba

Los periodistas Henry Constantín Ferreiro y Sol García Basulto ante la Fiscalía de Camagüey. (FACEBOOK)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este lunes la "escalada represiva contra los periodistas independientes" en la Isla.

"El régimen cubano, que había mantenido una especie de moratoria en la represión contra los comunicadores independientes, ha iniciado una nueva escalada de acoso y represión contra los reporteros que hacen uso de su derecho a recibir y difundir informaciones", señaló el Observatorio en un comunicado.

El OCDH enumeró los casos de los periodistas independientes Henry Constantín Ferreiro, Sol García Basulto y Manuel Alejandro León Velázquez, los dos primeros de La Hora de Cuba y el último colaborador de DIARIO DE CUBA.

En el caso de Constantín Ferreiro y García Basulto lamentó que "no pudieron participar en un evento en Miami porque sobre ellos pesa una acusación por el presunto delito de 'usurpación de la capacidad legal' que según las leyes cubanas les impide viajar fuera del país".

Asimismo, el OCDH recordó que al periodista de DDC, León Velázquez, la Seguridad del Estado está intentando acusarlo de "usurpación de la capacidad legal, asociación para delinquir y difusión de noticias falsas".

El OCDH afirmó que el régimen ha elucubrado estas acusaciones de "usurpación de la capacidad legal" como "trampa legal (…), constituyendo esta actuación del Gobierno un ilícito penal constitutivo del delito de 'denuncia falsa', delito pluriofensivo, que ataca directamente como bienes jurídicos el buen hacer de la Administración de Justicia y la dignidad de la persona afectada".

El Observatorio, además, condenó esta práctica y recordó el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que recoge el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

"Es el propio régimen quien ha fomentado desde sus inicios la práctica del delito de 'usurpación de la capacidad legal' al promover el designar a personas sin la debida capacidad/formación para cargos a los que han sido designados", concluyó el OCDH.