Sábado, 3 de Diciembre de 2016
01:52 CET.
Represión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al régimen cesar el hostigamiento a Cubalex

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron este jueves "preocupación ante la persistencia de actos de hostigamiento y actos de retaliación" contra el independiente Centro de Información Legal (Cubalex) por parte de agentes del Estado cubano.

Asimismo, instaron al régimen a cesar estas acciones y a "asegurar de manera efectiva que los integrantes de esta organización puedan ejercer sus derechos y la defensa de derechos humanos libre de interferencias indebidas".

En un comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial recordaron el violento allanamiento de la sede de Cubalex el 23 de septiembre, "sin orden judicial" y por parte de efectivos de la Policía y oficiales de la Seguridad del Estado.

"Estos episodios ocurrieron tras la presentación de un informe realizado por Cubalex sobre la situación de libertad de expresión en Cuba", señalaron en el comunicado.

Cubalex presentó ese documento al relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en la sede del organismo en Ginebra.

La CIDH y su Relatoría mencionaron que los bienes de trabajo de Cubalex "fueron decomisados" por las autoridades cubanas, "como parte de una presunta investigación fiscal por supuestas actividades económicas ilícitas".

La confiscación incluyó "cinco computadoras (…) cuatro laptops, tres impresoras, varios teléfonos móviles, las cámaras de seguridad, así como documentos y archivos confidenciales de diversos casos atendidos por la oficina. Adicionalmente, los integrantes de Cubalex habrían sido sometidos a interrogatorios y cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre, habrían sido obligados a desnudarse para realizarles un chequeo corporal".

Tras el allanamiento sigue detenido uno de los abogados independientes que trabaja en el proyecto, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, que ha realizado una importante labor por la legalización de organizaciones de la sociedad civil.

El asalto a la sede de Cubalex se sumó a la "detención arbitraria de Laritza Diversent", su directora, al regresar de Ginebra el 12 de agosto de 2016 y arrestos similares ocurridos anteriormente.

La CIDH y su Relatoría recordaron que Diversent y otros miembros de Cubalex "son beneficiarios de medidas cautelares".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó el 22 de abril de 2015 "que el Estado cubano adoptara medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal". También que se permitiera a los miembros de Cubalex "ejercer su trabajo sin ser víctimas de hostigamientos".

"La Comisión y su Relatoría Especial recuerdan que las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado y sin límites de fronteras. En efecto, la protección de la libertad de las personas de divulgar información y promover de manera concertada sus intereses y demandas es uno de los objetivos del derecho a la libertad de asociación, sin el cual perdería su eficacia y razón de ser. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que la libertad de asociación no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar asociaciones, 'sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad'", indicaron en el comunicado

Añadieron que "los miembros de asociaciones, particularmente aquellas dedicadas a defender derechos humanos, deben gozar de un amplio derecho a la libertad de expresión en relación con sus actividades y demandas, que incluye la libertad de formular críticas acerca de la política del Gobierno".

"Si los miembros de las organizaciones defensoras de derechos humanos no cuentan con la posibilidad de expresarse libremente, y difundir informaciones para defender los derechos y comunicarlos al Gobierno y a la comunidad general, se les priva de uno de los medios de acción y presión legítimos más importantes", expresaron.