Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
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Antonio Rodiles: el precio de ser cívico en un país fuera de la ley

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Uno de los represores de la tristemente célebre Sección 21 de la Seguridad del Estado se lo advirtió, durante el interrogatorio, a un joven detenido integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Le dijo, en el típico tono soez de quien se siente por encima de toda ley: "Nosotros estamos haciendo detenciones y esperando a que Rodiles venga a hacer el papel de 'Padre de Las Casas', porque vamos a meterlo preso".

Y así lo hicieron.

Desde el miércoles 7 de noviembre pasado Antonio Rodiles está detenido. El tramo de la Avenida 31 y 110, donde se encuentra la referida sección y una Estación de Policía, se convirtió en el escenario de un dantesco aquelarre. Un grupo de opositores pacíficos fue embestido por un enjambre de paramilitares vestidos de civil. Estos no se identificaron. Es evidente que el objetivo prioritario de aquella embestida fue Rodiles, atacado, golpeado y sometido violentamente contra el suelo. Ninguno de los atacantes fue lesionado.

Cinco días después de la agresión, Rodiles presentaba, según testimonio de su esposa Ailer González, el ojo izquierdo severamente amoratado, una quemadura por fricción en su brazo derecho y varios hematomas verdosos en los brazos. Los civiles que lo golpearon, de manera alevosa y violatoria de las leyes, están libres. Rodiles se encuentra en el trance de ser enjuiciado por el delito de "resistencia al arresto". El capicúa errático del sistema legal cubano es como un resguardo perfecto para los represores.

El oficial a cargo del caso está jugando el papel de cancerbero de los intereses del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). Y el interés fundamental del DSE es sacar de las calles a un indiscutible líder natural de la sociedad civil independiente cubana. Solo que la torpeza de los ejecutores de la represión les ha creado a estos señorones una situación ciertamente complicada.

Es evidente que según la ley, el abogado que designe Antonio Rodiles para su defensa tiene la potestad de presentar ante el instructor penal del caso una solicitud de libertad bajo fianza. Este debe canalizarla hacia la fiscalía.

La fiscalía estaría en el deber de considerar esa solicitud, teniendo en cuenta que el detenido no tiene antecedentes penales, y la causa que se le imputa es de menor gravedad. Vale reiterar que ninguno de los individuos que detuvieron a Rodiles sufrió lesión alguna y que ninguno se identificó previamente. Esto invalida la supuesta "peligrosidad", que pretende justificar la "detención bajo proceso investigativo".

En caso de ser aprobada por la fiscalía dicha solicitud, Antonio Rodiles tendría la posibilidad de esperar la convocatoria a juicio en libertad bajo régimen limitado. Todo el que ha tenido que pasar por una situación semejante sabe que presentarse ante jurado, contando con la libertad bajo fianza, no es lo mismo que hacerlo en condición de detenido. Por otra parte, el carácter turbio de todo este proceso probablemente incluirá el Acta de Sentencia prefabricada por la Seguridad del Estado, que será leída por el jurado el día del juicio.

Es evidente que la solicitud de fianza sería denegada por la fiscalía, y esto no es cuestión de pesimismo. Las lesiones que presenta Rodiles pudieran tardar un tiempo en sanar, en especial las de un área tan sensible como el rostro y el perímetro del ojo izquierdo. De ser puesto en libertad ahora, ese rostro con las marcas de la brutalidad represiva estaría al alcance de la prensa internacional. El régimen no tendría como justificar ante el mundo civilizado el proceder de una turba paramilitar que, bajo sus órdenes y de manera impune, continúa actuando contra civiles indefensos.

Antonio Rodiles está pagando el precio de ser cívico en un país fuera de la ley. Un país cuyas autoridades no respetan, ni siquiera, las leyes que refrenda una constitución amañada. La detención y el probable proceso contra Rodiles es la prueba evidente de que la ratificación de dos importantes documentos avalados por las Naciones Unidas, el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, no está en la agenda del castrismo.

Estos pactos fueron firmados en 2008 por el entonces canciller de la Isla, Felipe Pérez Roque. Pero no han sido ratificados. Rodiles es el coordinador general de la Campaña Por Otra Cuba, iniciativa cívica que exige al gobierno la ratificación e integración a esos pactos. Su caso ha puesto en el colimador de la comunidad internacional la grave situación de los derechos civiles y políticos en la Isla. Todo esto sucede mientras, en el seno de la Unión Europea, entra en otra etapa el debate sobre la Posición Común hacia Cuba, adoptada por los países miembros en 1996. Este acuerdo restringió las relaciones con la Isla, precisamente, a tenor de las reiteradas y graves violaciones de los derechos humanos. situación.

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