Domingo, 25 de Septiembre de 2016
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Opinión

En busca de garantías legales y políticas

El 28 de febrero de 2008, el gobierno cubano firmó en Nueva York el Pacto de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuatro años después, ambos pactos siguen sin ser ratificados. Y es que su ratificación comprometería al Estado a respetar y poner en práctica las garantías legales y políticas concebidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo colocaría en la encrucijada de propiciar cambios reales en pos de una apertura democrática, o continuar la comedia de medidas cosméticas de índole económica.

Ahora, la sociedad civil cubana se une para demandar esas garantías legales y políticas. La Demanda ha sido respaldada por un amplio segmento de ciudadanos que incluye a miembros de la oposición política, abogados, artistas e intelectuales de diversas tendencias ideológicas. El número de firmas, que también incluye la de cubanos residentes en diversas partes del mundo, aumenta por días.

El próximo sábado 16, a las 10 y 30 am, está convocado en La Habana un encuentro para movilizar a la opinión pública, dentro y fuera de Cuba, a favor de este movimiento. La cita tendrá lugar en el espacio habitual del proyecto Estado de SATS.

Hace diez años, el Proyecto Varela sacudió la conciencia nacional con su propuesta de cambios y legitimación de los derechos civiles. En este caso, la Demanda Ciudadana por Otra Cuba pide a las autoridades que honre con hechos concretos los compromisos asumidos hace cuatro años. Es un hecho que la firma y no ratificación de estos pactos forma parte de una maniobra que intentó apaciguar a la opinión pública internacional y pretendió dotar al emergente raulismo de una máscara de reforma y "transigencia".

Cuatro años después, esta pantalla se cae a pedazos. La falta de diálogo político y la ausencia de espacios de debate público, la escasez de alimentos y su encarecimiento constante, además de la corrupción generalizada a todos los niveles del Estado, son síntomas inequívocos de la ruina del sistema y su total declive. La respuesta del gobierno al clamor sordo de la gran mayoría de la población es el aumento de la represión en sus diversas modalidades y el cierre gradual de los canales de información ya de por si exiguos. Los arrestos arbitrarios que, durante la reciente visita del Papa Benedicto XVI, se llevaron a cabo contra miembros de la oposición, fueron literalmente secuestros y desapariciones de carácter temporal. Estos hechos son un presagio de lo que puede sobrevenir.

La relación de dependencia de Cuba con respecto a los suministros de petróleo venezolano solo es comparable con la que la Isla sostuvo respecto a la antigua URSS. Ya son bien conocidas las consecuencias que trajo esto en los años noventa del pasado siglo. Sin embargo, nada augura que la población cubana pueda soportar un nuevo recrudecimiento de sus ya pésimas condiciones de vida, más allá de las difíciles circunstancias actuales. Lo cierto es que la apuesta castrista a un caudillo petrolero de las Américas tropezó con un enemigo implacable llamado cáncer. Y los próximos meses de campaña electoral venezolana serán determinantes en el color y la forma que tendrá el año 2013 en este hemisferio. En un escenario económico y político difícil, las autoridades cubanas podrían aplicar medidas represivas cuyo precedente solo sería rastreable durante la situación de guerra civil que vivió la nación a comienzos de la década del 60 del pasado siglo.

Es por esta y otras muchas razones que es sumamente oportuna la iniciativa de esta Demanda. En las actuales circunstancias, la ratificación de Cuba como firmante de los Pactos de Derechos Políticos y Civiles y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podría garantizar un margen para la verdadera transición.

La reacción del gobierno a esta Demanda, como es lógico, todavía es una incógnita a despejar. Si guarda silencio y continúa sin ratificar los pactos mencionados, quedará implícita una más de las tantas burlas a la comunidad internacional por parte de La Habana. Si la respuesta consiste en un ataque frontal, mediático, a los gestores y firmantes de la demanda, la condena de esta propia comunidad internacional no deberá hacerse esperar. Debemos estar todos preparados para el peor de los escenario posibles. Cruzarse de brazos por ignorancia o miedo, en esta hora definitoria, equivale a un crimen de lesa nación.