Viernes, 30 de Septiembre de 2016
17:05 CEST.
Opinión

Editorial: Ciudadanía plena para los exprisioneros políticos

El pasado miércoles se hizo pública la noticia del suicidio, en Las Palmas de Gran Canaria, de Albert Santiago du Bouchet, último de los periodistas independientes excarcelados y enviados a España por el régimen cubano, en acuerdo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Iglesia Católica de Cuba.

Al parecer, su muerte se debió a la estrechez económica que atravesaba y a la imposibilidad de encontrar empleo.

En julio de 2010, a la llegada de los primeros exprisioneros cubanos, España era un país en recesión económica, con casi un 20 % de paro y pronósticos de crecimiento de ese índice. Pese a tales circunstancias, el Gobierno español decidió acoger a 117 exprisioneros y sus familiares, entre los que venían ancianos, niños e individuos con serios problemas de salud. Aproximadamente un millar de personas, en total.

El Gobierno español se comprometió a facilitarles los recursos necesarios durante un mínimo de 18 meses, prorrogable por medio año más, y pareció suficiente ese período para las homologaciones de títulos y las inserciones en el mercado laboral. Sin embargo, la situación no resultó ser tan simple.

Muchas de esas personas, salidas directamente de las cárceles para retomar la vida familiar en un entorno extraño, necesitaban la atención psicológica constante que no se les dio. Sus títulos no llegaron a tiempo para la homologación, llevaban años sin entrenamiento laboral, y en el país subía el paro sin pausa. Al término del primer año de ayudas, éstas no siempre fueron prorrogadas con la facilidad prometida.

Al Gobierno de Rodríguez Zapatero y a la Iglesia de Ortega y Alamino les faltó calcular seriamente las consecuencias de su acuerdo con el régimen cubano, y sus gestiones respectivas fueron irresponsables.

Ahora, el actual ejecutivo español anuncia dificultades para continuar con las ayudas. Los exprisioneros no pueden regresar a su país, y en España no cuentan con medios de vida.

Ante tal situación, es de esperar que el Gobierno de Mariano Rajoy, a quien le cupo heredar un problema mal planteado, halle el modo de seguir prestándoles ayuda y que, más allá de las donaciones, pueda encaminarlos en la búsqueda de autonomía personal. Es de esperar que la inserción de cada uno de ellos y de sus familiares en la sociedad de acogida les permita conseguir lo que no alcanzaron en su país y por lo que lucharon: una ciudadanía plena.