Lunes, 11 de Diciembre de 2017
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Leyes

El fin y los medios

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Uno de los métodos de castigo ejemplarizante utilizado por el gobierno en la década del noventa, fue convertir normas penales en administrativas. Ese es el caso del Decreto Ley 149, "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos por enriquecimiento indebido", puesto en vigor en 1994 por el Consejo de Estado.

La norma se dictó con el fin de aplicar "medidas eficaces y ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegitimo acumulando riquezas y bienes materiales… resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal u otras oficialmente constituidas, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento”.

En el 2003, el mismo órgano estatal  puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a quien arriende su inmueble sin autorización legal.

No hay que ser conocedor de las leyes para saber que en el trasfondo de tales disposiciones está la comisión de hechos delictivos que serán juzgados no por un tribunal judicial, sino por una autoridad administrativa. Al parecer las penas privativas de libertad resultaban insuficientes para la prevención social.

En la conversión de normas penales en administrativas, el gobierno ignoró por completo el respeto que debía a los derechos y garantías ciudadanas. Por ejemplo, la aplicación de estos dos Decretos Ley alcanza a terceros, que se ven obligados a responder con sus bienes por actos ajenos. Y en un proceso penal, la responsabilidad debe ser individual.

Ambas disposiciones ignoran igualmente el principio de presunción de inocencia. En la confiscación administrativa concebida por la dirigencia del país, es el ciudadano quien tiene la obligación de probar que no es culpable. A eso, súmesele que los afectados no tienen forma de defenderse ante los actos de la administración que le sean lesivos, colocándoles en total indefensión.

El Consejo de Estado facultó a la autoridad administrativa actuante —el Ministerio de Finanzas y Precios, en el caso del Decreto Ley 149; y el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, en el 232—, para imponer la confiscación y para revisar su propia decisión en caso de que el afectado apele el acto. Se ignora así totalmente el derecho que tienen los ciudadanos a ser escuchados públicamente y con justicia, por un juzgado independiente e imparcial.

Ambos decretos leyes impiden reclamar justicia ante los órganos jurisdiccionales, cuando toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.

De poco sirve que la constitución garantice "la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio", si para la dirigencia, máxima expresión del Estado cubano y su revolución, esta es "el resultado de la obra revolucionaria".

En ese sentido, se considera "inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de estas conquistas y las utilicen en actividades de lucro y enriquecimiento personal". Así se decidieron los nuevos castigos, sin importar que violaran principios constitucionales y derechos ciudadanos. El fin siempre justifica los medios.

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