Domingo, 17 de Diciembre de 2017
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Derechos Humanos

Una asignatura pendiente

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Pretender que el régimen cubano se democratice del día a la noche es pedir peras al olmo. ¿Por qué habría de hacerlo, si no existe ninguna fuerza lo suficientemente poderosa que lo obligue —llámese oposición, exilio o comunidad internacional—, y sus fundadores aún controlan el poder? Algo más realista al alcance de las fuerzas democráticas sería ir sentando las bases de esa futura sociedad a la que aspiramos. Y una forma es fomentar el respeto de los derechos humanos e intentar suprimir algunos de los puntos de apoyo del totalitarismo.

Entre esos pilares se encuentra la violencia política, que descansa a su vez en instrumentos como la pena de muerte. En los últimos 50 años, Fidel Castro echó mano de la pena capital como instrumento de opresión. El secretismo oficial impide que conozcamos las verdaderas estadísticas, pero organizaciones independientes dignas de crédito estiman entre 5.000 y 6.000 la cantidad de personas ejecutadas en la Isla desde 1959, en su mayoría por los llamados delitos contra el Estado u otros de cariz político.

En esta ominosa lista no sólo entran los funcionarios y militares del ancien régime fusilados al triunfo de la Revolución, sino también los alzados en las montañas del Escambray, los rivales políticos potencialmente peligrosos que fueron apareciendo en el camino de los Castro, y un sinnúmero de personas cuyas motivaciones iban desde cambiar el gobierno hasta abandonar el país usando la violencia.

Borrar la pena de muerte de la legislación cubana sería, pues, un acto de justicia histórica y una contribución sustancial al progreso de la nación. La Cuba democrática del mañana no debe nacer con el pecado de las ejecuciones por motivos políticos. Lograr que los cubanos demócratas aceptaran la idea de su abolición sería un primer paso, y debería estar en la agenda de todos aquellos que luchan por el respeto de los derechos humanos.

Hay que admitir que la pena de muerte ha estado presente en la historia durante miles de años. Sistemas de justicia tan antiguos como el Código de Hammurabi, la Torá judía o las leyes recopiladas y publicadas por Dracón en la antigua Atenas, establecieron la pena de muerte como castigo para algunos delitos. Lo mismo ocurrió en el Medioevo, cuando se empleó de forma generalizada.

La época de las revoluciones, y sobre todo el tempestuoso siglo XX, hicieron de ella un fenómeno común. Los regímenes fascistas y comunistas fueron especialmente manisueltos en su aplicación, utilizándola como método de represión política. Lo mismo a través de la guillotina, la horca, el paredón de fusilamiento, la cámara de gas, la silla eléctrica o la inyección letal, la pena capital ha marcado la historia reciente del hombre. Y aunque desde tiempos remotos hubo voces que se alzaron contra ella, lo cierto es que sólo tras la Segunda Guerra Mundial se ha articulado una clara tendencia hacia su abolición.

Defensores y abolicionistas

El debate entre naciones "retencionistas" —las que prefieren mantener la pena de muerte— y "abolicionistas" —aquellas que ya la han erradicado— sigue vigente en nuestros días. Un dato alentador es que casi todos los países de Europa, Latinoamérica y Oceanía la han suprimido, junto a numerosas naciones de África y Asia.

Los defensores de mantenerla alegan varias razones, entre ellas la justicia, la utilidad social, el ejercicio de la legítima defensa, el miedo a la fuga o a la reincidencia, y el alto costo económico del encarcelamiento en lugar de la ejecución. Sin embargo, quienes luchan por su abolición han desmenuzado y refutado laboriosamente cada uno de estos argumentos.

Más allá del debate legal, desde un punto de vista cristiano, la pena de muerte entra en abierta contradicción con el mandamiento divino de "no matarás" y con la prédica de Jesús sobre el amor al prójimo y el perdón. Desde una perspectiva católica, está claro que hubo épocas en las que la Iglesia aceptó y justificó abiertamente las ejecuciones —¿cómo olvidar la postura al respecto del teólogo Santo Tomás de Aquino?—, pero la visión del catolicismo ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas.

Juan Pablo II puso las cosas en su sitio con la encíclica Evangelium Vitae (Evangelio de la Vida), donde expresó que "la vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por esto, Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento 'no matarás', que está en la base de la convivencia social". Y añadía el difunto Papa: "En este horizonte se sitúa también el problema de la pena de muerte, respecto a la cual hay, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e, incluso, su total abolición".

Además del imperativo religioso, la "justicia" que se hace al aplicar la pena de muerte es bastante cuestionable. Tan dudosa como su supuesta "utilidad social", pues los delitos siguen existiendo en aquellos países donde se aplica sin restricciones la pena máxima. Ni hablar de los errores judiciales cometidos, ni de las veces que se ha castigado con la ejecución a personas inocentes. En cuanto a la "conveniencia económica" de este castigo, habría que oponer dos argumentos: la vida humana es demasiado valiosa como para reducirla a un frío cálculo monetario y, además, varios estudios revelan que la pena de muerte no es tan rentable como cierta gente quiere hacernos creer.

Cuba, pena de muerte y tradición

En el caso de Cuba, hay un detalle histórico que se suma a este elenco de razones para abolir la pena de muerte: nuestra propia tradición.

Durante las primeras décadas de la República, la pena máxima sólo se aplicó en casos excepcionales. La admirable Constitución de 1940 fue mucho más lejos y planteó de forma diáfana en su Artículo 25: "No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera". Lástima que la Revolución de 1959 haya destrozado este andamiaje jurídico y convirtiera las ejecuciones en una práctica común.

Sin embargo, el mundo ha cambiado de manera vertiginosa. La pena de muerte va siendo cada vez más anacrónica y a Cuba le sentaría bien incorporarse al creciente número de países que la han borrado de sus códigos penales. A estas alturas, no es suficiente una simple moratoria en su aplicación: urge la abolición definitiva.

El régimen de La Habana, siempre tan hábil y mimético, ha dado señales de que este asunto no le es ajeno y hasta podría reconsiderar viejas posturas.

Sería inteligente aprovechar ese flanco para poner el tema en el candelero hasta conseguir la supresión de la pena capital, un paso de avance que beneficiaría a los cubanos, quienes al igual que todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a no ser sometidos a penas crueles, inhumanas o degradantes.

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