Martes, 26 de Septiembre de 2017
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Opinión

Breve historia cubana de la infamia

Poco sentido tiene, a estas alturas de las ciencias sociales, identificar en la cultura política cubana una disposición excepcional a la intolerancia. Los cubanos no son más o menos intolerantes que otros latinoamericanos, si bien un recorrido superficial por la esfera pública, dentro y fuera de la Isla, parece informar que la descalificación y el escarnio son más frecuentes entre nosotros que en los demás países de la región. Sabemos que las razones de esa recurrencia a la calumnia en la opinión pública son más institucionales que culturales (ausencia prolongada de democracia, Estado de Derecho, oposición legítima, división de poderes, alternancia en el poder…), pero no habría nunca que subvalorar, como recomendaba Alexis de Tocqueville, la influencia de las instituciones —o la falta de éstas— en las costumbres de los pueblos.

Tocqueville, que era historiador, pensaba que las costumbres no eran ajenas a las diversas formas de comprensión de la historia. Una idea del pasado de un país, basada en la rígida contraposición binaria entre héroes y traidores, contribuye a la práctica de la intransigencia en el presente. Siempre que los actores políticos de un país reclamen el linaje de sus antepasados en décadas o siglos anteriores se abre la puerta a la representación obsesiva del heroísmo, la villanía o la traición. Ninguna historia nacional ha estado ni está libre de esas representaciones históricas del bien y el mal. El lugar de la "traición" y los "traidores" ha sido central en las tradiciones historiográficas de Occidente desde la Antigüedad. No habría más que repasar brevemente algunos pasajes de Herodoto o Tucídides para comprobarlo.

Naturalidad de la traición

Herodoto comienza Los Nueve Libros de la Historia contando el origen de la "discordia" en Grecia. Advierte el historiador antiguo que los persas y los griegos defieren en sus versiones sobre dicho origen. Para los primeros fueron los fenicios los "autores de la discordia", que robaron en Argos a Ío, hija del rey Ínaco. Los fenicios, según esta versión, traicionaron a las mujeres de Argos haciéndoles creer que solo querían intercambiar mercancías, cuando se proponían ultrajarlas y raptarlas a Egipto. Según Herodoto, los griegos contaban mal la historia, ya que atribuían el primer agravio a los cretenses, que habían robado a Europa, hija del rey fenicio.

En el libro cuarto de La Guerra del Peloponeso, Tucídides habla de la traición del general lacedemonio Brásidas con la mayor naturalidad. Brásidas trama con los argilios, una pequeña comunidad de inmigrantes en la isla de Anfípolis, un levantamiento en el interior de esta ciudad, que era colonia de Atenas. Tucídides habla indistintamente de la traición de Brásidas y los argilios, pero dicha traición no consiste en otra cosa que la provocación de una guerra civil, que sería apoyada por una invasión extranjera. La traición, para Herodoto y Tucídides, era tan consustancial a la historia como la lealtad. De hecho, en la mayoría de los casos, no era más que el cambio de una lealtad por otra.

En las visiones históricas nacionales, predominantes en la opinión pública cubana, dentro y fuera de la Isla, la traición carece de esa naturalidad que le atribuían Herodoto, Tucídides o Maquiavelo, quien en el libro octavo de El Príncipe habló de la importancia de la deslealtad en la constitución de los estados. No se trata, en el caso de los cubanos, de un defecto de moralización de la política, como generalmente se piensa, sino, más bien, de lo contrario: una politización de la moral. El traidor en esas visiones es siempre el arquetipo de la Traición, un ser carente de dignidad que no cambia de lealtad por convicción sino por intereses mezquinos. El traidor cubano no renuncia a una idea, un grupo o un líder, sino a una entidad sagrada, llámese la patria, la causa o el mismo líder.

La cultura política revolucionaria heredó de la época colonial y republicana algunas figuraciones de esa metatraición que, exacerbadas por la ausencia de debate historiográfico y político, nutrieron la ideología oficial. Traidores con mayúscula fueron, según esas herencias, los autonomistas y los anexionistas del siglo XIX y los liberales o conservadores, machadistas o batistianos, auténticos u ortodoxos de la primera mitad del siglo XX. A partir de 1959, traidores serán todos los opositores públicos al gobierno de Fidel Castro, violentos o pacíficos, católicos o comunistas, liberales o socialistas. Opositor, disidente o exiliado han sido sinónimos de traidor, mercenario y terrorista en la opinión pública oficial de la Isla por más de medio siglo.

La palabra "traición" aflora con demasiada facilidad en labios de cubanos. Los revolucionarios de los 30 y 50 acusaron a machadistas y batistianos de traición a la República. Los exiliados de los 60 y 70, a su vez, condenaron la "Revolución traicionada" por fidelistas y comunistas y los ideólogos del "período especial" llevan más de veinte años acusando a la diáspora de su misma generación de deslealtad al socialismo. Que se hable de una Revolución traicionada con la misma vehemencia que un siglo atrás se hablaba de una República traicionada es bastante revelador de esa sacralización de las lealtades políticas que distingue a la cultura cubana.

La incapacidad para asumir como algo natural la permanencia o el cambio de las lealtades nutrió, en Cuba, como en toda América Latina, una larga tradición de panfletografía infamante, que la legislación de imprenta, en vano trató de limitar. A fines del siglo XIX, se escribieron libelos difamatorios en la prensa mambí, lo mismo que en los "centinelas alertas" procoloniales. En la opinión pública republicana la calumnia impresa o radial llegó a imponerse a la acelerada consolidación del Estado de Derecho que se vivió, sobre todo, a partir de 1940. En los últimos años de la República también se escribieron panfletos difamatorios en los dos bandos enfrentados: el de los revolucionarios y el de los batistianos. La mala calidad de la esfera pública cubana pudo leerse lo mismo en una columna de Ramón Vasconcelos que en otra José Pardo Llada.

 Choque de legitimidades

Una vez que se atribuye públicamente el estatuto de traidor a quien no posee las mismas ideas o convicciones políticas lo que se pone en tela de juicio no es la justicia o la veracidad de esas ideas o convicciones sino la legitimidad misma de quien las sostiene. En Cuba, el debate público ha estado tradicionalmente enviciado por la disputa de la legitimidad, en un reflejo bastante nítido del conflicto por la soberanía de la representación política. Lo que se cuestiona en las polémicas cubanas no son las creencias, simpatías o lealtades sino la legitimidad de quien las practica. Esta peculiaridad refuerza la tesis de que el eje del conflicto cubano no es el diferendo entre EE UU y Cuba sino la fractura de la comunidad nacional.

En el último medio siglo el Gobierno cubano ha sostenido por medios constitucionales, penales y policíacos el principio de que la oposición y el exilio son ilegítimos. En las tres primeras décadas porque ambos, aliados a EE UU, aspiraron al derrocamiento violento del Gobierno revolucionario. En las dos últimas décadas porque, aunque apelen a métodos pacíficos, persiguen, según el régimen, la misma meta destructiva. La oposición y el exilio, por su parte, también siguen presentando al Gobierno cubano como ilegítimo, a pesar de que las vías pacíficas y reformistas que ha experimentado en los últimos veinte años implican, en la práctica, un reconocimiento de la legitimidad histórica del Estado socialista.

El sustrato jurídico de la ilegitimidad de la oposición en Cuba debe remitirse a la Constitución de 1976 y su codificación penal. Los artículos 53°, 54° y 62° de esa Constitución y del 72° al 97° del Código Penal establecieron el carácter punible de la oposición pacífica bajo los cargos de asociación ilícita, propaganda enemiga y delitos contra la seguridad del Estado. La Ley 88 de 1999, de "protección de la independencia nacional y de la economía de Cuba", concebida como "antídoto" de la enmienda Helms-Burton de 1996 y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, transfirió a toda la oposición pacífica los objetivos del "bloqueo, la guerra económica, el quebrantamiento del orden interno, la desestabilización del país, la liquidación del Estado socialista y la independencia de Cuba".

Esa legislación no solo ha sustentado jurídicamente las diversas oleadas represivas contra los opositores cubanos —incluida la de la primavera de 2003— sino la maquinaria infamante del discurso oficial en las dos últimas décadas. Libros como El Camaján (2002) de Arleen Rodríguez y Lázaro Barredo, "Disidentes" (2002) de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez y los expedientes que abrió el portal del Ministerio de Cultura, La Jiribilla, contra Jesús Díaz, Raúl Rivero y otros intelectuales críticos de la Isla y el exilio, entre 2002 y 2006, son buenos ejemplos de la renovación que vivió la literatura difamatoria durante la llamada "batalla de ideas". Una literatura que, naturalmente, surgió mucho antes, desde los primeros años de la Revolución, pero que se renueva década con década, a medida que se ensancha el censo de enemigos del Estado.

El carácter de "antídoto" de la legislación represiva en Cuba se presta al equívoco histórico y político de que la misma fue una reacción al reforzamiento del embargo comercial en los 90. La represión de la oposición y su difamación en los medios oficiales comenzó desde el mismo año 1959, como prueban tantos casos célebres de líderes políticos fusilados, encarcelados o estigmatizados, antes, incluso, de que conspiraran o se opusieran violentamente al Gobierno revolucionario. La Ley 88 de 1999 no hizo más que referir específicamente a los objetivos de la Ley Helms-Burton el principio jurídico que, de jure y de facto, criminaliza a la oposición desde la llegada de Fidel Castro al poder.

El propio Fidel Castro hizo su contribución personal al relanzamiento de la literatura infamante cuando en Biografía a dos voces (2006) le asegura a Ignacio Ramonet que el Proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación, fue un "invento de Estados Unidos o de la política de Estados Unidos", y presenta el rechazo del mismo por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la reforma constitucional de 2002, que declaró el carácter "irrevocable" del socialismo en Cuba, como respuestas al Plan Bush. El Proyecto Varela, como es sabido, fue lanzado antes de la llegada de Bush al poder y en su concepción no intervino el gobierno de Estados Unidos.

El eje de la literatura infamante, en Cuba, es la negación de toda autonomía e identidad política a la oposición, por medio de la presentación de ésta como criatura de la "mafia terrorista" de Miami y el "imperialismo yanqui". En los últimos años, ésa ha sido la prioridad mediática de publicaciones electrónicas oficiales como Cubadebate, Cubainformación, la enciclopedia digital Ecured y los blogs de Yohandry Fontana, Iroel Sánchez, Enrique Ubieta o Manuel Henriquez Lagarde. Esa infamia es, en esencia, lo que el régimen cubano, sus ideólogos, sus policías y sus burócratas entienden por "batalla de ideas" o "guerra cultural".

Intolerancia y exilio

El choque de legitimidades entre el Gobierno, la oposición y el exilio permea toda la esfera pública. Que el mismo se refleje en los medios oficiales —impresos, radiales, televisivos o electrónicos— es lógico. Pero que tal choque impacte la mayoría de los medios de una diáspora, que vive en contextos democráticos, no deja de ser inquietante. En la sección de comentarios de todas las publicaciones electrónicas cubanas y en la cabecera editorial de no pocos blogs del exilio predomina, no el debate respetuoso, sino la impugnación de la legitimidad del otro y la descalificación moral de quien no piensa como el titular de la página. Esa mala calidad de la esfera pública cubana no puede atribuirse, únicamente, a las interferencias electrónicas del Gobierno cubano o de cualquiera de las muchas organizaciones de la oposición o el exilio.

La cultura política predominante en el exilio, en las últimas cinco décadas, también ha reproducido la sacralización nacionalista de las lealtades. Muchos exiliados y no pocos políticos cubanoamericanos se han imaginado como herederos legítimos de los mambises del siglo XIX y han catalogado de traidores, en la opinión pública de Miami, ya no a todos los integrantes o partidarios de los gobiernos de Fidel y Raúl Castro, sino a aquellos opositores y exiliados que reprueban métodos como la invasión militar o el embargo comercial. Todavía es posible leer en textos de algunos líderes de ese exilio calificativos como "neoautonomistas", "dialogueros", "raulistas light", "cómplices", "agentes", "colonizadores castristas del Sur de la Florida", aplicados a quienes piensan que el fin del embargo y la normalización de las relaciones entre EE UU y Cuba pueden contribuir a la democratización de Cuba.

La historia cubana en las tres últimas décadas es rica en episodios de intolerancia ideológica y política, que han atizado discursos infamantes. Episodios compartidos dentro y fuera de la Isla, como los actos de repudio contra marielitos en La Habana o la marginación de los mismos en Miami o las denigraciones públicas de personalidades de la cultura cubana de una u otra orilla. La conexión entre esas dos esferas públicas vecinas, La Habana y Miami, ha llegado a ser tan fluida, en medio de la guerra mediática, que los discursos de ambas ciudades parecen réplicas de sí mismos. Mientras algunos oficiales de las FAR o el MININT y no pocos exfuncionarios del Gobierno se instalan rápidamente como autoridades de los medios de Miami, disidentes de la Isla, que no concuerdan con las políticas hegemónicas del exilio, han debido sufrir la triple retórica infamante del régimen cubano, la opinión anticastrista y la radio y la prensa progubernamental del Sur de la Florida, cada vez tan estridente como sus propios rivales.

Como en cualquier otra opinión pública democrática, en la de la diáspora cubana intervienen sujetos que construyen su autoridad en diferentes áreas del saber. En ella participan políticos y abogados, periodistas y empresarios, académicos y artistas, científicos y escritores, que se autorizan públicamente desde sus respectivas profesiones. Un aspecto curioso del choque de legitimidades en la opinión electrónica cubana es que constantemente se pone en duda la fuente intelectual de la autoridad. Los escritores, según esa opinión, no deberían tomar posiciones políticas porque además de ser escritores, no políticos, son malos escritores. Una de las constantes del debate electrónico cubano es el anti-intelectualismo: debatir ideas, ideas políticas incluso, es para muchos una pérdida de tiempo o algo contraproducente cuando de lo que se trata es de "acabar con el castrismo".

El anti-academicismo es una de las modalidades más pertinaces del anti-intelectualismo cubano. En todas las esferas públicas democráticas los académicos, específicamente los de las ciencias sociales, intervienen en las instituciones de opinión. Muchos medios electrónicos de la diáspora cubana, sin embargo, ven esas intervenciones como retardatarias o dañinas. Para refutar ideas sostenidas por académicos esos medios prefieren la vía fácil de la descalificación de la academia misma, como espacio de saber, incapaz de solucionar o contribuir intelectualmente a la solución de problemas políticos. Ese antia-academicismo que, por ejemplo, hace suyo el término peyorativo de "cubanólogos", acuñado por los aparatos ideológicos del Comité Central, converge no solo con la ortodoxia comunista de la Isla sino también con la ortodoxia anticomunista del exilio, que siempre ha visto a los "cubanólogos" como "agentes" de Castro.

Son asombrosas las consonancias que se producen entre algunos sectores de la opinión anticastrista y el discurso oficial, a la hora de valorar los nuevos liderazgos de la oposición pacífica en la Isla. La más clara convergencia intelectual entre ambas ortodoxias es aquella que presenta el problema cubano como un conflicto entre EE UU y Cuba, excluyendo o subvalorando a la oposición como actor legítimo del mismo. Para los ortodoxos de adentro Cuba defiende su "independencia"; para los de afuera EE UU defiende la "libertad" de Cuba. De ahí la importancia de que la oposición combata esos estereotipos, afianzando su autonomía política y económica.

Figuras como Elizardo Sánchez, Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Manuel Cuesta Morúa, Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez, Antonio G. Rodiles o Pedro Campos e iniciativas como La Patria es de Todos, Proyecto Varela, Todos Unidos, Arco Progresista, Estado de Sats, Observatorio Crítico o la Demanda Ciudadana por Otra Cuba han sido y son atacados, a la vez, por medios del oficialismo y del exilio. Estos últimos casi siempre están motivados por políticas concretas, como el apoyo al levantamiento del embargo comercial, al intercambio cultural y académico entre EE UU y Cuba o al llamado a la reconciliación nacional, que rechazan sectores tradicionales del exilio y de la clase política cubanoamericana. Pero tampoco están ausentes, en esas reacciones, viejos resabios anticomunistas de la Guerra Fría que, curiosamente, reproducen sujetos políticos formados después de la caída del Muro de Berlín. Quienes atacan, desde afuera, esos proyectos, no debaten seriamente las ventajas que, a su juicio, tendrían ideas o políticas diferentes sino que se limitan a acusar a sus líderes de complicidad con el castrismo.

 El estilo infamante

La fuerza del tono y el estilo infamantes en la opinión electrónica cubana produce una sintomática inhibición de argumentos racionales en los extremos del conflicto. Así como los intelectuales y blogueros oficialistas renuncian a defender el partido comunista único, la economía de Estado o la ideología marxista-leninista, los nuevos publicistas de la ortodoxia exiliada renuncian a defender abiertamente el embargo comercial, el levantamiento armado o la invasión de EE UU. En el medio de ambas inhibiciones se genera una impresionante acumulación de odio, resentimiento y frustración, que se libera, generalmente, por medio de la calumnia.

La última década ha rebasado ya la clásica polarización generacional entre un exilio histórico y una nueva diáspora. La mayoría de los medios electrónicos cubanos, fuera de la Isla, son operados por exiliados de los años 80 para acá o por miembros de las nuevas generaciones cubanoamericanas. La recurrencia al lenguaje deslegitimador, por tanto, no es, como algunos piensan, un atributo exclusivo del viejo exilio. La pregunta que sigue en pie es cuál es el verdadero volumen demográfico de exiliados cubanos que prefieren el discurso infamante al debate respetuoso entre diversos proyectos nacionales en el presente y el futuro de Cuba. Cuál es la base social real de esa apuesta por la deslegitimación en la esfera pública.

Los medios electrónicos cubanos poseen un rango de seguidores que oscila entre cientos y miles de lectores. A Cubadebate, la página electrónica del Partido Comunista de Cuba, la siguen más de 90 mil internautas, pero Yoani Sánchez tiene más de 200.000 seguidores en twitter. Poco más de 3.000 siguen por Facebook La Jiribilla, menos que los que siguen Havana Times y la mitad de los que siguen Diario de Cuba. Los sociólogos deberían ayudarnos a conocer mejor esas comunidades electrónicas que se articulan en torno a unas u otras publicaciones, pero pocos ponen en duda que la mayoría de los cubanos que debaten en aquellas páginas que permiten comentarios vive fuera de la Isla. Entre esos miles, sin embargo, solo una minoría recurre sistemáticamente al lenguaje difamatorio.

Por ser una minoría, ese circuito electrónico no debería subestimarse ya que asume, deliberadamente, una función mediadora ante los lectores, que aspira a quebrar o anular la legitimidad de las figuras públicas. Entre todos los actores políticos cubanos, el más vulnerable, el que más sufre los discursos infamantes, es la oposición interna. Carentes del poder material del Gobierno de la Isla o de la clase política cubanoamericana, dependientes de la ayuda financiera y mediática del exterior, los opositores cubanos han sido los más desfavorecidos en la explosión de retóricas intransigentes que hemos vivido en la última década. Ellos, y no la clase política cubanoamericana o George Bush o, mucho menos, Barack Obama, han sido el blanco prioritario de la calumnia oficial o exiliada.

La dependencia del exterior de la oposición cubana merma su prestigio político, pero, a la vez, le permite subsistir bajo un sistema hostil, diseñado para negarle toda dignidad a cualquier proyecto alternativo de nación. Sin la resonancia del exilio y la comunidad internacional, la oposición no tendría el escaso reconocimiento que ha alcanzado en los últimos años. Contra esa visibilidad ganada, en medio de la creciente y sistemática represión, se movilizan los profesionales de la infamia dentro y fuera de la Isla. Una de las principales motivaciones de estos últimos es, precisamente, juzgar la eficacia de una oposición pacífica desde los parámetros maximalistas de la vieja oposición violenta, revolucionaria o contrarrevolucionaria.

Mientras en Cuba no sean removidas las leyes que aseguran la criminalidad de la oposición, ésta seguirá dependiendo de la ayuda exterior. Claro que esa dependencia es anómala e, incluso, ilegal en muchas democracias del planeta. Pero si la misma ofende tanto a las élites del poder cubano y a sus aliados en el mundo, ¿por qué no ponen fin, entonces, a la penalización de las libertades de asociación y expresión en la Isla? Ésa, y no las detenciones preventivas, los actos de repudio o las caricaturas biográficas en un blog oficial o una enciclopedia digital, sería la mejor manera de persuadir a Estados Unidos y a Europa de que el apoyo material a los opositores es violatorio de la soberanía cubana.

Los escritores infamantes sienten fobia por las teorías y rechazan cualquier paralelismo entre el caso cubano y las transiciones a la democracia de fines del siglo XX. Cuba, según esos nuevos excepcionalistas de una u otra orilla, sigue caminos propios e inextricables, tanto en la preservación del sistema político actual como en las lógicas incipientes de su transformación. Pero lo cierto es que la oposición pacífica cubana, en las dos últimas décadas, se convirtió en un actor muy parecido a las disidencias del socialismo real en Europa del Este, durante los años 70 y 80. A la cubana le ha faltado el arraigo popular de Solidaridad en Polonia o el respaldo intelectual, juvenil y de clase media que ganó Carta 77 en Checoslovaquia, pero sus discursos y prácticas son bastante parecidos a los de aquellas disidencias.

Uno de los líderes de la disidencia checa, el dramaturgo y periodista Iván Klíma, veterano de la Primavera de Praga y de la Revolución de Terciopelo, ha escrito en uno de los ensayos de El espíritu de Praga (2010) que los dos rasgos distintivos de aquella oposición fueron la ausencia de poder y una minoría moral, que constituyó su base política. En dos palabras: pequeñez y coherencia. Cierta vulnerabilidad extrema, que la hacía víctima de la descalificación del oficialismo y de la manipulación del exilio, convirtió a aquella oposición en una fuerza simbólica, que logró involucrar a las mayorías escépticas o cínicas del país en un cambio político que no se propuso controlar.

Concluyo con este pasaje de Klíma, que describe a la perfección el liderazgo que ejercen un Oswaldo Payá o una Yoani Sánchez en la Cuba de las primeras décadas del siglo XXI:

"Una persona que, por necesidad íntima, se enfrenta con coherencia a los poderosos, arriesgándolo todo, tiene una única pequeña esperanza: que con sus acciones recordará a las autoridades de dónde procede su poder, cuáles son sus orígenes y cuál su responsabilidad, y quizás consiga que sean un poco más humanas. Sin embargo, para los que están el poder, y para los que se han rendido a él, este objetivo parece pura locura. Las esperanzas de los impotentes están ocultas en el comportamiento de esos locos".

 

 


Conferencia leída en el coloquio "El asesinato de la reputación en Cuba", en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, 18 de septiembre de 2012.

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