¿Dónde están las casas?

Uno de los problemas de carácter social más grave que tiene el régimen es el de la vivienda, acrecentado por las contradicciones en su propia legislación y las arbitrariedades que se han cometido producto de la corrupción que existe a todos los niveles.

Durante décadas se ha violado la ley que se dictó al efecto, se han cometido injusticias y atropellos contra la población.

Todo lo concerniente a la vivienda es una madeja enredada que en un futuro democrático costará mucho trabajo arreglar. Y no solo hay que pensar en las casas, edificios, locales que fueron intervenidos por el régimen, sino en los problemas que se han adicionado a lo largo de más de 50 años de destrucción de todos los esquemas organizativos.

Dentro del Capítulo Conflictos en la Sociedad Civil, la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios ha recogido testimonios de ciudadanos que se acercan a plantear situaciones que se han mantenido durante años sin una solución y a veces ni siquiera una respuesta de las autoridades.

Dos ejemplos habaneros

Lourdes Esquivel Vieyto vivía desde los 13 años de edad con sus padres y hermanos en la calle Santa Rosalía No.18406 entre Avenida y Final, del Reparto Porvenir, municipio Boyeros.

Uno de sus hermanos hizo una ampliación en un costado de la casa, pero en 1994 abandonó ilegalmente del país en una lancha junto con su madre y el resto de la familia. El padre ya había muerto. A Esquivel Vieyto, que ahora tiene 49 años, la desalojaron de su casa y tuvo que ir a vivir a un pequeño local sin techo con su esposo y tres hijos.

Por más reclamaciones que hizo, nunca le permitieron regresar a su hogar, el cual fue dividido en dos casas y entregado a sendas familias. Sin embargo, el terreno de las viviendas y toda la finca aledaña pertenece a Esquivel Vieyto.

Los actuales habitantes tienen un título de propiedad estatal. Esquivel Vieyto también tiene uno a nombre de su padre. Ella terminó de construir una casa al lado de las dos que habitan los que son ya sus vecinos.

Por haber abandonado su familia el país de forma ilegal, Esquivel Vieyto fue castigada. Ha pasado 17 años de sufrimiento, de tocar puertas sin que se abran, de dirigirse a los altos niveles sin hallar soluciones.

¿Cómo es posible que existan tres títulos de propiedad de una misma vivienda (el que tiene la desalojada y los dos que fueron entregados a las familias que se instalaron en su casa)? ¿Cómo se podrá resolver esto cuando haya un cambio político? Las personas afectadas con problemas similares a este ¿optarán por la vía legal después del cambio o dejarán libres todo el odio y la impotencia contenidos durante estos años?

Otro caso es el de Zoe Madelaine Sosa Scull, residente en calle F No.265 apto. D entre 3ra. y 4ta. Reparto Poey, Arroyo Naranjo. Su difunto primo le dejó un terreno en herencia y ella comenzó a construir en 2005 una vivienda para su hija.

La joven se unió a un hombre que fue a residir con ella en la casa en construcción. La pareja se separó y el hombre se quedó con la vivienda, legalizando la obra a su nombre a pesar de que ni siquiera vivía en La Habana, no cumplió los trámites constructivos, no pudo mostrar la propiedad del terreno, el permiso de construcción, ni el certificado de habitabilidad.

La corrupción en la vivienda y en las diferentes empresas estatales, como la de electricidad y la del agua, le permitieron poner a su nombre todos estos servicios. Sosa Scull acudió a las autoridades pertinentes y siempre la respuesta fue una evasiva.

¿Cómo es posible agenciarse una vivienda sin haber cubierto los trámites establecidos por el propio Estado? Dos mujeres solas fueron acosadas por un maleante, que además contó en todo momento con el respaldo policial. ¿Cuando haya un cambio, cómo se indemnizará a Sosa Scull por los gastos y esfuerzos realizados para hacer efectiva su propiedad?

Estrategia destructiva

A ejemplos como estos es necesario añadir algunos datos. El 85% de las familias tiene un título de la propiedad de la vivienda que han pagado a precios oficiales, independientemente de que haya otra persona que haya sido propietaria y que también haya hecho erogación de dinero.

Más del 50% del fondo habitacional de Cuba están en mal estado. Dentro de esta cifra hay muchas edificaciones sin solución posible, aunque sus habitantes se mantienen en ellas.

Una gran cantidad de locales habitables (incluyendo casas y edificios) se utiliza para actividades estatales, paraestatales e incluso militares, como los sectores de la Policía de los diferentes barrios, y también para sedes de firmas mixtas con capital extranjero. De igual forma, existen casas de contacto, protocolo y visitas de diferentes ministerios en todas las provincias del país. La alta jerarquía dictatorial tiene numerosas residencias a lo largo de la Isla.

Habría que señalar que como la política de reparaciones tiende a cero, los organismos estatales dejan deteriorar muchas de estas instalaciones y después se agencian otra.

Los consultorios médicos del programa del médico de la familia, son un ejemplo reciente. El Gobierno ha permitido que se destruyan con todo el equipamiento dentro. Buena parte de ellos han sido "canibaleados" por la propia población.

Desde el punto de vista económico, habría también que mencionar las numerosas fábricas —incluyendo los centrales azucareros— que permanecen cerradas. Entre ellas, la papelera de Puentes Grandes, en La Habana, fábricas de piezas de repuesto, bodegas que se han destruido y están abandonadas, cines desactivados —más del 80% en la capital— sin poder utilizarse porque los han vaciado de muebles y equipos. En la misma situación se encuentran antiguas escuelas en el campo.

La política inversionista en la actividad inmobiliaria ha sido un verdadero desastre, con construcciones iniciadas y luego abandonadas sin concluir. En este caso lo mismo hay edificios de apartamentos que instalaciones de servicio social como el Hospital Infantil Pedro Borrás en La Habana.

Entre las casas que se utilizan para servicios estatales y paraestatales y otros, las viviendas inhabitables por su deterioro, la reserva de casas vacías y las numerosas residencias de los magnates del poder, se puede calcular que está incluido más del 45% del fondo habitacional.