Los retos de la economía cubana en el siglo XXI: Hacia una economía libre, justa y solidaria

Madrid 11 de abril de 2011

Desideratum

Para que en Cuba pueda instaurarse una economía libre, justa y solidaria, sana y muy necesaria intención que aspiramos para nuestro país, deben, necesariamente observarse y atenderse con carácter prioritario e ineludible, una serie de principios que en sentido general son ignorados y no atendidos por el régimen socio-político imperante en Cuba: los derechos humanos plenos conforme a la Declaración Universal de los mismos, aprobados por las Naciones Unidas en 1948, y de la que, como todos sabemos, Cuba es signataria (Cuba fue de los 48 países que votaron que sí el 10 de Diciembre de ese año; teniendo en cuenta que sólo 58 países eran miembros de la ONU en 1948).

No puede haber, por tanto, una economía libre, justa y solidaria –que efectivamente saque del innato desastre, ineficacia y ruinosa situación económica a Cuba: ya es probado y aceptado que el sistema económico socialista es un incontestado fracaso que ha sumido a nuestro pueblo en niveles de calidad de vida bajos, injustos, insoportables e inasumibles— sin que se le retorne a su pueblo la soberanía nacional, base esencial de la que debe dimanar y radicar todo el poder (nunca en un Partido político que imponga una ideología única, exclusiva y excluyente, que le haga por imperativo legal ser fuerza imponente sobre cualquier otra), y, por ende, sin que den una serie de principios supralegales constitucionales que amparen esa soberanía incautada. Esto es, la nula vigencia del principio de libertad; del principio de justicia independiente, en cuanto a su ejercicio profesional no partidista, y de rango social, en cuanto a su aplicación en beneficio del interés general;  del principio de igualdad; y del principio de pluralismo político, son, por sí mismos, la verdadera y única causa de que el sistema económico imperante en nuestro país no avance en lo que a su equidistribución de riqueza anhele, ni sea justo ni tampoco suficiente para dotar al pueblo cubano del status de bienestar, progreso, justicia y seguridad que anhela cualquier nación del mundo. La falta de democracia es en sí misma la raíz de esa crisis endémica que subsume nuestra economía. Separar, por consiguiente, la justicia social, el interés general del pueblo y sus derechos, de una economía justa, social y libre, donde se compagine de un modo armónico Mercado-Justicia-Derechos Humanos, que es donde yerra de plano y se dan de bruces todos los postulados de los "Lineamientos" es, por sí mismo, un error doctrinal y de principios económicos técnicos que este trabajo pretende humildemente desvelar.

Introducción

Durante 2010 la economía cubana registró un bajo nivel de crecimiento del PIB según los datos de CEPAL, apenas un 1,9% frente a un 6% de media en el conjunto de países de América Latina.

Las previsiones para 2011 de este organismo tampoco son halagüeñas, y la economía cubana, con un 3% estimado, se quedará nuevamente por debajo de la media de los países de la región, situada en un 4,5%.

La comparación entre estos datos pone de manifiesto que las dificultades de la economía cubana para mejorar su desempeño son internas, y es preciso atribuirlas a su deficiente modelo de funcionamiento.

Desde que asumió el poder en 2006, tras la grave enfermedad de su hermano, Raúl Castro se ha orientado hacia un conjunto de decisiones económicas que, en general, han tratado, con poco éxito a la vista de los datos, de mejorar la productividad y la eficiencia de una economía de base estalinista, en la que la ausencia de propiedad privada y el control burocrático de la planificación y de la actividad, se exhiben como valores innegociables del "socialismo".

Desde esta perspectiva, los "Lineamientos de la Política Económica y Social" que se presentan al Congreso del PCC este mes de abril, constituyen la referencia sobre la que se pretenden impulsar una serie de cambios para mejorar la situación de la economía.

Sin embargo, una lectura de este documento advierte sobre varios aspectos fundamentales que es preciso tener en cuenta:

1.- No se trata de un programa de política económica al uso, al no identificar objetivos e instrumentos, lo que arroja sombras de duda sobre la coherencia de las propuestas.

2.- No se puede calificar como un programa presentable ante organismos e instituciones internacionales en búsqueda de credibilidad y confianza, porque las medidas anunciadas no van  acompañadas de sus correspondientes, y necesarias, dotaciones presupuestarias. Se requiere un mayor nivel de concreción.

3.- No es tampoco un programa estratégico, porque no se detiene en el análisis de amenazas y oportunidades del entorno, para ser puestas en relación con las eventuales debilidades y fortalezas de la economía cubana. Materias sobre las que no se pronuncia.

4.- No se trata de un programa sectorial, aun cuando se atienda a numerosos renglones de la economía cubana, pero se echa en falta un nexo de unión, un vínculo, sobre los efectos derivados de una acción coordinada y de futuro sobre los mismos.

Además de estos defectos formales en su presentación, el documento plantea una cuestión fundamental con respecto a su legitimidad como estrategia de política económica, al plantear en cada una de sus propuestas un debate abierto entre las acciones de signo "liberalizante" de la economía, y aquellas que tienen como objetivo el refuerzo del sistema en funcionamiento, basado en la ausencia de propiedad privada y el control burocrático de la economía.

Ese debate supone que el documento carezca del suficiente grado de consenso social, al tener en cuenta a sólo una parte de la sociedad cubana, y que incluso dentro de este segmento surjan disensiones que hacen parcialmente inviable el alcance de muchas propuestas.

De todo ello, cabe concluir que los "Lineamientos" lejos de aportar la confianza necesaria en la economía cubana, alejan a ésta de un escenario de certidumbre necesario para el desarrollo de las actividades económicas.

Además, su ejecución, de llevarse a cabo, plantea la creación en la economía cubana de tres estructuras económicas de poder asimétrico que suponen dejar inalterado el sistema que se pretende modificar.

A saber, el sector presupuestado estatal, burocrático e ineficiente, se mantendría en manos del partido y la jerarquía comunista local y territorial; las empresas estatales del conglomerado militar y de seguridad reforzarían su dominio monopólico en la mayor parte de sectores y actividades en las que se encuentren presentes; y se autorizaría el nacimiento de las "nuevas formas productivas" en su mayoría los arrendadores de tierras, los "cuentapropistas", sobre los que recaería una pesada carga fiscal y de control para impedir su desarrollo y crecimiento.

Decisiones que, de llevarse a término, entrañan graves riesgos para la economía cubana, que tendrá dificultades para romper los lazos que frenan su potencial de crecimiento, que es elevado por sus fortalezas indiscutibles, y que no suponen cambios relevantes para afrontar el futuro.

Por ello, el presente documento, elaborado por economistas, abogados y juristas y empresarios cubanos, trata de aportar al debate social en la Isla abierto ante el próximo congreso del PCC, una serie de propuestas que van en la dirección de mejorar el funcionamiento de la economía, su productividad y capacidad para crecer con justicia e igualdad, en condiciones de garantizar niveles de vida crecientes para la población.

Ni que decir tiene que estas propuestas tendrán sentido en la medida que vayan acompañadas de un proceso de apertura democrática que restaure en la Isla el pluralismo político, las libertades, el respeto a los derechos humanos y las instituciones democráticas fundamentales. Negar estos derechos al pueblo cubano es tan absurdo como abordar la transformación de una economía de base estatal y sin propiedad privada, a partir de retoques prácticos de alcance limitado dirigidos a reducir la tensión existente en la sociedad.

1.- De una economía subsidiada e ineficiente, a una economía de bienestar y competitiva.

Los subsidios soviéticos contribuyeron a consolidar una estructura productiva ineficiente, incapaz de producir bienes y servicios que tuvieran demanda en los mercados mundiales, de modo que al finalizar tras el derrumbe del muro de Berlín, dejaron a la economía cubana atenazada por su círculo vicioso.

En todos los países del mundo que han alcanzado ritmos de crecimiento económico estables y sostenibles, el esfuerzo acompañado de la dedicación se traduce en recompensas que suponen un incentivo para continuar desarrollando nuevas ideas que, a su vez, permiten a las economías crecer, modernizarse y avanzar.

2.- De una economía de planificación central y burocrática, a una economía de mercado liberalizada.

En la actualidad, se reconoce que el mercado como instrumento de asignación de recursos es mucho más eficiente que cualquier otro mecanismo, como el estado. La formación transparente de los precios permite a los agentes económicos diseñar sus estrategias como demandantes y oferentes de bienes y servicios, produciendo resultados coherentes con sus decisiones.

Se deberán suprimir las estructuras de carácter monopólico que dominan la mayoría de actividades económicas y potenciar la plena liberalización de todas las actividades productivas. El nuevo papel regulador del gobierno debe estar basado en la transparencia y en la profesionalidad.

3.- De una economía sin propiedad privada y sin libre empresa, a una economía basada en derechos de propiedad y emprendedores.

La institucionalización de la propiedad privada, sujeto de derechos como eje del nuevo sistema económico, debe servir para garantizar que los cubanos puedan participar de la riqueza física del país y ser dueños de su propio patrimonio, mejorando sus niveles de consumo a medio y largo plazo. La propiedad privada, su crecimiento y disposición, deberá estar regulada por las normas constitucionales, las leyes, y a salvo de cualquier acción confiscatoria o de desprotección.

Al mismo tiempo, se deben recuperar y promover los valores de empresa privada, emprendimiento, acumulación de beneficios y crecimiento económico, suprimiendo todas las penalizaciones y reglamentos que impiden su plena ejecución en la economía.

4.- De una economía con bajo nivel de formación bruta de capital fijo en el PIB, a una economía basada en las infraestructuras.

La economía cubana, lastrada por una elevada participación de las actividades estatales en el PIB, que supone cerca del 60% del total, más de 40 puntos por encima de la media de América Latina, presenta uno de los porcentajes de formación bruta de capital (inversiones) sobre PIB más bajos del continente. Ello exige una urgente reordenación de los programas de gasto.

Tarea urgente es la reordenación del gasto público estatal hacia la realización de inversiones en infraestructuras con una amplia y extensa participación de las empresas privadas en la realización de proyectos, con la supervisión de la autoridad estatal.

5.- De una economía sin espacio y aislada en la globalización, a una economía orientada a la exportación.

Hay que darle a la economía cubana capacidad para producir bienes y servicios que tengan demanda en los mercados mundiales para orientar su oferta progresivamente hacia el exterior e ir ganando ventajas de la globalización. La política económica deberá incidir en los sectores y actividades más orientados al comercio exterior, los tradicionales como el azúcar, y los más modernos como la biotecnología y la sociedad de la información, favoreciendo la libertad empresarial y la realización de acuerdos con empresas extranjeras que supongan transferencia de tecnología avanzada a la Isla.

6.- Estimulo a las inversiones extranjeras.

Se debe impulsar una nueva regulación de las inversiones extranjeras que permita la penetración de capital internacional, en la medida que contribuya al aumento de la competitividad de la economía cubana en los mercados mundiales.

Se debe trabajar en un proyecto para crear en Cuba una red de Parques Industriales y Tecnológicos en los que las empresas extranjeras puedan asentarse y proyectar su labor hacia Centroamérica y el Caribe. La buena formación profesional de los cubanos sería una fortaleza para en un proyecto como este.

Los procesos de licitaciones o concursos en el ámbito público deben regirse por los principios libre concurrencia y no discriminación, transparencia, publicidad y seguridad jurídica.

Para aportar confianza a los inversionistas intencionales Cuba debe ampliar la red de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones  (APPRIs) y debe garantizar el estricto cumplimiento de los mismos.

7.- De una economía altamente dependiente en energía, a una economía con recursos energéticos.

La dependencia energética de la economía cubana del exterior es muy elevada. Romper con ese círculo vicioso es fundamental para alcanzar ritmos de crecimiento sostenibles. Para ello, se debe apostar por el desarrollo de inversiones de infraestructura en materia energética para garantizar un aumento de la producción propia (en las renovables) que reduzca la dependencia de la energía externa en el curso de una década.

8.- De una economía de sindicato único de partido, a una economía de mercado laboral libre con sindicatos libres y dialogo social.

Se debe promulgar una legislación que autorice el ejercicio de las libertades sindicales, del sindicalismo plural y fijación de convenios colectivos de ámbito de empresa, con marco sectorial, dirigidos a la consolidación de un sistema de concertación social y negociación colectiva en la elaboración y ejecución de la política económica. La legislación deberá situarse dentro de las disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo.

9.- La justicia social como eje de las reformas.

Creemos que todos los ciudadanos deben ser partícipes del bienestar, por lo que las políticas económicas serán diseñadas teniendo en cuenta el criterio de equidad y justicia social. Para ello se garantizará, por un lado, la igualdad de oportunidades y, por otro, la solidaridad. La compensación social se logrará mediante la eficiente redistribución de los ingresos obtenidos por el estado.

Entendemos que, por su impacto de justicia social, la denominada "Economía Social de Mercado" como modelo económico se ajusta a los principios y valores más efectivos que pueden realmente sacar adelante la ruinosa e inoperante economía cubana. Este modelo fue ensayado con éxito en la República Federal de Alemania para poder remontar el desastre de la postguerra mundial después de 1945 (como todos sabemos, la Alemania Occidental estaba destrozada y devastada al final de esa contienda, y el Plan Marshall era insuficiente para sacar al país de la crisis; es más, cinco años después de aplicarse dicho Plan, la RFA estaba completamente saneada en lo económico y en lo social) y combinó con extraordinario sentido común y profesionalidad técnica los valores económicos más exitosos de los modelos de la socialdemocracia (socialismo) y del liberalismo –no asumiendo en esencia ninguno de los dos sistemas--, llegando a ser un sistema realmente mixto, autónomo por sí mismo, entre ambas formulaciones económicas donde, esencialmente, el mercado quedaba sujeto a una aplicación justa de la riqueza y, de igual modo, donde tenían, y tienen, plena cabida los derechos humanos, las libertades, la justicia, y el pluralismo político. No se trata, por tanto, de asumir la economía social ni los mercados sociales como estándares, sino más bien, de aplicar los criterios del Mercado con Justicia Social. En síntesis, no se trata de asumir la postura de un Estado benefactor de carácter socialista (de connotado fracaso que ya nadie cuestiona ni en el seno mismo del Partido Comunista de Cuba), ni de la protección total y general del individuo por parte del Estado, mal interpretado como “justicialismo social” (es el paternalismo supraestatal que tanto daño ha causado por inoperante y por vulnerar todos y cada uno de los principios de los derechos individuales); lo que pretende, en resumen, es poner en marcha un modelo económico donde el mercado tenga un impacto positivo en lo social, armónicamente compatible uno y otro, cumpliendo y teniendo una función estrictamente en beneficio del interés general y colectivo.

10.- Garantía de servicios educativos y sanitarios gratuitos para la población en colaboración con la iniciativa privada.

La prestación de servicios públicos se acercará a los ciudadanos y se aumentará el nivel y la calidad de los mismos por medio de la cooperación público y privado en estos dos importantes sectores para el bienestar de la población. El sistema educativo deberá orientarse, de forma prioritaria, hacia una educación de calidad, orientada a los avances de las nuevas tecnologías y los idiomas.

11.- El capital humano y relacional de la diáspora.

La economía cubana debe estar abierta a la participación y experiencia de todos los cubanos de buena voluntad con independencia del lugar donde vivan.

12.- Apoyo financiero internacional.

La ingente tarea de reforma económica no se podrá impulsar sin ayuda de organismos internacionales especializados, FMI, Banco Mundial, Unión Europea (COTONU), a los que se solicitará colaboración en la ejecución de los proyectos e iniciativas.

Conclusión

Como ya dijimos en nuestro DESIDERATUM (o máximo deseo), la esencia es el retorno de la soberanía al pueblo de Cuba, único titular del poder para, con todos y entre todos los cubanos, definir pluralmente, en plena libertad política, el mejor modelo económico para el futuro de Cuba. Sin que Cuba ratifique, cumpla y normativice dentro de su legislación, y especialmente dentro de su Constitución, los Tratados de Estado (conforme al Derecho Internacional Público) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por el país que no ratificados, invocando sensu contrario la "archiculta" de todos los males a un Estado extranjero, para excusar su ratificación), es, por antonomasia, otra vuelta de tuerca a una terquedad ideológico-partidista que en ningún caso vela por el progreso, bienestar, desarrollo y futuro feliz para el pueblo de Cuba . De esta premisa parte y se nutre toda la debacle del modelo y sistema económico imperante en la Isla que, esencialmente, se basa en la propiedad estatal o colectiva sobre los medios fundamentales de producción –a la que entroniza como jerárquicamente superior; eufemísticamente se le llama "propiedad de todo el pueblo"--; una propiedad privada cuasi-capitalista o mixta entre entidades públicas del Estado e inversores privados internacionales (no cubanos), que también tiene impacto en medios fundamentales de producción: industria minero/metalúrgica -–todo ello al amparo de la Ley 77/95 de la "Inversión extranjera en Cuba"-- y una exigua, denostada  y minoritaria propiedad privada sobre medios no fundamentales de producción: agrícolas, ganaderos, "cuentapropistas" (empresarios individuales de pequeña entidad: oficios, artes, profesiones no cualificadas, técnicos-medios, etc.). Pero, como ya dijimos, olvidando que es el pueblo soberano, que hoy no lo es, quien debe decidir e incidir en el modelo económico que efectivamente debe regirle para, con total legitimidad y legalidad, dotar a su economía de la solvencia y respeto que tanto necesita para encauzar su bienestar.