El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, que amenazó recientemente con aplicar la Ley 88, conocida como "Ley Mordaza", ha procedido con el bloqueo de DIARIO DE CUBA en redes sociales, específicamente en su cuenta en Twitter.
El procedimiento del funcionario no es nuevo. Inventario, un proyecto independiente que persigue "datos abiertos para contar a Cuba", lanzó recientemente una iniciativa con el fin de crear una lista de cargos públicos e instituciones gubernamentales cubanas que hayan bloqueado a usuarios en la red social Twitter.
El bloqueo es un ejemplo de cómo la conversación virtual continúa permeándose de los mismos vicios que se reproducen a diario en la realidad. El miedo al diálogo y a la comunicación ha tocado de cerca incluso a uno de los principales portales oficiales de información y propaganda del régimen.
La web Cubadebate se quedó fuera de las explicaciones que el ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, ofreciera este martes para aclarar la situación del sistema electroenergético nacional ante los recientes y generalizados apagones reportados en toda la Isla.
Los bloqueos comenzaron en medio de la llegada a las redes sociales de ministros y figuras del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien ha hecho de la informatización una de sus presuntas banderas, ha alardeado de responder con inmediatez a las preocupaciones de la población, y presume de un estilo de mando más comunicativo.
El pasado 10 de octubre, seis meses después de asumir la presidencia, Díaz-Canel estrenó su cuenta en Twitter, siguiendo una promesa hecha en julio durante el congreso de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).
Como parte de esa agenda, el mandatario "también retó a los ministros a adentrarse en el pequeño ecosistema digital cubano y al ejercicio de la política 2.0".
Al referirse a la necesidad de tener en Cuba una "administración pública más eficiente", el gobernante dijo que un funcionario "que no es sensible no actúa, le molesta que la gente le plantee problemas", y ordenó "buscar una acción de Gobierno más transparente para la población".
Remigio Ferro amenazó en mayo pasado con aplicar la conocida como "Ley Mordaza", que contiene apartados destinados a reprimir al periodismo independiente contra aquellos que el régimen entienda "colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton".
La "Ley Mordaza" fue uno de los instrumentos utilizados para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003, entre ellos 27 periodistas independientes.
La Ley 88 de "Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba" fue sancionada el 16 de febrero de 1999. Su primer artículo dice que su finalidad es "tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba".
Las leyes cubanas incluyen otras disposiciones penales de amplio alcance que han sido usadas para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
