El Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) salió al paso a las críticas suscitadas en redes sociales ante la aprobación de varias regulaciones para el control del acceso a internet y la informatización de la sociedad.
El recién aprobado Decreto-Ley 370 de 2018, en sus artículos 68 y 69, indica que es una contravención "hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional".
Según publicó el diario oficial Granma, el MINCOM aclaró que "en el caso de las personas naturales, se refiere a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios que se ofrecen en internet y de uso por los ciudadanos, no se refiere a blogs, sitios personales o informativos".
El medio oficial no ofreció más detalles sobre el conjunto de normas, mucho más amplio. Prometió hacerlo en otras informaciones.
Varios lectores del periódico coinciden en que "en la resolución no está esa aclaración, y después la nota de prensa del MINCOM NO servirá como justificación legal ante una supuesta contravención".
"Después cualquiera la puede Interpretar a su manera. La ley debe ser más explicativa", añadió otro usuario.
Hasta hoy, en Cuba solo existe un servicio de hospedaje de blog, la plataforma Reflejos, organizada por los Joven Club de Computación y Electrónica, entidad de la Unión de Jóvenes Comunistas que censura contenidos.
En abril de 2019, el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA anunció un servicio de hospedaje de sitios web para personas naturales que ofrece opciones de pago que oscilan entre los 3 CUC y los 55 CUC mensuales.
Desde el pasado jueves, las personas jurídicas en Cuba están obligadas a utilizar el antivirus nacional, así como aplicaciones de código abierto y de producción nacional, según estableció un conjunto de normas jurídicas decretadas por el Gobierno para el control de las herramientas ligadas a la informatización de la sociedad en Cuba.
En la más reciente Gaceta Oficial Ordinaria, están recogidas las nuevas regulaciones, compuestas por un Decreto-Ley, dos Decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y varias resoluciones ministeriales.
El Gobierno, acusado de una estrecha vigilancia y control de la información desde sus estructuras, se ha propuesto "la migración en un período de tres años" de datos hacia plataformas con código abierto y de producción nacional "en los Organismos de la Administración del Estado".
Las nuevas normas jurídicas otorgan el protagonismo de la industria de aplicaciones y servicios informáticos a la empresa estatal, y relega la participación del sector privado, con gran auge e iniciativa en este campo, a una simple "complementación".