El exmilitar estadounidense de origen venezolano Dahud Hanid Ortiz, supuesto autor del conocido como triple crimen de Usera, ocurrido en Madrid y en el que murieron dos cubanas, de momento no será juzgado en España, informó el diario El País.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela denegó la orden de extradición cursada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, de acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso el diario español.
En el documento, el alto tribunal alega que Hanid posee la nacionalidad venezolana y estadounidense, por lo que no puede ser entregado a las autoridades españolas para ser procesado.
El juez de instrucción cursó una orden de solicitud de extradición perfectamente motivada con los delitos de los que se le acusa a Hanid: tres asesinatos y un delito de incendio.
En la petición están recogidos los hechos de los que es acusado en exsoldado. El 22 de junio de 2016, sobre las 2:30PM entró en el despacho del abogado Víctor Joel Salas Cobeña, situado en el número 40 de la calle de Marcelo Usera, en Madrid. El hombre preguntó por el letrado, que no estaba en ese momento. Pidió entonces que se le localizara porque tenía un negocio que le podía reportar un beneficio de un millón de dólares.
El acusado se metió en el cuarto de baño y acto seguido se dirigió contra la compañera de despacho de Salas, la abogada cubana Elisa Consuegra Gálvez, a quien le seccionó el cuello con un machete. También le clavó un objeto punzante en el pecho.
Después, cogió una barra de hierro y propinó "diversos y fuertes golpes en la cabeza a la otra empleada" del despacho, Maritza Osorio Riverón, también de la Isla, a la que también mató.
El supuesto autor esperó a las 5:00PM para ver si llegaba Salas. El que sí subió al despacho fue un cliente suyo, el ecuatoriano Pepe Castillo Vega, que acudía a recoger la documentación de un juicio que había ganado para que le concedieran la tarjeta de residencia a su esposa.
El hombre se dirigió hacia él. "Con el mismo objeto con el que había matado a Maritza, le propinó fuertes golpes en la cabeza, produciéndole la muerte", añadió el escrito del juez.
Según este documento, el autor provocó un incendio en el despacho "con la clara intención de destruir las pruebas que pudieran quedar en el lugar de los hechos". El fuego se extendió por toda la oficina "con claro riesgo para todos los ocupantes del edificio donde se encontraba el despacho". Instantes después, el autor salió del despacho sin que fuera identificado por nadie.
El juez concluyó que las investigaciones del Grupo V de Homicidios y de la instrucción practicada "permiten atribuir la autoría de los referidos hechos a Dahud Hanid Ortiz".
El hallazgo de una botella de agua de la marca Volvic, de origen francés y con la etiqueta verde puso a los agentes de Homicidios tras la pista de Hanid. Dentro llevaba combustible (supuestamente gasolina). El letrado la identificó como la que acostumbraba beber la expareja de Hanid, con la que el abogado había iniciado una relación sentimental.
El País recordó que esta fue la que motivó los celos del militar estadounidense y su viaje a Madrid para, presuntamente, matarlo. La localización de un móvil de prepago en los alrededores del despacho de Salas y el testimonio de su supuesto compinche permitieron su identificación.
El supuesto autor huyó a Alemania, donde residía tras haber sido destinado por el Ejército de EEUU antes de ser expulsado. Cuando las autoridades españolas intentaron detenerlo en el país germano, Hanid se fugó a Colombia y, desde allí gracias al pasaporte venezolano que le entregó su hermana, ingresó en su país natal.
La policía venezolana detuvo a Hanid el 13 de octubre de 2018 en el municipio de Chacao, en el estado de Miranda. El juez ordenó su ingreso en prisión provisional mientras se recibía toda la documentación por parte de las autoridades consulares españolas y se remitía el caso a la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esta sala celebró una vista oral el pasado 25 de febrero.
El fiscal pidió que se declara improcedente la extradición del supuesto asesino al tener la nacionalidad venezolana y no constarle a las autoridades encargadas del registro civil que hubiera renunciado a la misma. Sí solicitaba que fuera juzgado en ese país por los cuatro delitos (tres asesinatos y el de incendio) por los que era acusado. Su defensa se adhirió a ambas peticiones.