El ministro habla de una mayor autonomía empresarial, pero anuncia una medida que restringirá esa facultad.
Durante una de las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, se refirió a la empresa estatal socialista. Dijo el funcionario que se estudiaban un grupo de medidas para avanzar en el perfeccionamiento de esas entidades, consideradas como el eslabón fundamental del actual modelo económico de la isla. "Tenemos que buscar más dinamismo y autonomía en la gestión empresarial", apuntó.
Desde el inicio de la actualización del modelo económico, apenas llegado Raúl Castro al poder, el discurso en pos de otorgarle mayor autonomía a las empresas estatales, con el objetivo de tornarlas más eficientes, ha sido recurrente en las intervenciones de los funcionarios vinculados con la economía. Una exhortación que adquiere mayor urgencia en momentos en que se pretende potenciar la producción nacional para reducir al mínimo las importaciones.
Sin embargo, en la propia información que el ministro brindó a los diputados, hallamos una contradicción en lo concerniente a la concesión de una mayor autonomía empresarial. Sucede que su Ministerio se va a dedicar a revisar los esquemas cerrados de financiamiento en divisas que poseen varias empresas.
Semejante esquema consiste en que esas empresas no reciben divisas del Gobierno central para ejecutar sus operaciones, sino que se autofinancian con sus exportaciones en dicha moneda, y de esa manera pueden efectuar importaciones sin contar con asignaciones del Presupuesto central.
En lo adelante el Ministerio de Economía y Planificación va a obligar a esas empresas a que, en lugar de importar insumos y otros productos con la divisa que generan ellas mismas, aporten esa divisa a la cuenta de financiamiento central del Estado, y así coadyuvar a que el país disminuya las importaciones. En esas condiciones, ¿cómo queda la susodicha autonomía empresarial?
Al margen de este caso en específico, el referido anuncio es una muestra más de una de las limitaciones más lacerantes que afrontan la economía y la sociedad cubanas en general: con frecuencia la voluntad de los gobernantes pasa por encima de las instituciones creadas por ellos mismos.
Lo anterior se manifiesta también en el trato de las autoridades hacia los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas y los usufructuarios de tierras ociosas. No hay momento fijo para que el Gobierno dé marcha atrás a algunas de las medidas que han permitido el auge de esas formas de gestión no estatal, y establezca prohibiciones que obstaculicen la labor de esos actores económicos.
Se trata, a no dudarlo, de una incertidumbre que contagia igualmente a los inversionistas extranjeros que piensan invertir en Cuba. Una inversión que, según trascendió en el citado cónclave de la Asamblea Nacional, "aún no alcanza los niveles que demanda la economía".
El anuncio del señor Alejandro Gil tiene lugar pocos días antes de que se celebre en La Habana el XX Congreso de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC). De tratarse de cualquier otro país, la ocasión se presentaba propicia para que algún delegado al evento, en representación de las empresas que cuentan con esquema de financiamiento cerrado en divisas, alzara su voz como protesta por una decisión gubernamental que afecta a los colectivos laborales de esas entidades.
Mas, no debemos pecar de optimismo. Sabemos que ese evento de la CTC será, en lo fundamental, una vía para entonar loas a favor de la cúpula del poder, y no para que se escuchen las demandas de los trabajadores.