Miércoles, 22 de Mayo de 2019
Última actualización: 23:06 CEST
Tribunales

¿Qué tienen que ver unos pescadores indios con los médicos cubanos explotados en Brasil?

Mundra, India, donde está ubicada la planta eléctrica. (BANK TRACK)
Corte Suprema de EEUU. (REUTERS)

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos podría impulsar en ese país demandas como la interpuesta en noviembre pasado por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por apropiarse de parte de su salario mientras trabajaban en Brasil.

El máximo tribunal ha determinado que las organizaciones internacionales con base en Estados Unidos, como la OPS, no tienen inmunidad absoluta y pueden ser demandadas en ciertos casos en tribunales estadounidenses.

La histórica decisión de la Corte Suprema, tomada con siete votos a favor y uno en contra el pasado 27 de febrero, afecta a International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional, IFC), brazo del Banco Mundial que otorga fondos para proyectos privados en países pobres y en desarrollo.

Según diversos reportes de prensa, IFC concedió 450 millones de dólares para la construcción en Mundra, Gujarat (oeste de la India), de una central eléctrica de 4.000MW que funciona con carbón y es propiedad de la empresa Tata Power. Sin embargo, agricultores, pescadores y habitantes de la zona acudieron a un tribunal federal estadounidense en 2015 para denunciar la contaminación del aire y del agua que provoca la planta, inaugurada en 2012.

EarthRights International, organización de defensa medioambiental que respaldó a los querellantes, indicó que la construcción y operación de la central de Mundra ha destruido los recursos naturales de los que dependen los habitantes de la zona para la pesca en el Golfo de Kutch, la agricultura, la obtención de sal y la cría de animales.

Señaló que el propio mecanismo de rendición de cuentas de la IFC había criticado duramente el proyecto y había encontrado fallas en cada etapa de implementación.

La compañía no cumplió con el plan de acción ambiental y social para la planta, confirmó la Corte Suprema en su dictamen del 27 de febrero.

IFC aceptó haber causado daños —según EarthRights International—; no obstante, argumentó tener total inmunidad contra las demandas y dijo que simplemente no podía ser responsabilizada.

Un tribunal de menor rango y un tribunal de apelaciones fallaron a favor de IFC. Pero la Corte Suprema rechazó las alegaciones de Corporación Financiera Internacional de que permitir ciertas demandas desencadenaría una avalancha de litigios en los tribunales de Estados Unidos y le haría más difícil y costoso financiar proyectos internacionales.

"Las preocupaciones de la IFC están infladas", escribió el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., en el fallo, informó The Washington Post.

No hay 'inmunidad absoluta'

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense extendió a nuevas organizaciones internacionales —como Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional— beneficios similares a los otorgados en el país a gobiernos extranjeros y que incluían protección contra juicios.

Una ley posterior matizó que los gobiernos extranjeros están sujetos a ciertas acciones legales en Estados Unidos en el área de actividad comercial.

En el caso de IFC, la Corte Suprema determinó que la ley le otorga solo la misma protección que a los gobiernos extranjeros y no una "inmunidad absoluta".

La decisión significa que otras instituciones internacionales tendrían también una protección limitada. Por ello, podría sentar un precedente favorable para la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) interpuesta en Miami en noviembre de 2018 por varios profesionales cubanos que participaron en Brasil en el programa Más Médicos. También podría estimular nuevas querellas.

Los médicos cubanos acusan a la OPS de haber facilitado una "red de tráfico humano" y "esclavitud".

Los profesionales de la Isla fueron a Brasil como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Dilma Rousseff y Raúl Castro, en el cual la OPS actuó de intermediaria.

La Habana se quedaba con al menos un 70% de lo que pagaba Brasilia en concepto de salarios por los servicios de los médicos y la OPS conseguía un 5%.

Los demandantes calculan que la OPS recaudó más de 75 millones de dólares a través del programa, mientras unos 1.300 millones de dólares fueron a parar a las arcas del Gobierno cubano.

El fallo de la Corte Suprema estadounidense sobre el caso conocido como Budha Ismail Jam v. International Finance Corp. envía el proceso de vuelta al Tribunal de Distrito en Washington.

"Marca un momento decisivo para la IFC y el Banco Mundial", señaló EarthRights International. "Durante años, la IFC ha operado como si estuviera 'por encima de la ley', a veces persiguiendo proyectos de préstamos imprudentes que han provocado graves abusos de derechos humanos en las comunidades locales". Luego ha abandonado a los pobladores a su suerte, señaló la organización.

Hasta el momento, acciones como la de IFC en Mundra han ocurrido "con impunidad", ignorando el daño que dejan detrás, dijo Marco Simons, asesor general de EarthRights International, citado por The Washington Post. La decisión de la Corte Suprema estadounidense ayudará a "garantizar que los proyectos de desarrollo no dañen a las personas cuyas vidas deben mejorar", consideró.

La IFC solo invierte en proyectos para países pobres que de otra manera no podrían atraer suficiente capital privado. Por ello, tiene una influencia inmensa en cómo se diseñan, construyen y operan los planes, explicó EarthRights International.

Los objetivos declarados de la IFC son acabar con la pobreza e impulsar la prosperidad, pero sin hacer daño a las personas y al medio ambiente. Para cumplir con ellos, ha creado un "marco de sostenibilidad" que determina las condiciones de su participación en los proyectos y las obligaciones de todos los implicados para garantizar tanto el desarrollo positivo de las actividades como la protección de las comunidades y el medio ambiente.

Desde el principio, indicó EarthRights International, la IFC reconoció que el proyecto de Mundra era de "alto riesgo" y tenía potencial para causar un daño significativo a las comunidades aledañas si no era bien supervisado. A pesar de esto, otorgó el préstamo de 450 millones de dólares sin tomar medidas para garantizar la protección de la zona, criticó.