El Ministerio de Cultura presentó el polémico Decreto 349 como "una demanda de larga data" de los artistas y la intelectualidad oficial cubana y "una respuesta al actual entorno económico, social y político" de la Isla que pretende poner orden a la circulación y no a la creación.
Según declaró al diario estatal Granma, Alina Estévez, directora de Recursos Humanos del MINCULT, la regulación tiene antecedente en el Decreto 226, del 29 de octubre de 1997, que se emitió en el contexto del surgimiento y proliferación del trabajo por cuenta propia, la apertura a la inversión de capital extranjero y la creación de empresas mixtas.
Aquel tuvo como objetivo definir conductas que, por acción u omisión de las personas naturales, infringían las regulaciones jurídicas para la contratación de servicios artísticos. También prestaba especial importancia a que individuos sin calificación se presentaran públicamente como artistas, incurriendo en una intrusión.
"Las personas que incurren en estas conductas, además de infringir la ley, restringen las opciones de empleo a la masa de artistas de alto nivel que ha formado y/o profesionalizado el país", señaló Estévez.
Ahora este nuevo Decreto, añadió, "responde, además, a una demanda de larga data de los artistas y escritores cubanos, expresada en distintos eventos de la UNEAC y de la Asociación Hermanos Saíz".
"En estos foros, además del intrusismo, se ha criticado ampliamente la chabacanería, la vulgaridad, el mal gusto, la realización mediocre de presentaciones y productos culturales diversos. Se han denunciado reiteradamente las ilegalidades, las incoherencias y las contradicciones que dañan profundamente las jerarquías artísticas. Las organizaciones de creadores se han referido a la contaminación del 'clima sonoro' y a los símbolos y mensajes que contradicen nuestros valores éticos y estéticos", manifestó.
Para Estévez, "no es difícil colegir que el texto recibirá oposición de los que defienden la filosofía del vale todo y de que no hacen falta reglas, porque el mercado puede tranquilamente ocuparse de eso".
A estas personas las califica como "mediocres que necesitan la vulgaridad para ganar notoriedad" y considera que sin una regulación como el 349 "la discriminación, el desorden, las ofensas, las molestias al público y el mal gusto tendrían el camino libre para esas expresiones irrespetuosas".
Estévez se refirió sin identificarlos a artistas independientes, la mayoría censurados por el Gobierno, que han desplegado una intensa campaña en redes sociales contra el decreto.
Sin embargo, también figuras reconocidas como el Premio Nacional de Artes Plásticas José Ángel Toirac, Carlos Garaicoa, Rocío García, Pedro Pablo Oliva, Flavio Garciandia, curadores como Magali Espinosa o Frency Fernández, cineastas como Carlos Lechuga o Miguel Coyula han hecho patente su oposición a la regulación en misivas enviadas al Ministerio de Cultura y al propio Miguel Díaz-Canel.
La funcionaria explicó a Granma que "el Decreto 349 no constituye una normativa a aplicar estrictamente y en exclusiva al sector no estatal" y calificó su relación "solo y directamente con los cuentapropistas" como "una manipulación interesada".
"El 349 expresa la intención de generar el marco adecuado para nuevas disposiciones, que amplíen y naturalicen los diferentes escenarios de exhibición pública del arte, tanto en el sector estatal como en el no estatal", insistió.
Lo presentó como una "respuesta al actual entorno económico, social y político" que "refuerza la autoridad del Ministerio de Cultura en su función de orientar y ejecutar la política cultural del Estado y del Gobierno, y de evaluar su puesta en práctica".
"A través del Decreto se tipifican y sistematizan conductas que violan normas jurídicas anteriores, a través de las cuales se fijan derechos, obligaciones y procedimientos en cada temática y que continuarán vigentes y regulando las relaciones entre el creador y las instituciones. Hay que entender que una cosa no sustituye la otra, sino que la complementa", añadió la funcionaria del MINCULT.
Sobre que la normativa atenta contra la libertad de creación artística y literaria, Estévez argumentó que el 349 "no se refiere a la creación artística ni a sus contenidos, sino a la difusión, exhibición o promoción, sin amparo legal ni institucional, de producciones que en la mayoría de los casos carecen de valor estético".
La funcionaria coincidió con Granma en que el Decreto ha sido "muy atacado" por quienes llama "enemigos de la Revolución".
"Lo han manipulado y han orquestado una campaña en la que lo presentan como un ataque inexistente a la libertad de creación", añadió.
Admitió que "existe —incluso entre compañeros serios— el temor de que, puesto en manos de funcionarios sin preparación, o de alguien extremista, el Decreto se convierta en una herramienta de censura".
"Esta prevención se vincula a las percepciones sobre la ineficacia de las instituciones que, de no atenderse adecuadamente, pueden crear espacios de confluencia con las tendencias que pretenden la destrucción del sistema institucional para dejar que sea el mercado quien establezca las jerarquías", dijo.
Estévez anunció que se está trabajando en normas complementarias que "esclarecerán muchas de las preocupaciones y otorgarán a la relación entre el artista y la institución un lugar privilegiado en la decisión sobre la intervención de los inspectores y en la prevención de cualquier desacierto".
Para concluir, la funcionaria resumió: "El Decreto 349 no es contra la creación ni contra los artistas; es para defenderlos. No es contra los aficionados ni contra las expresiones auténticas de la cultura popular. Es contra quienes pretenden dañarlos".
La funcionaria no se refirió a fechas de entrada en vigor. El Gobierno anunció que sería el próximo 7 de diciembre junto a otras regulaciones dirigidas al sector privado.
Precisamente ese día debe concluir la sentada pacífica a la que han convocado un grupo de artistas frente al Ministerio de Cultura y que deberá comenzar el lunes 3 de diciembre. Al grupo inicial de los firmantes del Manifiesto de San Isidro se ha ido sumando mucha gente en el camino, como dijo Yanelys Núñez en una entrevista reciente con DIARIO DE CUBA.
Este grupo pide la derogación del 349 y un "diálogo con los que tienen el poder, con personas que tomen decisiones a nivel ministerial".