El "debate" y la aprobación de una nueva Constitución "son inaceptables en el contexto de marginación, unanimidad fingida y ausencia de libertades que prevalece en Cuba", dijo la Unión Liberal Cubana (ULC) en una declaración en la que establece su posición sobre el proceso de reforma constitucional que realiza el régimen de la Isla.
La organización del exilio calificó de "espurio" el proceso en marcha y dijo que "no se prestará a colaborar con quienes mantienen una abierta represión contra disidentes y opositores".
Para que la discusión de la reforma y el referendo anunciado por el régimen "pudieran llevarse a cabo con un mínimo de garantías, el Gobierno tendría que amnistiar a los presos políticos, suspender la represión contra los opositores y permitir que las diversas corrientes de opinión puedan expresarse en los medios de comunicación, en plano de igualdad", consideró la ULC. "Solo si todas las opiniones y posturas políticas reciben, con entera libertad, la posibilidad de exponer sus ideas y proyectos, podrán los ciudadanos juzgar la verdad y pertinencia de sus argumentos y elegir en consecuencia".
Para la ULC, "sin esas garantías mínimas, no es posible llamar Constitución a un código segregacionista urdido con sigilo en un par de semanas por tres docenas de burócratas del PCC y que vulnera derechos humanos reconocidos universalmente".
"Comoquiera que la nueva Constitución propuesta es más una callada rectificación de viejos errores y crímenes cometidos contra el pueblo cubano que una adaptación a los nuevos tiempos, sería muy importante que el Gobierno, en el preámbulo del nuevo texto, pidiera perdón a la sociedad", opinó la ULC. "Perdón por las persecuciones a los creyentes y homosexuales, a los que fueron víctimas de confiscaciones de propiedades legítimamente adquiridas, a quienes fueron encarcelados por tratar de emigrar clandestinamente, a los familiares de los injustamente fusilados y, en general, a todas las personas agraviadas sin otro objetivo que hacer una revolución evidentemente fallida, que ha empobrecido material y espiritualmente a los cubanos", añadió y advirtió que "la reconciliación comienza por la admisión de culpas".
A juicio de la organización, "lo que hace ahora el Gobierno castrista no es renovar la Ley Suprema del país, sino consolidar un instrumento discriminatorio y opresivo, que seguirá vulnerando derechos y libertades".
"Lo que intentan ahora los jerarcas del castrismo es ganar tiempo y ofrecer al resto del mundo una imagen edulcorada de un sistema que en lo esencial seguirá siendo una dictadura excluyente, opresora y enemiga de la libertad", alertó la ULC y condenó "esta operación que en modo alguno beneficia al pueblo cubano".
La ULC admitió, no obstante, que Cuba necesita "nuevo pacto constitucional".
"Cuba necesita un gran pacto cívico que restablezca la concordia nacional y coloque al país a la altura de los tiempos que vivimos", dijo la organización. "Para que las violaciones de derechos humanos dejen de estar entreveradas en las leyes de la nación, para que las fuerzas productivas puedan generar riqueza, para que los cubanos de dentro y de fuera puedan ir y venir libremente y reconstruir sus familias, para que la Patria deje de ser hacienda de unos pocos jerarcas y se convierta en auténtico patrimonio de todos", enumeró.
"La elaboración y adopción de una nueva Constitución a partir de esas premisas tendría ventajas innegables para todos. Facilitaría, por ejemplo, la aprobación de leyes que permitiesen eliminar la discriminación que el Gobierno aplica a los cubanos según el país en el que han decidido residir", argumentó.
"Otra ventaja sería que los derechos y las libertades consagrados en una nueva Carta Magna no tendrían por qué subordinarse a los intereses de ningún partido", agregó.
Comentó asimismo la necesidad de incluir en el texto todos los derechos humanos universalmente reconocidos, "que la Ley actual viola de manera intrínseca, al supeditar su ejercicio a la conveniencia del Partido Comunista".
Mencionó el derecho a la propiedad individual y colectiva, el respeto a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacíficas, y el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos, entre otros.
Una nueva Constitución también debería "devolver a todos los cubanos el derecho a elegir el Gobierno bajo el cual desean vivir", señaló la UCL. "Solo mediante elecciones libres en las que todos puedan participar en condiciones equitativas se sabrá si, como sostiene el Gobierno actual, la mayoría de los cubanos desea seguir con el sistema socialista o si, como sostenemos los opositores, quiere un cambio de sentido democrático y liberal, capaz de transformar a su vez no solo la vida política, sino también la economía y la sociedad, para construir un futuro más libre, próspero y tolerante, donde quepan todos los cubanos y se respeten todas sus ideas".