El 30 de mayo de 2017, vecinos de la barriada habanera Mantilla verían por última vez, montándose en un auto, a la joven Beysi Moraima Pedroso Ramírez. Por esas mismas fechas habría desaparecido Luisón, padre de familia, pescador y vecino de Jaimanitas, sin que se haya esclarecido el momento exacto. Las autoridades policiales, a día de hoy, no ha ofrecido pista alguna sobre la suerte o paradero de ambos. Los familiares, como consuelo, se aferran a la esperanza de que aparezcan de un modo u otro.
Lo mismo en el caso de desapariciones por crímenes comunes que por causas políticas, "durante décadas el Partido Comunista (PCC) ha negado que la Revolución tenga historial alguno" de este tipo de sucesos, al igual que ha hecho con las "torturas o ejecuciones extrajudiciales", destacó José Alberto Álvarez Bravo, fundador de Ágora de Cuba, un espacio virtual de participación social donde el único protagonista es el ciudadano, sus criterios y sus expectativas de cambio para la nación cubana.
Conjuntamente con el trabajo que realiza en Ágora de Cuba, que aglutina a casi 2.000 ciudadanos, Álvarez Bravo lleva un registro detallado con más de doscientos casos de personas desaparecidas.
El precedente de esta iniciativa, relató, surgiría en la década de los 90, por idea de Francisco Chaviano y otros activistas de la sociedad civil, que organizaron un Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, con sede en Jaimanitas. Como labor fundamental, darían inicio a la confección de un registro sobre personas desaparecidas, a partir de datos y fotos que aportaban los familiares.
"Cuando Chaviano se marchó al exilio, dejó en herencia todo aquel trabajo. Como yo estaba interesado en el tema, me hicieron llegar ese registro", contó Álvarez Bravo.
"Intenté llevar ese trabajo a otro nivel: crear una asociación de familiares de cubanos desaparecidos. Sin embargo, en el momento que concebí la idea no tuve en cuenta el miedo enraizado en el corazón de este pueblo. Un fallo grave de mi parte no tener en cuenta que ese miedo podía ser tan determinante. Muchos familiares de los desaparecidos se negaban a abordar el asunto fuera de su dolor personal, de su ámbito doméstico".
Por su parte, el Ministerio de Justicia (MINJUS) le negó la legalización de la asociación, bajo el pretexto de que las leyes cubanas no reconocen una organización con ese tipo de perfil.
'¿Sabremos algún día la verdad?'
Coincidiendo con el criterio de que hablar sobre personas desaparecidas es altamente sensible, un recién graduado en Derecho opinó que negar la existencia de desapariciones "forma parte de la mitología revolucionaria cubana".
"Ese miedo de los familiares no está condicionado por el hecho de que los desaparecidos tuviesen relación con asuntos políticos, sino porque en nuestro país cualquier tema que afecte la imagen del Gobierno es politizado por las propias autoridades", agregó el abogado. "Esos familiares temen por su propia suerte".
En el informe del Comité Cubano Pro Derechos Humanos a la sesión 56 de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se incluyó la denuncia de Yolanda Ibáñez sobre la desaparición de su padre, Carlos M. Ibáñez, quien participó en la insurrección campesina del Escambray contra el Gobierno de Fidel Castro.
La denuncia de Yolanda Ibáñez contemplaba el testimonio de varios familiares de desaparecidos, que llevaron a cabo gestiones e indagaciones en Trinidad y fueron acusados de peligrosidad antisocial. Varios terminarían encarcelados.
"Para el Gobierno, hablar de personas desaparecidas sería embarazoso, desagradable y el empeño político es arrojar un manto de silencio sobre ese asunto", coincidió Dora Emilia Rodríguez, exfuncionaria de una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, que aseguró conocer tres casos de familias con parientes desaparecidos.
"¿Sabremos algún día la verdad o le echarán la culpa, llegado el caso, a la ineptitud de las investigaciones policiales?", fustigó Rodríguez.
Organizaciones como Archivo Cuba, institución con sede en Miami que incluye el proyecto Verdad y Memoria, buscan documentar los casos de víctimas del Gobierno cubano en casi seis décadas en el poder, aunque reconoce que las cifras solo pueden ser aproximadas.
En diciembre de 2016 un reportaje de la BBC Mundo reconocía que ni siquiera la ONU conservaba un registro específico sobre las denuncias de desapariciones y que el Gobierno en la Isla no ofrece informes al respecto. Señalaba el reportaje que una aproximación certera solo sucedería con la creación de una Comisión de la Verdad.
"Pero no solo habría que contabilizar la desaparición de personas adultas, sino también la de recién nacidos", atajó la artista Lucía Corrales en referencia a varios reportajes publicados en el medio independiente Cubanet, en abril de 2014, sobre desapariciones de recién nacidos en hospitales cubanos.
"La voluntad política del Partido, de no permitir la divulgación de casos de personas desaparecidas, se evidencia en que la televisión no permite informar de estos sucesos, a excepción de ancianos con problemas mentales", subrayó Corrales.
La familia de Beysi Moraima Pedroso Ramírez no consiguió que el oficial Canal Habana informara sobre el caso de la joven.
Los años dentro del Ministerio del Interior (MININT) no han permitido a una especialista en informática, que trabaja un departamento de criminalística, saber qué le sucedió realmente a su madre.
"Mi madre desapareció un día, hará ahorita diez años", relató la informática que no ostenta grados militares y habló bajo condición de anonimato.
"Su expediente permanece estrictamente archivado, sin tan siquiera una sola pista sobre qué sucedió con ella. Ni siquiera desde la ventaja que podría tener, por la naturaleza de mi trabajo, he podido tener esperanza de esclarecer los hechos relacionados con su desaparición", lamentó.