El pasado domingo se celebró otra farsa electoral castrista, donde los electores fueron convocados a votar por candidatos designados por el gobierno-partido-estado para diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular.
En Cuba, donde no hay libertad de expresión, asociación, elección ni actividad económica, los 605 candidatos designados por el poder central para formar parte del Parlamento, fueron declarados diputados. Ellos elegirán a su vez al nuevo Consejo de Estado y a su Presidente, a propuesta del poder central.
De manera que los designados por el poder central serán los que "elegirán" al nuevo poder central.
No son por tanto elecciones democráticas, sino selecciones.
Estas selecciones han generado más expectativas por el eventual cambio de Presidente del Consejo de Estado, dado el anuncio del general Raúl Castro de su retiro, pero todo el mundo sabe que el próximo Presidente del Consejo de Estado será un designado.
Éste asumirá el mando de un país con una constitución y una organización política estructuradas para el ejercicio de una dictadura por un caudillo, pero ahora con el caudillo fallecido y un designado (todo indica que será el actual vicepresidente Miguel Díaz Canel) sin carisma alguno, desconocido para la mayoría del pueblo, nacido después de 1959, desarrollado en las estructuras del Partido Comunista y el Gobierno aunque sin ninguna épica en su historial, lejos del misticismo castrista.
Esto ocurrirá cuando la economía en divisas está mayoritariamente en manos de las FAR, cuyos cuantiosos recursos no logran impactar positivamente al sector estatal que funciona con pesitos cubanos y además está corroído por una corrupción generalizada, todo lo cual ha dejado en la miseria la vivienda, la alimentación y el transporte populares, así como rebajado enormemente los estándares de educación y salud, por el desnivel de inversiones y la incapacidad del sistema de aceptar políticas alternativas al estatalismo asalariado.
A su vez, el escenario se completa con un sector privado y otro cooperativista emergentes, acosados por regulaciones absurdas y leyes tributarias excesivas, sedientos de espacios de mercado que de no abrirse podrían complicar el panorama socioeconómico y político del país.
Ya con miras a la designación del sustituto de Raúl Castro se han evidenciado señales de las divisiones creadas por el raulato al sacar de las estructuras de alto y medio nivel a miles de cuadros formados en la época fidelista y al apropiarse los militares de la economía movida con divisas.
Todas estas contradicciones pudieran ahora agudizarse.
Supuestamente, el nuevo Gobierno tendrá como mandato cumplir los acuerdos del VII Congreso del PCC, el llamado plan para la actualización del socialismo y el plan económico perspectivo hasta el 2030.
Por todo eso, lo más significativo de estas selecciones es lo que vendrá después: el nombramiento del Consejo de Ministros que va a llevar las riendas ejecutivas del país y va a trazar las nuevas directivas, pues como se sabe la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba hasta ahora ha sido un mero aprobador de los decretos del Gobierno.
De la formación del nuevo gabinete, de la calidad profesional, humana y política de sus miembros y de sus primeros pasos se podrá coligar si realmente hay alguna intención de cambio en el nuevo Gobierno. La Asamblea Nacional que hasta ahora solo ha apoyado a Fidel y a Raúl Castro, podría convertirse en un campo de discusiones, pues el factor que presionaba hacia la "unanimidad" desapareció con la muerte del caudillo.
Si en definitiva Raúl Castro y sus octogenarios compinches del Buró Político deciden retirarse a un segundo plano para velar desde allí por el cumplimiento de su legado, los herederos, además de enfrentar esas complicaciones, tendrán ante sí un gran dilema: seguir haciendo lo que hasta ahora para no entrar en contradicciones con la gerontocracia y continuar hundiendo el país y cargar con la responsabilidad, o comenzar a aplicar los profundos cambios democráticos que demanda la obsoleta estructura económica, política y social, a contrapelo de las políticas de la dirección histórica.
De la evolución de esas contradicciones y ese dilema depende el futuro inmediato de Cuba.
La oposición y la disidencia deberían prepararse, integrarse e institucionalizarse en un frente amplio democrático, para poder jugar un papel catalizador a favor de las posiciones más democráticas ante las eventuales crisis de poder previsibles y empujar en dirección a la creación de un escenario favorable a la búsqueda de un nuevo consenso nacional inclusivo que les permita interactuar y presionar para poder influir en los futuros acontecimientos.
Cuando los ex países socialistas de Europa del Este entraron en crisis, la oposición y la disidencia pudieron trabajar a favor de la democracia en la medida en que estaban mejor organizados, integrados, y contaban con apoyo internacional y en el seno de sus sociedades.