Lunes, 16 de Julio de 2018
Última actualización: 02:47 CEST
Economía

Las empresas siguen sin autonomía

(R. PEREZ DIAZ/ CARTASDESDECUBA)

Desde que el gobernante Raúl Castro comenzó a implementar la actualización del modelo económico, uno de los objetivos declarados fue aumentar la autonomía de las empresas estatales con vistas a mejorar la eficiencia de su gestión.

Por tal motivo se tomaron algunas medidas, entre ellas la flexibilización del objeto social de las entidades —es decir, que pudieran acometer otras producciones después de cumplir el encargo estatal—, así como incrementar el porcentaje de las utilidades que las empresas podían conservar a su nivel. Unido a ello, se anunció que se trabajaría para librar a los ministerios de la función empresarial, y que se dedicaran solo al trabajo estatal.

En ese contexto fueron creadas las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). O sea, un eslabón intermedio entre las empresas y los ministerios. Ya las primeras no se subordinarían directamente a los segundos, pero en la práctica ello no significó que las empresas ganaran en autonomía, pues las OSDE asumieron buena parte de la tutela que antaño les correspondía a los ministerios. Baste decir que los directores de empresas no podían aprobar sus planes anuales de producción o servicios, ni decidir en qué utilizaban las utilidades que ya no aportaban al presupuesto estatal.

Ahora acaba de anunciarse, con bombo y platillo, la promulgación de un conjunto de normas jurídicas con las cuales, según apuntó el periódico Granma en su edición del pasado 13 de diciembre, "se avanza en el perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota a las empresas de mayor autonomía".

El Decreto 335 reafirma que el sistema empresarial del país está compuesto por las OSDE, las Empresas y las Unidades Empresariales de Base (UEB). De igual forma establece que las OSDE, al agrupar a las empresas de acuerdo con sus características organizativas y tecnológicas, desarrollan sobre ellas las funciones de dirección y control.

Y veamos en qué consiste la función de dirección: vincularse con el cumplimiento de los objetivos empresariales (entre ellos, y de manera especial, con su objeto social y el encargo estatal), con la evaluación y aprobación de los planes, con los sistemas de trabajo con los cuadros, y con las actividades de investigación y desarrollo para obtener nuevos productos y servicios.

Por su parte, la función de control de las OSDE tendrá que ver con los resultados integrales de todo el trabajo empresarial, así como con el uso que se les dé a los recursos asignados por el Gobierno.

Cualquiera podría hacerse la siguiente pregunta: ¿dónde está realmente la autonomía empresarial? Porque todo hace indicar que no varía el estado de subordinación que han arrastrado. Tendrán sobre ellas un ojo que vele por que no se desvíen de su objeto social, no podrán aprobar sus planes productivos, les chequearán minuciosamente la manera en que usan los recursos asignados "desde arriba", y hasta les indicarán los nombres de las personas que deban ocupar sus puestos de dirección.

El Decreto 336 establece que las OSDE ya no se subordinarán a los ministerios, sino directamente al Consejo de Ministros. Con ello se suprime definitivamente la función empresarial de los ministerios, y en lo adelante asumirán solamente una labor metodológica —o sea, la función estatal— sobre las diversas ramas de la economía.

Esa función empresarial será asumida por las OSDE, que en la práctica se constituyen en pequeños ministerios. Podríamos aplicar aquello que reza "el mismo perro, pero con distinto collar". Los gobernantes no renuncian al verticalismo que tanto daño le ha hecho a la economía. Nuevamente, una instancia donde no se realiza la producción tutelará la gestión de los que deben crear los bienes y servicios que necesita la sociedad.