Negación, Exclusión y Represión se titula el informe sobre la situación de derechos humanos de la población afrocubana, elaborado por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR). El material debió presentarse este mes en la casa de la activista Aida Valdés. No fue posible porque estamos en tiempo de "elecciones", así dijeron agentes de la Seguridad del Estado a los miembros del CIR Juan Antonio Madrazo Luna (coordinador nacional) y Marthadela Tamayo.
El informe permanece desconocido para la mayoría de la población cubana, particularmente la afrocubana, que debería poder evaluar su contenido.
¿Qué leerán quienes tengan acceso al documento?
"Los negros viven en peores casas, tienen los trabajos más duros y menos remunerados y reciben entre cinco y seis veces menos remesas familiares en dólares que sus compatriotas blancos". Esto no es una afirmación del CIR, sino parte de la respuesta de Fidel Castro, al periodista Ignacio Ramonet en 2006.
Casi cinco décadas después de haber declarado el fin del racismo en Cuba, el gobernante se veía obligado a reconocer que "la Revolución, más allá de los derechos y garantías alcanzados para todos los ciudadanos de cualquier etnia y origen, no ha logrado el mismo éxito en la lucha por erradicar las diferencias en el status social y económico de la población negra del país".
Aunque Negación, Exclusión y Represión reconoce las transformaciones emprendidas por la Revolución en pos de lograr la igualdad, demuestra que fue prematuro anunciar el fin del racismo en 1962.
Este informe pone de manifiesto la marginación de la población afrocubana en las esferas económica, política y social. La actualización del modelo económico (que no incluye actualizar el modelo político) ha brindado nuevas oportunidades para mejorar la economía de los ciudadanos, pero también ha implicado la profundización de desigualdades que dejan en clara desventaja a los afrocubanos.
"La población afrocubana ha sido excluida de los principales escenarios de movilidad laboral; como lo muestran varios estudios realizados por instituciones oficiales. Estos hallazgos se contradicen con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que argumentan que no hay diferencias significativas según color de piel en cuanto a indicadores económicos", señala el documento.
"Las 'nuevas oportunidades' demandan condiciones que no tiene la población afrocubana, cuyas mayorías no cuentan con capital para iniciar emprendimientos y enfrentar las incertidumbres y los retos de la economía (…) no cuenta ni con bienes muebles e inmuebles (viviendas, automóviles) adecuados para desarrollar las actividades económicas que ahora permite el Estado", afirma el CIR.
Las instituciones oficiales citadas son el CITMA, el Instituto Cubano de Antropología, el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y el Instituto de Genética.
El CIR analiza hasta qué punto pueden afrocubanas y afrocubanos realmente ejercer cada uno de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que el Estado cubano es signatario. Muchos podrían argumentar que varios de estos derechos le son restringidos a toda la población cubana, como los de libertad de expresión y opinión, libre asociación y reunión con fines pacíficos, y a la libre sindicalización. Pero uno de los mayores aciertos del informe es mostrar cómo estas restricciones impactan de manera específica a la población afrodescendiente de Cuba.
El informe está respaldado por una base de datos con 145 casos de violaciones de derechos humanos a afrocubanas y afrocubanos.
¿Una confrontación con el Estado?
Pese a que el CIR analiza de manera crítica tanto la situación de derechos humanos de la población afrocubana, como las respuestas institucionales a esta realidad, no persigue enfrentarse al Estado. Su objetivo es que este tomen en cuenta sus análisis y recomendaciones para cumplir los compromisos que ha adquirido La Habana a nivel internacional para erradicar el racismo y promover el debate sobre el tema.
Más que una confrontación, el Estado debería ver la posibilidad de trabajar con la sociedad civil por el objetivo común de eliminar la discriminación racial en Cuba, por encima de las diferencias ideológicas que puedan existir.
El Estado cubano afirma trabajar con organizaciones de la sociedad civil para la eliminación del racismo. Pero el acoso y las restricciones experimentadas por los activistas antes, durante y tras la elaboración de este informe, así como la falta de reconocimiento legal a muchas organizaciones, evidencian que el Gobierno continúa subordinando el tema racial a la Revolución y los fines de la sociedad socialista. Históricamente, esto solo ha contribuido a invisibilizar el problema y estigmatizar a quienes lo abordan.
La persistencia de las disparidades raciales fue reconocida por el propio Fidel Castro. Su hermano Raúl Castro, en conferencia de prensa en marzo de 2016, durante la visita del entonces presidente estadounidense Barack Obama, admitió que en Cuba no se cumplen todos los derechos humanos. ¿Esto no señala la necesidad de una sociedad civil que vele por el respeto a los mismos?
No solo al informe del CIR deberían tener acceso todos los cubanos, particularmente los de origen africano y sobre todo en las comunidades marginadas donde trabajó el CIR, sino también al informe de La Habana al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Gobierno debería promover que ambos sean examinados y debatidos por el pueblo, con absoluta libertad y sin miedo a represalias.