Martes, 24 de Octubre de 2017
09:25 CEST.
Huracán Irma

Irma: severidad, derechos y garantías

Con el devastador paso del huracán Irma por la Isla ha quedado claro que, para la élite militar en el poder, dos de sus prioridades son recuperar las instalaciones turísticas —principal fuente de ingreso del conglomerado GAESA— y el enfrentamiento a los hechos delictivos que tuvieron lugar en algunas tiendas estatales tras las inundaciones costeras.

La vicefiscal general del régimen, Yamila Peña Ojeda, lo ha dejado claro: "seremos severos ante conductas de indisciplina, acaparamiento, especulación y actividades económicas ilícitas". Se ha informado también de 35 procesos penales abiertos por hechos delictivos relacionados con el paso del ciclón.

En un reporte de la televisión estatal se hace mención a estos sucesos, aunque de manera general y sin dar detalles de cuántos y qué objetos fueron robados, de qué manera, cuántas personas están involucradas, etc. En el reporte solo se entrevista a miembros de los cuerpos represivos. En ningún momento se recoge la versión de ninguno de los acusados.

La inexistencia de un estado de derecho y de un poder judicial independiente hace prever que, en esta nueva redada gubernamental, las garantías y el respeto al debido proceso contra los encausados, como es práctica común en el sistema judicial cubano, serán violentados. También, que se aplicarán a rajatabla las máximas penas recogidas en el Código Penal.

La defensa de los encartados jugará un papel decorativo en los juicios. El rol de sus defensores quedará reducido —en la mayoría de los casos— a solicitar a los tribunales alguna rebaja de condena en medio de un ambiente donde la presunción de inocencia se considera sacrilegio. 

Varios administradores de tiendas y centros estatales que fueron víctimas de saqueos y hurtos —se ha dicho— también serán juzgados por negligencia laboral. Sin embargo, en estos procesos se pasará convenientemente por alto las limitaciones de transporte y logística que existen para evacuar muchos de los productos en venta, problema que se le escapa a los directivos.

No se hablará tampoco, obviamente, de un factor subjetivo pero muy importante: al no ser dueños de los bienes, los administradores no pusieron suficiente empeño en protegerlos y —claro está— no previeron el efecto de las aguas. Ahora conocerán la mano firme e inapelable de la ley castrista. 

La ofensiva anunciada recuerda a muchos la operación Coraza, cuando el difunto Fidel Castro llamó a inicios de la pasada década a eliminar las crecientes manifestaciones de un incipiente mercado de tráfico y consumo de drogas. Dicha operación, realizada con celeridad y total improvisación, conllevó a un cúmulo de violaciones y arbitrariedades de las autoridades en su inútil intento de imponer la ley. Muchas personas inocentes fueron detenidas y privadas de libertad, o cumplieron penas excesivas, no acordes a su participación en los supuestos delitos. Uno de los objetivos no declarados de esta operación era el intento de limpiar la imagen exterior del régimen.  

Irma no solo ha traído muertes e incalculables daños económicos para la deprimida economía del país, sino que llevará a muchos a la cárcel y no sabremos —en la mayoría de los casos— si los derechos inalienables de estas personas han sido vulnerados por un poder avasallador.

VÍDEOS: La furia del huracán Irma en Cuba

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Las autoridades comienzan a calcular los daños, que serán cuantiosos en todo el país, sobre todo en viviendas.

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