Los gobernantes cubanos argumentan que todas las decisiones importantes que se toman en el país son consultadas previamente con las masas, y de esa manera se pone de manifiesto la democracia participativa, tan alabada por la propaganda oficial.
En ese contexto, durante los años 1993 y 1994, cuando arreciaban las penurias que padecía la población en el apogeo del Período Especial, las autoridades convocaron a unos "parlamentos obreros" con el supuesto objetivo de que los trabajadores propusieran el camino a seguir para que el país saliera de la crisis.
Por supuesto que nadie se creyó lo del protagonismo obrero durante aquellas reuniones. La decisión de adoptar algunos mecanismos pro mercado para paliar la debacle había sido acordada por la cúpula del poder, y esos "parlamentos" solo sirvieron para palpar el estado de ánimo de la población.
Entre esos mecanismos figuraba la readmisión del trabajo por cuenta propia, con la correspondiente promulgación de una ley tributaria para que esos cuentapropistas, al igual que las entidades estatales, comenzaran a pagar diversos impuestos al presupuesto estatal.
Aunque la referida ley tributaria contemplaba también el pago de impuestos por los ingresos personales de los trabajadores de las empresas estatales, el discurso oficial siempre ha manifestado que en ese momento se tomó en cuenta el sentir de los colectivos laborales, en el sentido de no aplicar el referido impuesto mientras los salarios que pagara el Estado estuviesen deprimidos.
Entonces, si se fuese consecuente con la susodicha democracia participativa, hubiese correspondido ahora otra consulta popular para dar luz verde a dicho impuesto. Sin embargo, no ha sido así.
Por una decisión gubernamental, contenida en la Resolución 261 del Ministerio de Finanzas y Precios, del pasado mes de julio, desde este mes de septiembre los trabajadores de las empresas estatales, siempre y cuando perciban ingresos adicionales a su salario escala, deberán abonar la contribución especial a la seguridad social y el impuesto por los ingresos personales.
En un primer momento, la contribución a la seguridad social será pagada por aquellos trabajadores con un ingreso mensual superior a los 500 pesos (unos 20 dólares), mientras el impuesto por ingresos personales corresponderá a aquellos que perciban mensualidades superiores a los 2.500 pesos (unos 100 dólares).
Si tenemos en cuenta que el salario medio mensual del país es de 779 pesos, es abusivo gravar ingresos por debajo de ese indicador si consideramos el resto de los descuentos por nómina que sufren los trabajadores, y la actual carestía de la vida.
Por ejemplo, a un trabajador que gane 500 pesos es muy probable que le descuenten 56 pesos por el refrigerador chino que el Gobierno obligó a comprar hace varios años. Si recibió materiales de construcción para reparar su vivienda, podrían descontarle otros 50 pesos. Y ahora, al aplicarle el 5% de gravamen por la seguridad social, le quitarían 25 pesos. Al final del mes su salario real ascendería solamente a 369 pesos (unos 15 dólares).
Bueno, ¿y qué papel pinta en todo esto la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que al menos en teoría es la encargada de velar por los intereses de los trabajadores? Simplemente se ha limitado a dar seminarios para explicarles a los trabajadores la "conveniencia" de que se apliquen en este momento los referidos impuestos. Ya veremos en los próximos meses a su secretario general, Ulises Guilarte De Nacimiento, recorrer la Isla para continuar con esa triste encomienda.
Para su consuelo, él no habría sido el único en hacer algo parecido. En 1973 le tocó a Lázaro Peña desandar el país para "convencer" a los trabajadores de que renunciaran a la Ley 270, que garantizaba, a los obreros comprometidos con el Gobierno, la jubilación con el 100% del salario. El viejo Peña consumió sus últimas energías y pudo anunciar en el XIII Congreso de la CTC, en noviembre de ese año, la derogación de la Ley 270. Pero ya en marzo de 1974 era cadáver.