Martes, 12 de Diciembre de 2017
11:12 CET.
Propiedad

Nicaragua: democracia y reclamaciones de propiedad

En los años 80 y 90 del siglo pasado, los conflictos políticos influyeron en el nexo de unión entre el poder político y la posesión de propiedades en Nicaragua. Durante las cuatro décadas anteriores, la dinastía Somoza había hecho uso eficaz de su poder político-militar para hacerse de hasta el 20% de las tierras cultivables de la nación. Cuando el  Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder en 1979, el nuevo gobierno confiscó de inmediato todas las propiedades de Somoza Debayle y sus parientes cercanos y asociados.

El FSLN continuó transfiriendo activos de propiedad privada a diversas formas de explotaciones estatales y colectivas durante su gobierno en la década del 80. A principios de la década siguiente, el FSLN fue vencido por una coalición política que incluía un sector privado resuelto a devolver las propiedades a sus dueños anteriores. Varios negocios y residencias fueron devueltos a sus dueños. Sin embargo, muchos de los beneficiarios de la transformación sandinista mantuvieron sus ganancias inmobiliarias, y en la mayoría de los casos el Estado pagó una compensación a los propietarios anteriores en forma de bonos de Estado a largo plazo.

Los acuerdos de transición de 1990, negociados entre el FSLN y la coalición recién elegida, previeron una ruptura decisiva con el pasado. El Gobierno autoritario sería sustituido por una democracia constitucional y elecciones periódicas y libres mercados sustituirían a las disposiciones económicas impuestas políticamente. Las relaciones de la propiedad operarían en el marco del Estado de derecho en lugar del desenlace habitual de "el ganador se lo lleva todo". Esta nueva oferta pluralista, esta tolerancia por los intereses esenciales de la oposición —un modelo de inclusión y adaptación en lugar de otro de exclusión y represión— ayudaría a crear las bases para una nueva política más democrática.

Las alteraciones de los derechos de propiedad en los años 80 y 90 contribuyeron a la política democrática en Nicaragua de tres formas principales.

En primer lugar, la revolución sandinista eliminó las bases económicas de la dinastía Somoza, que, junto con la desarticulación de la Guardia Nacional, dominada por los Somoza, fueron probablemente condiciones necesarias para el surgimiento de políticas democráticas más saludables.

En segundo lugar, la reforma agraria del FSLN dio paso a un ámbito rural sin duda más democrático, creando una distribución relativamente igualitaria de las tierras cultivables y aumentando el peso de las explotaciones familiares de tamaño medio.

En tercer lugar, durante la restauración de 1990 se permitió a los sandinistas mantener la posesión de muchas propiedades. Este resultado conciliador ayudó a transformar a una generación de jóvenes rebeldes en familias orientadas a los negocios con participación en unas reglas más estables del juego y en libertades económicas si no políticas.

La política en las relaciones de propiedad

Durante los años de los Somoza las empresas que no fueron simplemente requisadas debían acomodarse a sus intereses comerciales. Esto podía implicar el pago de "comisiones" formales o la realización de traspasos de dinero "por debajo de la mesa", el ofrecimiento de acciones de la empresa,  y/o un acuerdo para evitar la competencia directa con los Somoza. La familia Somoza y sus asociados orquestaron hábilmente la combinación sinérgica de restricciones al comercio y monopolios locales para garantizar unos beneficios generosos y seguros en sus empresas. La policía de los Somoza, la Guardia Nacional, sirvió como un instrumento listo para intimidar a quienes se atrevían a resistirse a los objetivos del negocio de la cleptocracia gobernante.

A mediados de la década del 70 las vastas propiedades de los Somoza incluían enormes granjas ganaderas y plantaciones de café, industrias productoras de textiles, productos lácteos, papel y fertilizantes, cemento y otros materiales de construcción, así como intereses en una amplia variedad de medios de comunicación, servicios públicos, y transporte, incluyendo las líneas aéreas nacionales. Estas propiedades proporcionaron una base sólida para el aumento constante de riqueza y poder político.

Cuando un poderoso terremoto devastó la capital, Managua, en diciembre de 1972, Anastasio Somoza Debayle (hijo de Somoza García) desvió visiblemente gran parte de las donaciones extranjeras en beneficio propio y el de su séquito. Manifiestamente arrogante y políticamente insensible, Somoza Debayle también estableció un banco familiar, Banco de Centroamérica, que comenzó a competir directamente con intereses bancarios ya existentes que se encontraban asentados en el núcleo de otros grupos de empresas de la familia. Mientras que el sector privado mantuvo su rentabilidad debido a la economía creciente, sus líderes estaban cada vez más irritados por el ataque de competencia desleal del cada día mayor imperio público-privado de Somoza.

En enero de 1978, Somoza Debayle ordenó el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el dirigente de la oposición y dueño del diario nacional más influyente, La Prensa, cuyas columnas habían servido para denunciar firmemente la corrupción del régimen, el amiguismo y la brutalidad. Con la creciente indignación pública y presintiendo que el final se acercaba, el sector privado no asociado directamente con los Somoza, y que durante décadas había buscado cuidadosamente acomodar los intereses de la familia Somoza, comenzó a oponerse al régimen abiertamente. Muchos capitalistas se unieron a una huelga general contra el Gobierno, y algunos incluso financiaron la concentración de la insurrección armada. Muchos hijos de las élites empresariales vincularon su suerte a la de los rebeldes sandinistas. Disfrutando de un amplio respaldo a nivel doméstico e internacional, el FSLN encabezó un levantamiento popular y expulsó por la fuerza a la familia Somoza del poder en julio de 1979.

Entre los primeros actos del nuevo gobierno dominado por los sandinistas estuvo la confiscación de las propiedades de Somoza Debayle y sus colaboradores más cercanos o secuaces (allegados). El primer decreto del Gobierno de Reconstrucción Nacional pidió la extradición de la familia Somoza y sus allegados por "enriquecimiento ilícito". El Decreto 3 ordenó "la intervención inmediata, requisa y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza ", así como los de los funcionarios militares y gubernamentales asociados. El Decreto 38 amplió el mandato judicial a "activos y empresas de los colaboradores más cercanos al somocismo," sin clarificación alguna sobre qué individuos podrían entrar dentro de esta categoría.

El rechazo del régimen de Somoza era tan generalizado que la expropiación de propiedades del régimen poseía un gran atractivo, incluso entre aquellos que no albergaban inclinaciones socialistas. En la década del 90, hasta la coalición que había derrocado a los sandinistas aceptó la legitimidad de los decretos 3 y 38, y como parte de su política no propuso la devolución de las propiedades confiscadas bajo el mandato de esas autoridades (aunque algunas reclamaciones fueron finalmente compensadas). La familia Somoza había acumulado su riqueza no principalmente a través de la iniciativa empresarial superior ni mediante la asunción de riesgos, sino más bien a través del aprovechamiento injusto de su influencia política; por lo tanto, era perfectamente legítimo que el Gobierno sandinista deshiciera con firmeza esa labor.

Medidas posteriores autorizaron las expropiaciones de tierras que se encontraban abandonadas, desocupadas o infrautilizadas (a través de diferentes medidas específicas tales como cabezas de ganado por manzana). En 1990 la reforma agraria sandinista había afectado a más de 3 millones de manzanas, cerca de la mitad del total de tierras de labranza según consta en el censo de 1971.

El Gobierno sandinista perdió las elecciones de 1990 frente a una coalición de oposición que prometía el restablecimiento de los derechos de propiedad privada. Se ha escrito mucho acerca de la infame "Piñata" sandinista, de las leyes 85, 86, y 88 promulgadas a toda prisa por la ya acabada Asamblea Nacional en el interregno entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno.

A través de estos actos legislativos los dirigentes y militantes del FSLN se apropiaron de propiedades y autorizaron que estas fueran legalmente registradas. El gobierno saliente emitió títulos de propiedad rápidamente  para sandinistas, ocupando tierras de labranza expropiadas. Los ministerios también facilitaron la venta de dichos terrenos a precios muy bajos a los sandinistas que se estaban beneficiando de información privilegiada y de capital suficiente para aprovechar el momento. No sin razón, el FSLN calculó que una vez que la victoriosa oposición política tomara posesión haría algo similar, pero en beneficio de sus seguidores, incluyendo a las personas con un alto patrimonio neto que regresaban después de su exilio en Miami. Una vez más, las maquinaciones políticas y los favoritismos oficiales condujeron a la asignación de los derechos de propiedad.

La restauración capitalista y la resolución de reclamaciones de propiedad

Varios miembros de la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición que ganó las elecciones de 1990, deseaban revertir las reformas agraria y urbana del FSLN, de forma exhaustiva y si era necesario, mediante el uso de la violencia, Sin embargo, el equipo alrededor de la presidenta Violeta Chamorro optó por otro camino, que era más coherente con su personalidad y filosofía políticas y su lectura del balance existente entre las fuerzas políticas en ese momento. Ellos buscaron un término medio para satisfacer a tantos protagonistas como fuera posible, con el objetivo primordial de la reconciliación nacional y la paz social y, en última instancia, la estabilidad del orden democrático emergente que era tan difícil de alcanzar en la historia de Nicaragua.

El yerno de Chamorro, Antonio Lacayo, actúando como su jefe de gabinete y principal negociador con los sandinistas, compartía estrategias políticas similares: "Insistimos en la búsqueda de una posición de equilibrio centrista entre los intereses políticos de dos fuerzas que se consideran enemigas, y entendemos que no podemos ponernos del lado de cualquiera de ellos. Nuestros intereses son los de la nación, no los de cualquiera de las partes".

Lacayo fue severamente criticado por los miembros más agresivos de su coalición de gobierno, pero él respondió que el FSLN era todavía demasiado poderoso políticamente para ser excluido y aplastado. En los últimos años, muchos de los que habían criticado a Lacayo llegaron a aceptar la sabiduría de su realismo político.

Por su parte, un equipo de la ONU negoció un protocolo de transición con los líderes sandinistas. La preferencia del FSLN era mantener como estaban los traspasos de propiedades casi en su totalidad y dejar en manos del Estado el pago de compensaciones, en beneficio evidente de sus electores. La transición negociada adoptó una postura intermedia que proveía la restitución de propiedades si se daban ciertas condiciones, pero a su vez acordaba no revertir la confiscación de las propiedades de la familia Somoza (en virtud de los decretos 3 y 38), ni tampoco el desalojo masivo de beneficiarios durante la década en que los sandinistas ostentaron el poder.

En el importante Decreto-Ley 11-90 (artículo 12) el Gobierno de Chamorro definió las diversas razones por las que la propiedad no podía ser devuelta a sus dueños originales: "... por razones de la reforma agraria o porque las propiedades están ocupadas por pequeños agricultores o cooperativas que cumplen con una función social y económica, o han sido repartidas por el Estado para resolver problemas de vivienda de personas sin recursos o porque materialmente la restitución sería imposible".

Posteriormente, en el Decreto 51-92, el Gobierno explicó con más detalle por qué no buscaba revocar la reforma agraria, sino que más bien estaba inclinándose hacia la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma:  "(Considerando) que esta solución integral contribuirá al desarrollo económico y al bienestar de todos los nicaragüenses al asegurar la estabilidad social y el establecimiento de un régimen de propiedad ordenado; y es la voluntad del Gobierno, dentro de sus limitaciones económicas y financieras, compensar a todos los reclamantes que recibieron un reconocimiento favorable de su derecho a obtener una indemnización por parte de la Comisión Nacional de Revisión".

La referencia a la limitación de las compensaciones "dentro de sus limitaciones económicas y financieras" de la Tesorería del Gobierno parecía dar prioridad a la salud fiscal del Estado en posible detrimento de las revisiones de la propiedad privada. Esta jerarquía de valores sociales suponía una alteración revolucionaria de las normas del derecho internacional y de la diplomacia internacional de EEUU.

En la práctica, los nicaragüenses concedieron indemnizaciones evaluando caso por caso, sin aparente referencia a las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, el pago no se realizó en efectivo, lo que hubiera supuesto una pérdida inmediata de los recursos fiscales, sino a través de bonos a largo plazo de entre 15 y 20 años de duración, para la profunda decepción de muchos demandantes de propiedad. Puesto que el valor de estos bonos en el mercado secundario se derrumbó a mediados de la década del 90, si dicha compensación fue rápida y efectiva pasó a ser un asunto a debatir.

En forma de crítica, los acuerdos de transición incluían disposiciones para proporcionar tierras a las tropas desmovilizadas que habían combatido en ambos lados durante la guerra civil. El ejército sandinista fue reducido rápidamente de alrededor de 100.000 a 12.000 soldados, y muchos de estos excombatientes fueron recompensados con 65.000 propiedades (75.000 manzanas), mientras que aquellos soldados desmovilizados que lucharon en la contra recibieron 74.000 propiedades (88.000 manzanas). Las principales fuentes de las que provenían estas asignaciones eran propiedades que los sandinistas habían expropiado a la familia Somoza y a sus aliados y que habían sido mantenidas en forma de granjas administradas por el Estado. En ese sentido, Nicaragua tuvo suerte de tener tierras disponibles fácilmente para poder distribuir entre los excombatientes.

Aunque muchos de estos excombatientes fracasaron como agricultores y tuvieron que vender sus tierras recién adquiridas, al menos, no fueron olvidados durante las secuelas de la guerra civil.

Tres problemas cruciales: títulos, evaluaciones y transparencia

En los procedimientos de resolución de reclamaciones de propiedad de la década del 90 Nicaragua se enfrentó a tres difíciles problemas que han estado presentes en otros países durante la normalización de las relaciones de propiedad después de un conflicto: 1) superación del caos causado por las deficiencias administrativas y legales en los registros oficiales de los títulos de propiedad; 2) selección de una metodología para asignar valores monetarios a las propiedades expropiadas; y 3) proporcionar la suficiente transparencia en la resolución de las reclamaciones de tal manera que el interés público esté protegido y la población tenga confianza en la integridad del proceso democrático.

En Nicaragua los registros de propiedad siempre se habían mantenido de manera inconsistente. Con la precipitación durante las reformas agrarias masivas de la década del 80, a muchos de los beneficiarios no se les entregaron títulos definitivos ni escrituras y muchos títulos provisionales carecían de levantamientos topográficos precisos. Además, los títulos otorgados durante la Piñata de 1990 fueron a menudo objeto de conflicto. En este caos administrativo surgieron muchos casos de terrenos con múltiples títulos, y los títulos completamente inventados eran habituales. Por lo tanto, muchos demandantes de propiedad fueron capaces de disputar los títulos presentados por los ocupantes que afirmaban ser los dueños legales.

En respuesta a estos retos, el establecimiento de la infraestructura administrativa de un régimen viable de derechos de propiedad era crítico, tanto para frenar conflictos sociales como para crear mecanismos de mercado eficientes para la compra y venta de terrenos y otros activos.

Aproximadamente una cuarta parte de las reclamaciones de propiedad se resolvió en favor de la restitución (o la provisión de tierras de valor similar); la mayoría restante de los demandantes recibió una compensación económica. ¿Pero cómo realizar una valoración de las tierras durante un período de conflicto cuando los valores habían fluctuado ampliamente?

Las valoraciones de propiedad son tal vez el tema más espinoso en las indemnizaciones tras las nacionalizaciones. La permeabilidad del proceso de liquidación de las reclamaciones hacia grupos de presión e influencia política, la voluntad de las autoridades nicaragüenses de utilizar metodologías favorables a los reclamantes, y las presiones de EEUU ejercidas en nombre de los ciudadanos estadounidenses, contribuyeron al aumento de las compensaciones que superaron con creces las expectativas iniciales. A finales de 2013 más de 1.200 millones de dólares en bonos de indemnización (Bonos de Pago por Indemnización, BPI) habían sido emitidos por el Gobierno nicaragüense. Inicialmente, el valor de estos bonos cayó drásticamente en los mercados secundarios, pero como distintas administraciones —de derecha y de izquierda—  mejoraron la reputación de Nicaragua en cuanto a fiabilidad, mediante un estricto control para mantenerse al corriente en sus pagos, el valor de los bonos se elevó luego al 80% de su valor nominal.

La falta de transparencia en el proceso de indemnización contribuyó a la creciente carga de la deuda. El Gobierno publicó los datos sobre las emisiones totales de bonos de indemnización, pero las cantidades de las indemnizaciones individuales no se hicieron públicas. Tampoco las autoridades emitieron directrices claras sobre sus diversas metodologías y el razonamiento subyacente, en su aplicación a cada caso particular. Al avanzar la reconciliación nacional, los resultados de las resoluciones sobre la propiedad ayudaron a sentar las bases de un régimen democrático, pero los procedimientos opacos representaban una continuidad con las prácticas nicaragüenses más tradicionales.

Reclamaciones de ciudadanos de EEUU

Contrariamente a la mitología común, los intereses económicos de EEUU en Nicaragua en el momento de la revolución sandinista no eran extensos, de tal manera que un enfoque caso por caso tal y como planteaban las autoridades nicaragüenses para resolver las reclamaciones individuales de EEUU parecía factible. De hecho, solo 269 ciudadanos de EEUU, que eran ciudadanos estadounidenses en el momento en el que se les expropió su propiedad, registrarían reivindicaciones.

El gobierno entrante de Nicaragua mantenía estrechos vínculos con Washington y parecía dispuesto a tratar directamente y sin demora las reclamaciones de EEUU. Y las resoluciones caso por caso llevadas a cabo por parte del Gobierno de Nicaragua permitieron la compensación a través de bonos a largo plazo, evitando así un impacto negativo a corto plazo sobre las finanzas de la nación.

Por su parte, EEUU no se encontró en posesión de cantidades sustanciales de activos financieros nicaragüenses congelados para su uso en dichas transmisiones bilaterales, como había ocurrido en algunos casos en otros países, entre ellos el éxito de la liquidación de las reclamaciones con Vietnam en 1995. Pero el Gobierno de EEUU no anticipó cómo el proceso alternativo de las resoluciones caso por caso por parte del Gobierno nicaragüense iba a verse tan sobrepasado por el creciente número de reclamaciones presentadas por nicaragüenses que se habían cobrado la ciudadanía estadounidense durante la década del 80 y en los años siguientes.

El derecho internacional y las prácticas legales estadounidenses prevén que el Gobierno de EEUU abogue por los nacionales cuyas propiedades hayan sido expropiadas en un momento en el que ya eran ciudadanos estadounidenses, pero no lo hace para los casos en que el individuo se haya convertido en ciudadano de EEUU con posterioridad a la expropiación. Así pues, a principios de 1990 la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de EEUU se mostraba reacia a abogar por los nicaragüenses que se habían convertido en ciudadanos estadounidenses durante los 80 mientras se encontraban exiliados en EEUU, mucho después de que sus propiedades hubieran sido requisadas.

Los defensores de estos casos incluían a abogados cubanoamericanos, deseosos de que llegue el día en el que promuevan demandas en su tierra natal. Los funcionarios del Departamento de Estado eran muy conscientes del precedente que Helms y otros representantes del Congreso cercanos a la comunidad cubanoamericana, como Ileana Ros-Lehtinen (Republicana, Florida) y Robert Torricelli (Demócrata, Nueva Jersey, y autor de la Ley de Democracia Cubana 1992), buscaban establecer. Precisamente por este motivo, los funcionarios de la administración se resistieron inicialmente a la defensa de personas con doble nacionalidad: el número de cubanoamericanos se encuentra entre los cientos de miles y podría suponer un enorme dolor de cabeza para una futura administración tratando de normalizar las relaciones con Cuba.

La Comisión de Reclamaciones Extranjeras (FCSC por sus siglas en inglés) estadounidense ha recopilado ya un archivo con 5.913 reclamaciones interpuestas por ciudadanos de EEUU, con un valor principal total de 1.900 millones de dólares al momento en el que sus propiedades fueron requisadas, para su uso en una eventual resolución de reclamaciones de propiedad. Pero no hay, para el caso semejante de los cubanos nacionalizados en EEUU que antes perdieron propiedades en su país, una recopilación así.

Sin lugar a dudas, las presiones de EEUU sobre el Gobierno nicaragüense para resolver las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses fueron un gran éxito. A mediados de 2014, las autoridades nicaragüenses habían resuelto 2.912 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses (el número de reclamaciones es superior al número de demandantes debido a que algunos demandantes hicieron más de una reclamación), y solo 154 reclamaciones de EEUU siguen pendientes de resolverse.

En suma, la revolución sandinista y la posterior restauración de una economía de mercado abierta en Nicaragua establecieron algunas de las bases para el capitalismo democrático, creando condiciones positivas tales como una estructura social más igualitaria en el mundo rural, una nueva clase de empresarios exrevolucionarios, y modos de cooperación y adaptación entre las clases propietarias. Estas condiciones pueden ser útiles o incluso necesarias para la pluralidad democrática, pero no fueron suficientes en Nicaragua. Pues el país no es inmune al atractivo del caudillo tradicional ni al populismo paternalista, especialmente cuando se combina con la organización de un partido político superior. Esta última fórmula es la que está funcionando para Daniel Ortega, quien ganó la reelección en 2011 y es probable que gane de nuevo en noviembre de este año. De manera que aún no está decidido si el frágil capitalismo democrático de Nicaragua podrá resistir los años de Ortega-Murillo.        

La lección nicaragüense

Si la historia nos sirve de guía, otros países se enfrentarán a la resolución de reclamaciones por disputas de propiedad masivas ocasionadas por agitaciones políticas. En América Latina y el Caribe, Cuba y Venezuela tendrán eventualmente que hacer frente a los conflictos de propiedad originados durante sus respectivos regímenes revolucionarios, y es probable que se produzcan después casos semejantes en otros países ¿Qué lecciones pueden extraerse de la experiencia de Nicaragua?

La experiencia nicaragüense nos recuerda que los objetivos estratégicos en un proceso de resolución de reclamaciones masivo deben ser políticos: para curar las heridas profundas de los conflictos del pasado, para sentar las bases de la convivencia democrática y la resolución pacífica de los conflictos, para no poner en peligro el equilibrio fiscal, y para obtener la confianza de los inversores y una buena reputación internacional. Estos objetivos vitales no siempre serán plenamente convergentes con el objetivo legal más tradicional, centrado en los derechos de los demandantes de propiedad. En el diseño e implementación de soluciones, mientras los demandantes tocan a sus puertas y reclaman atención, los responsables políticos no deben perder de vista los fines primordiales.

En aras de la reconciliación nacional y la paz social, la compensación económica a menudo tendrá prioridad sobre la restitución de bienes, como ocurrió en Nicaragua. Sin embargo, este tipo de soluciones tendrá un impacto sobre el balance fiscal del que deben extraerse las compensaciones, y las posibles presiones a la baja sobre las reclamaciones de indemnización serán naturalmente resistidas por los demandantes. Los mecanismos de financiación para las compensaciones, especialmente aquellos no soportados directamente por los contribuyentes, tales como donaciones internacionales o impuestos sobre transacciones internacionales, pueden aliviar algunas de estas tensiones.

Algunos antiguos propietarios pueden ser excluidos en la fase inicial, ya que Nicaragua negó la restitución o compensación a los miembros de la familia Somoza, pues se determinó que habían acumulado sus activos a través de medios ilícitos (Cuba probablemente excluiría a la familia del depuesto dictador Fulgencio Batista). Cada país decidirá si se debe excluir también a los "asociados" de los gobernantes depuestos y con qué limitaciones se define esa categoría sin excluir a las familias con derechos legítimos.

Los procedimientos de resolución de propiedad deben ser justos y equitativos para todas las partes involucradas, incluidos los demandantes cuyas propiedades fueron ocupadas (ya sean nacionales o extranjeros), los ocupantes actuales de las propiedades y los ciudadanos en general representados por el Estado. Es igual de importante que los ciudadanosperciban la justicia de los procedimientos, de tal modo que contribuyan a la legitimidad del Estado democrático, sus instituciones administrativas y judiciales, y la adherencia de los principales partidos políticos al juego limpio.

En Nicaragua, el condicionamiento de la ayuda exterior  de EEUU en la resolución de las reclamaciones de propiedad de los ciudadanos estadounidenses creó una situación por la cual un grupo de extranjeros obtuvo una influencia especial y diferenciada sobre el proceso de reclamación, en perjuicio de los ciudadanos nicaragüenses. Este desequilibrio ha violado el principio de equidad de todos los demandantes.

La eficiencia en los mercados del suelo y la vivienda requiere integridad en los títulos de la propiedad y en el registro público, lo que exige una inversión en recursos públicos. En el caso nicaragüense, los constantes problemas en relación con la fiabilidad de los títulos y registros ejercen presiones a la baja sobre los valores de la propiedad.  

En Nicaragua, los procedimientos de resolución de reclamaciones fueron extensamente percibidos como guiados en exceso por acuerdos basados en información privilegiada y por tráfico de influencias, por no llamarlo directamente corrupción. En otros sitios, las resoluciones futuras deberán garantizar una mayor transparencia y menos discrecionalidad administrativa.

Los objetivos de equidad real y percibida también requieren un tratamiento justo del ciudadano humilde. En el caso de las reformas agrarias, donde las tierras están siendo subdivididas, la supervivencia de los pequeños agricultores o cooperativas independientes puede depender de una intervención del Gobierno bien financiada, incluida la formación técnica y de gestión, el acceso al crédito y la asistencia para la comercialización. En su ausencia, y como ha ocurrido con demasiada frecuencia en Nicaragua, los pequeños agricultores o cooperativas son propensos a la quiebra económica y se ven obligados a liquidar rápidamente sus propiedades a precios desfavorables. Se les podría pedir ayuda a las instituciones internacionales de desarrollo, los donantes bilaterales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) con experiencia en ayudar a los pequeños agricultores y las empresas. Puede crearse una oficina de asistencia legal para guiar a los demandantes interesados ​​a través de los procedimientos de resolución de reclamaciones.

Otra prioridad deberían ser la objetividad y la independencia de los grupos de resolución de reclamaciones y los consejos de privatización. En Nicaragua estas entidades se encontraban ubicadas dentro de los ministerios que, como parte de la rama ejecutiva, estaban de forma inherente sujetos a la politización. En lugar de ello estas entidades deberían tener una situación administrativa autónoma, y ​​sus miembros deberían ser elegidos a través de un proceso favorable a la experiencia y la integridad, en lugar de a la lealtad política y las conexiones sociales. Para asegurar su independencia financiera sus costos administrativos podrían abordarse mejor mediante la recopilación de pequeñas tasas en cada transacción económica (es decir, reclamaciones de indemnización).

Los procedimientos de resolución de reclamaciones deberían estar diseñados para proteger el erario público. Además de las medidas de transparencia y de procedimiento antes mencionadas, los gobiernos pueden considerar establecer un tope generalizado en las compensaciones económicas y/o en varias categorías de reclamaciones (por ejemplo, en las compensaciones financieras por metro cuadrado de tipos específicos de propiedad). Cuando hay una cantidad fija de fondos para resolver las reclamaciones, dichos niveles máximos podrían ofrecer cierta protección a los reclamantes más pequeños.

Los bonos de indemnización deben ser estructurados para retener su valor de mercado, de la mejor manera posible, con el fin de evitar el colapso de los precios de los bonos como en un principio ocurrió en Nicaragua. Unos precios más firmes protegerían a los demandantes, reducirían las presiones sobre las entidades de liquidación para que ofrecieran generosos rendimientos que compensaran las disminuciones anticipadas en los precios de los bonos.

Hay una serie de medidas que pueden ayudar a mantener los precios de los bonos en los mercados secundarios: fijación de las fechas de vencimiento de los bonos a un plazo tan corto como sea posible para que la medida se mantenga compatible con la solidez fiscal; establecimiento de un fondo para atender el pago de los intereses y los vencimientos de pagos, lo que podría ser financiado a partir de varias fuentes, incluyendo la privatización de los activos estatales, las donaciones internacionales, o los impuestos sobre ciertas transacciones internacionales apropiadas para el caso de cada país en concreto, (por ejemplo, la inversión internacional o el turismo); y los derechos para el uso de bonos en casos cuidadosamente especificados, tales como la conversión de la deuda  o el pago de impuestos.

Para mejorar la solvencia crediticia política, desde el inicio, todas las principales fuerzas políticas del país podrían firmar un compromiso de cumplir con los pagos de amortización de bonos en caso de encontrarse en el poder.

Unas reglas precisas para la resolución de las reclamaciones de propiedad deben tener en cuenta las condiciones del país. En las sociedades pequeñas, donde las redes de contactos sociales son muy relevantes y cerradas, como es el caso de Nicaragua, los procedimientos desvinculados de la política y totalmente transparentes serán difíciles de alcanzar, y un mayor grado de compromiso internacional podría ser necesario para aproximarse más de cerca de una normativa saludable. Pero la supervisión internacional no debe ser tan extensa como para minar lo que debe permanecer en todo momento como objetivo estratégico: la resolución de las reclamaciones de propiedad a través de procedimientos y resultados que mejoren la credibilidad y la legitimidad del proceso democrático.  

Los procesos de compensación de la propiedad y la privatización de los negocios eran costosos para el erario de Nicaragua. Unos mejores procedimientos podrían haber reducido los costes, pero alguna de esas facturas merecía la pena pagarla, en la medida en la que ello contribuía de manera significativa a la paz social y a la estabilidad política. Los costes de los ajustes de propiedad deben ser sopesados ​​contra el dividendo de paz, difícil de cuantificar, pero no menos valioso. En el caso de Nicaragua, los 1.200 millones de dólares en bonos de compensación supusieron un precio exigido por la historia con el fin de obtener la paz en el corazón de América Central.

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Comentarios [ 2 ]

Imagen de Anónimo

Muy bueno, pero omite uno de los aspectos más importantes como fue la creación de una institución especializada en la resolución de conflictos de propiedades confiscadas por el régimen sandinista. Se llamó OOT (Oficina de Ordenamiento territorial), y fue -creo yo- la pieza clave para resolver todo el relajo que dejaron los comandantes, porque contrario a la opinión del autor yo no soy tan benevolente con ellos, porque la tal reforma agraria no otorgó títulos de propiedad a nadie, sino que fue doña Violeta quien finalmente empezó a empoderar al campesinado, al hacerlos final y legalmente dueños de las tierras que ocupaban.

Imagen de Anónimo

Me quito el sombrero. Artículo excelente y muy aleccionador sobre el pasado reciente de Nicaragua, del cual se pueden obtener valiosas lecciones sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en la futura Cuba democrática. Me parece muy acertado examinar con lupa lo que ha ocurrido en ese país, porque es el único (aparte de Cuba) en el que triunfó una revolución armada en Latinoamérica.