Las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) surgieron por el acuerdo del Buró Político del Partido Comunista que fue adoptado el 10 de septiembre de 1993 para la disolución de un elevado número de granjas estatales y de empresas agrícolas.
Primero, de las granjas cañeras se constituyeron 376 UBPC y luego, en 1994, 773 en las empresas que se dedicaban a los cultivos varios, la ganadería, el arroz, el tabaco, el café y los cítricos.
Las tierras en poder de las entidades disueltas, que ascendían a 1.677.900 hectáreas, fueron entregadas en usufructo a perpetuidad a los cooperativistas. Les fueron vendidos en condiciones ventajosas los medios de producción pertenecientes a dichas empresas estatales, y sus trabajadores pasaron a formar parte como asociados de estas cooperativas.
En dicho acuerdo se plasmaron los cuatros principios básicos en los que descansaría el funcionamiento de las UBPC:
- La vinculación del hombre al área, como forma de estimular su interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva.
- El autoabastecimiento de los asociados y sus familiares con esfuerzo cooperado, así como la mejora progresiva de las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con la atención al hombre.
- Asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada.
- Desarrollar ampliamente la autonomía de la gestión. Las Unidades de Producción debían administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo.
En correspondencia con dicho acuerdo, el 20 de septiembre de 1993 el Consejo de Estado dictó el Decreto-Ley 142, en el que se establecían las bases para la creación y funcionamiento de las UBPC y se fijaban los derechos y deberes de las mismas:
- Tendrían el usufructo de la tierra por tiempo indefinido.
- Serían dueños de la producción.
- Venderían su producción al Estado a través de la empresa o en la forma que éste decida.
- Tendrían personalidad jurídica propia.
- Operarían cuentas bancarias.
- Comprarían a crédito los medios fundamentales de producción.
- Elegirían en colectivo a su dirección y esta rendiría cuentas periódicamente ante sus miembros.
- Cumplirían con las obligaciones fiscales que les correspondiesen como contribución a los gastos generales de la nación.
Estos acuerdos del Consejo de Estado referentes a la UBPC, durante un largo periodo de tiempo fueron letra muerta para las empresas agrícolas. En su accionar los vulneraron y desconocieron, lo que llevó a que en la práctica las UBPC resultaran rehenes de esas empresas.
Esa situación se tradujo en incumplimientos reiterados de los planes productivos y el aumento de sus deudas. Todo ello se sumó a la mala dirección de sus juntas directivas.
Los asociados de las cooperativas cobraban bajos anticipos y no recibían la estimulación monetaria de fin de año.
Dadas las pérdidas registradas, centenares de esas cooperativas fueron declaradas irrentables, por lo que se decidió su disolución definitiva.
Para sacar del empantanamiento a las UBPC, romper su dependencia de las empresas agrícolas, reconocerlas como cooperativas con su personalidad y darle libertad para el acceso a los insumos sin ninguna traba burocrática, se requirió de un profundo cambio organizativo.
Gestionar por sí mismas sus diferentes objetivos, se debe traducir en una mayor eficiencia y rentabilidad.
Para materializar esos objetivos, el Consejo de Ministros puso en vigor en septiembre de 2012 el Reglamento General para las UBPC, acompañado de 17 medidas en las que quedó claro que sus relaciones entre las personas naturales y jurídicas serán sobre el principio de relaciones contractuales con las empresas, incluidas las suministradoras de insumo y equipamiento agrícola tanto del Ministerio de Agricultura como del Grupo Azucarero AZCUBA.
Dichas medidas autorizaban a las UBPC a establecer relaciones contractuales para adquisición de combustible con el Ministerio de la Agricultura y CUBALUB.
También le aprobaron la renegociación de sus deudas atrasadas con el Comité de Políticas Monetarias del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), que ascienden a un monto de 40 millones de dólares, pagaderas en 25 años, con un interés del 1,5%.
Desde la puesta en vigencia del Reglamento General y las 17 medidas, a cada una de estas cooperativas se les descontaría el 5% de sus ventas totales, dinero que se destinaría al presupuesto del Estado.
Han pasado tres años desde la puesta en vigor de la nueva política dirigida a revertir la caótica situación que presentaban las UBPC, y poco ha cambiado.
Al finalizar 2014, el saldo productivo arrojado por la gestión de las 1.754 cooperativas existentes no fue el esperado.
De la producción agrícola registrada en el último semestre, que ascendió a 2.706.300 toneladas, estas cooperativas solo aportaron 154.250 toneladas, lo que representó un 5,7% del total producido.
Los integrantes de las UBPC han atribuido ese retroceso productivo a la mala calidad de los insumos y la insuficiencia de los paquetes tecnológicos, y culparon a las empresas suministradoras que no cumplieron con los contratos, e hicieron que los recursos no llegaran en el momento en que más los necesitaban.
No se acaba de resolver la llegada a tiempo de las piezas y partes de tractores, camiones y otros equipos, lo que provoca que permanezcan largo tiempo paralizados, haciendo que gran parte de las labores agrícolas no se puedan realizar.
A cuatro meses de terminada la zafra, todavía AZCUBA no ha pagado la caña vendida a los centrales por los productores de las UBPC de Mayabeque, Matanzas, Camagüey y Holguín.
A 22 años de creadas la UBPC, luego del retroceso productivo que experimentaron y la posteriores medidas tomadas para revertir esa situación, estas cooperativas continúan atrapadas por la ineficiencia, el burocratismo y el mal trabajo de las empresas agrícolas, que son las principales responsables del estancamiento en que se encuentra la agricultura cubana.