Domingo, 25 de Septiembre de 2016
22:35 CEST.
Agricultura

Tierras en cultivo, en conflicto

El Decreto-Ley 300, aprobado por el Gobierno cubano, entrega  tierras estatales ociosas en usufructo a quienes estén dispuestos a hacerlas producir. También abre la posibilidad de extender el área otorgada hasta 67,10 hectáreas (5 caballerías) para los arrendatarios. Estos deben estar vinculados a Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

Este vínculo se basa en el supuesto de que los usufructuarios podrían acceder a insumos y servicios, además de comercializar sus producciones. Hasta hace un tiempo, esta relación solo podía establecerse con las monopólicas Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS). A primera vista es evidente la disfuncionalidad del sistema. Por una parte, se pretende que los campesinos hagan producir la tierra. Por otra, la mafia alimentada durante décadas de monopolio estatal en la agricultura sigue ejerciendo el poder.

Quien escribe estas líneas  tuvo la oportunidad de recorrer algunas zonas agrícolas en las provincias de Mayabeque y Artemisa. De acuerdo a la antes mencionada Ley 300, no se  le pueden quitar las tierras a ningún  arrendatario o parcelista agrícola siempre que estos las cultiven. El propio Gobierno tiene la obligación de  atenderlos: debe facilitar maquinarias e insumos agrícolas, para que  produzcan lo acordado en los contratos.

Pero la realidad concreta dista bastante de ser idílica. 

En el municipio artemiseño de Bauta, un arrendador contó su odisea bajo condición de anonimato. " Me quieren quitar la tierra, y no pueden según lo establecido. Pero ni ellos mismos respetan la Ley 300. Un funcionario de la Agricultura en Artemisa cerró mi caso sin evaluarlo con una comisión. Hay mucho dinero de por medio", dice.

La parcela está en óptimas condiciones y lista para producir. Es evidente que la siembra dará buenos frutos.

"Hay varios burócratas en la sede de la Agricultura de  Bauta confabulados", añade el arrendador. "Ven que uno logra en el surco lo que ellos como Gobierno no pudieron hacer en años. Entonces vienen a querer a quitarte el fruto para dárselo a la gente de su clan. Mis tierras producen yuca, mangos, plátanos, aguacate. He aportado mercancías durante 7 años a los agros municipales, a los Círculos Infantiles y Hogares de Ancianos".

En la ciudad de Artemisa,  en las oficinas locales del Ministerio de la Agricultura, un funcionario perteneciente a  la Oficina de  Atención a la Población, declaró bajo condición de anonimato: "A diario llegan casos de abuso de poder en contra de los arrendatarios. En la oficina se recogen los informes y los expedientes de los parcelarios para su evaluación".

El funcionario añadió: "Hay un divorcio entre la letra de la ley y la práctica. Falta claridad en las garantías jurídicas que deben tener los arrendatarios respecto al Estado. Eso da pie a todo tipo de violaciones de sus derechos. Pero aun así, nadie tiene el poder de quitar tierras a nadie. Los funcionarios que lo hacen están violando la Ley 300".

En Caimito, los arrendatarios de tierras tienen que  producir para cumplir su compromiso con el Estado y luego intentar obtener ganancias con el excedente.

"Aquí el Gobierno local no cumple con la entrega de los insumos que prometió", declaró un arrendatario que pidió se omitiera su nombre. "La mayoría de nosotros tenemos a trabajadores en nuestras fincas, contratados ilegalmente. El dinero que dan para pago de salarios no alcanza y falta mano de obra."

Hay un  clamor generalizado entre la mayoría de los campesinos entrevistados: se dificulta el transporte para el traslado de la mercancía. Muchas veces se echa a perder. Sin embargo, a pesar de todos los sinsabores, todavía se percibe esperanza en que la Ley 300 se cumpla a cabalidad. Los arrendatarios de tierras confían en que se hará justicia.

Comentarios [ 3 ]

Imagen de Anónimo

Los arrendatarios tienen que leer un poco de historia y preguntarse a quien les pertenecia esas tierras antes de Castro y la otra pregunta les va a pesar a ellos lo mismo.  Por supuesto que si. 

Imagen de Anónimo

El arrendador debe de preguntarse a quien pertenecia esa tierra antes de Castro.  El es tambien participe del robo.

Imagen de Anónimo

Esto me recuerda al Japón de antes de la Guerra de Manchuria o a la Europa Medieval. Campesinos arrendatarios que trabajan de sol a sol en malas condiciones para pagarle el alquiler de las tierras al terrateniente ( estado castrista ) y encima de eso sufrir sus leyes schizofrenicas. Da vergüenza. Lo peor es que en muchos municipios solo tuvieron derecho a tierras los lameculos de su propio clan ( chivatos y militares) que se han convertido en terratenientes del terrateniente mayor.