Agricultura

17 de mayo: necesidad de una nueva reforma agraria

55 años después de la reforma agraria castrista, la agricultura cubana muestra un estado deplorable.

El 17 de mayo de 1946 fue asesinado el campesino Niceto Pérez García. En homenaje a él y a todos los que murieron en la lucha contra el desalojo y el latifundismo se eligió ese día para firmar la Ley de Reforma Agraria en 1959. El aniversario de aquel acontecimiento invita al análisis del porqué la agricultura cubana, 55 años después, muestra un estado tan deplorable.

El latifundismo en Cuba tenía una historia secular. Emergió en la colonia con la entrega de tierras a los colonizadores, luego, debido al crecimiento de pequeñas y medianas propiedades, esas grandes extensiones de tierra sufrieron un proceso de fragmentación que se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. La demanda de caña de los modernos centrales generó una competencia que arruinó a los pequeños ingenios y separó a los hacendados dueños de las máquinas de los colonos dueños de la tierra. Entonces, a principios del siglo XX, los grandes centrales desarrollaron un proceso de adquisición de tierras que convirtió a muchos propietarios en arrendatarios —el censo de 1945-46 arrojó que el 69,5% de las fincas no eran trabajadas por sus dueños.

Ese proceso de concentración se acompañó del desalojo de miles de pequeños agricultores, a la vez que el predominio de la producción azucarera, favorecida por múltiples factores, impidió el desarrollo de otras producciones y creó una economía dependiente de las oscilaciones del precio del azúcar en el mercado internacional.

Aunque durante la república hubo varios intentos por resolver esa situación, las medidas implantadas fueron insuficientes y la legislación, aunque avanzada, fue burlada por los grandes intereses. La deformación sufrida demandaba de una reforma agraria dirigida a: 1- Entregar la propiedad de las tierras a los desposeídos que la trabajaban; 2- Diversificar la producción agropecuaria; y 3- Convertir la agricultura en la base económica para el desarrollo del país. Tres aspectos complejos e interrelacionados para cuya solución se requería tener en cuenta la experiencia universal, respetar las leyes que rigen los fenómenos económicos y sociales y atemperar los cambios a la realidad cubana.

En 1953, en el alegato La historia me absolverá, Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos los que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. En 1958, con ese propósito, la Comandancia del Ejército Rebelde dictó la Ley 3. Y el 17 de mayo de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Agraria que limitó la gran propiedad y entregó títulos de propiedad a unas cien mil familias. Pero de forma paralela se inició la concentración del poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado y la pérdida de las libertades ciudadanas, con lo cual el voluntarismo, convertido en método de dirección, condujo al actual estancamiento económico.

Las leyes agrarias de 1959 y 1963 concentraron en manos del Estado más tierras que todos los latifundios confiscados, lo que impidió solucionar un problema donde, de un lado el hombre es el principal instrumento de transformación y de otro, la propiedad y/o la apropiación de los productos del trabajo resulta determinante. Por ello la estatización casi absoluta condujo a la ineficiencia generalizada.

A causa del desinterés de los trabajadores agrícolas, enormes extensiones de tierras se infectaron de marabú y se generalizó el desabastecimiento de productos agropecuarios. En respuesta se tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en 1993. Con ese fin las áreas estatales improductivas, en vez de entregarla en propiedad, se otorgaron en usufructo a los trabajadores y el Reglamento original no le reconoció personalidad jurídica. La actividad productiva y económica de estas "cooperativas" quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. Esas y otras limitaciones explican los pésimos resultados obtenidos.

Sin voluntad política para tomar el rumbo que la realidad demandaba, quince años después de las UBPC se dictó el Decreto-Ley 259, mediante el cual se entregaron en usufructo parcelas de una hasta tres caballerías de tierra infectadas de marabú. En diciembre de 2012 el Decreto-Ley 259 fue derogado y sustituido por el Decreto-Ley 300, que flexibilizó algunas de las limitaciones pero sin variar la decisión de mantener el control monopólico de la propiedad estatal. Ante el nuevo fracaso, en enero de 2014, se promulgó el Decreto-Ley 311 que modificó al 300, pero con la misma voluntad política. El resultado final ha sido que después de entregadas 1.500.000 hectáreas de tierras ociosas, de los 6.3 millones de hectáreas con que cuenta el país, el retroceso no se ha podido detener y la necesidad de producir en Cuba los alimentos que se compran a precios elevados en el exterior continúa en lista de espera.

Esos resultados obligan, quiérase o no, a poner a la orden del día una nueva reforma dirigida a eliminar los latifundios estatales, convertir a los actuales usufructuarios en propietarios y transformar el resto de la propiedad estatal en propiedad privada y en grandes empresas cooperativas.

Las Cooperativas constituyen una manifestación del carácter social del hombre, cuya versión moderna emergió en el siglo XIX con la fundación, en Inglaterra, De los Probos Pioneros de Rochdale, una sociedadpara el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada condujo en 1895 al congreso internacional en Londres, donde se creó la Alianza Cooperativa Internacional. Esta institución definió el concepto de cooperativa, aceptado universalmente como una "asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática".

En Cuba, su primera manifestación fue la Comunidad de Regantes del Valle de Güines (1884) y en los años 50 del pasado siglo el Banco Nacional para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, creó tres cooperativas de crédito rural que tenían préstamos vigentes por más de 13 millones de pesos. Por diversas razones, entre ellas el bajo por ciento de propietarios rurales, en Cuba las ideas de las cooperativas agropecuarias no tuvieron auge. Después de la revolución el cooperativismo reapareció como manifestación del voluntarismo. En marzo de 1960 se crearon las "cooperativas" cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados.

Por todo lo anterior, la Ley de Reforma Agraria se presenta a un nuevo aniversario con muy poco que celebrar. Cuba, país de añeja tradición agrícola, ha sufrido un declive productivo, incluso en cultivos en los que se destacó desde la época colonial, como el azúcar, el café y el ganado bovino. La causa fundamental de ese declive está en la propiedad estatal, bautizada como "propiedad de todo el pueblo", que se traduce en propiedad de nadie y desinterés de todos, lo que explica la prolongada cosecha de fracasos y ha demostrado en la práctica la función vital de la estructura de la propiedad. No proceder a una nueva reforma agraria es subordinar los problemas de la nación cubana a intereses ajenos a los cubanos o a preceptos ideológicos sin futuro.

Comentarios [ 4 ]

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En qué se parecen la reforma agraria cubana y el Vaticano?

En que ambos dieron 4 papas.

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La unica gran cosecha que se logro con la reforma agraria  fue : El gran fracaso

el bobo alipio

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Por eso he dicho y Repito, que esta gente son como Chacumbele, que el mismo se mato!!! dejenlos tranquilos, todo es problema de tiempo y se explotaran ellos solos!!! Hasta la Miseria Siempre!!!

Imagen de Anónimo

Este análisis acertado si bien breve, pone de relieve las causas del deterioro del agro cubano. Solución: Cooperativas y agricultores privados autónomos en el marco de una política agraria estatal de verdadero fomento la cual permita crecimiento. Sin la propiedad de la tierra no habrá un desarrollo sostenible. Pero, que el Estado rija por la Ley donde sea necesario limitar el luco excesivo a través de del impuesto y otras disposiciones.