Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
02:18 CET.
Derechos Humanos

Una segunda evaluación

El pasado 1 de mayo el gobierno de Cuba fue objeto por segunda ocasión del Examen Periódico Universal (EPU), una herramienta del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas encargado de revisar las obligaciones y compromisos contraídos por los Estados miembros en esa materia.

Cuando esa función la ejercía la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, subordinada al Consejo Económico y Social de la ONU, el diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos condujo a una creciente politización del tema hasta su total atascamiento. Cada año se repetía el mismo guión: cabildeo antes y durante las sesiones, debates ofensivos, intercambio de acusaciones, votación de una resolución y finalmente el anuncio del gobierno cubano de la derrota propinada al imperialismo. Desde ese momento hasta la próxima sesión nada cambiaba en Cuba, pues al tratarse de "falsas" y "groseras" acusaciones del enemigo, nada había que cambiar.

Para los cubanos lo que ocurría en Ginebra no tenía ningún efecto en sus vidas, porque los conflictos entre Estados tienden a solapar, y por tanto a desmovilizar, los conflictos al interior de los Estados, mucho más cuando la contradicción externa es elevada a primer plano. Esa situación fue utilizada por las autoridades cubanas para fundamentar un nacionalismo ideologizado y "demostrar" al mundo que en Cuba no había violaciones de los derechos humanos, sino mentiras fabricadas por los enemigos.

Por ejemplo, en el año 2002, en el mes de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba acusó al gobierno norteamericano de gestionar con las cancillerías latinoamericanas la presentación de una resolución sobre "supuestas" violaciones de los derechos humanos. En consecuencia la polémica suscitada se trasladó del debate de las violaciones en Cuba a la conducta norteamericana. Tres meses después, el diario Juventud Rebelde reprodujo un despiadado ataque contra el presidente Vicente Fox, publicado por el órgano mexicano La Jornada, a causa del voto mexicano emitido en Ginebra contra Cuba, en el cual se calificó al presidente Fox de "incapaz de defender los intereses de los mexicanos y de vergüenza para América Latina".

Como los derechos humanos preceden y trascienden a la política, para situar las cosas en su lugar se imponía la despolitización del tema y sobre esa base promover un debate sosegado y constructivo, encaminado a mejorar el estado real de esos derechos en la mayor de las Antillas. Para ello bastaba con limitarse a responder interrogantes tan sencillas como las siguientes:

¿Pueden los cubanos salir y entrar a su país sin permiso del Gobierno? ¿Pueden asociarse de forma independiente del Estado? ¿Pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Pueden participar como sujetos en la economía de su nación? ¿Pueden disentir públicamente del Gobierno o del Partido Comunista sin correr riesgos? ¿Pueden conectarse libremente a internet? ¿Pueden seguir la pelota de las Grandes Ligas por la televisión como se hace con el futbol? La respuesta era una sola y también sencilla: No. Respuesta suficiente para poner luz sobre los derechos humanos al interior del país y sacar del foco de atención las acusaciones contra Argentina, México, Estados Unidos o cualquier otro Estado por "entrometerse" en los asuntos internos y/o carecer de moral para juzgar al gobierno cubano. Preguntas y respuesta que delimitan el problema a discutir y dirigen la atención a la voluntad política y a la responsabilidad del gobierno cubano para con su pueblo.

La cuestión ahora

El EPU, a diferencia de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, es un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, integrado por 47 países miembros, los que encabezados por una troika de relatores y en presencia los Estados observadores, examina periódicamente el estado de los derechos humanos de los países miembros de la ONU. El país examinado presenta ante el grupo un informe a partir del cual se inicia un diálogo del cual emergen las recomendaciones. De acuerdo a ese procedimiento, Cuba recibió 88 recomendaciones en el primer examen realizado en el año 2009. Y sobre la base de ese dictamen la mayor de las Antillas acaba de ser sometida nuevamente a evaluación.

El canciller cubano de turno, en el informe correspondiente, repitió la retórica contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, contra la política dirigida a imponer un "cambio de régimen" y enumeró los cambios significativos producidos en la economía y la sociedad en los últimos dos años. Aseveró,  que "Cuba ha continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad y que las libertades de opinión, de expresión, de información y de prensa son reconocidas a todos los ciudadanos", sin aclarar que esas libertades están limitadas constitucionalmente a la defensa de los postulados del partido gobernante, lo que explica que en Cuba solo pueden existir  legalmente las asociaciones creadas o subordinadas a ese fin.

Durante la evaluación la mayoría de los países participantes en el EPU elogiaron a la Isla por sus "avances" con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en lo que se refiere a la educación y el acceso a los servicios de salud, así como a los cambios en la política migratoria y al derecho de los cubanos a trabajar por cuenta propia en un conjunto, aún limitado, de actividades. Pero al mismo tiempo instaron al Gobierno, entre otras cosas, a poner alto a la detenciones cortas, acoso y otras medidas represivas de activistas y periodistas independientes, a reducir el control gubernamental sobre internet, a que los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) puedan visitar las cárceles sin restricciones, a ratificar los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Cuba firmó desde el año 2008.

Como resultado de la evaluación, el CDH realizó 204 recomendaciones y sugerencias más que en el año 2009, es decir, un total de 292. Los señalamientos responden al deplorable estado de los derechos humanos en Cuba y se corresponden con las denuncias realizadas por la oposición cubana dentro y fuera del país, antes y después de la creación del CDH, lo que demuestra fehacientemente que la ausencia de libertades cívicas y derechos fundamentales en Cuba poco tienen que ver el diferendo o con las "patrañas" del enemigo. No se puede negar que se han producido algunos cambios en materia de derechos humanos, pero de lo que se trata es que en un país occidental, con una rica historia en libertades, el estado actual es deplorable e insostenible, pues esas pequeñas medidas implementadas aún no alcanzan ni el nivel de respeto de los derechos humanos que existió en Cuba desde la segunda mitad del siglo XIX.

Un paso de importancia sería comenzar por ratificar los pactos que Cuba firmó hace cinco años, los cuales, por su carácter vinculante, podrían ser una verdadera señal de cambio.

Sin embargo, hay que reconocer que la respuesta de la embajadora de la Isla ante la ONU, al plantear que de esas recomendaciones se aceptará "un amplio grupo” y se implementarán  "según nuestras posibilidades y la evolución de las circunstancias", al menos toma distancia de aquellos discursos inflamados cada vez que se le hacía un señalamiento a la Isla.

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