Lunes, 18 de Diciembre de 2017
11:20 CET.
Opinión

Necesidad de una Asamblea distinta

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La Asamblea Nacional es una institución bastante cuestionada en Cuba. Quizás se deba a su restringido papel de simple "caja de resonancia" del Gobierno, donde en realidad la discusión y el debate serios brillan por su ausencia (todos los diputados responden a una sola línea política e ideológica: la oficial) y el principal objetivo de su quehacer, es lograr la "unanimidad" en la aprobación de lo que proponen las autoridades.

La composición de la Asamblea no representa realmente a los diferentes sectores políticos, económicos y sociales que constituyen la sociedad cubana actual, sino solo a una parte de ella: los adictos al "modelo". Además, el hecho de reunirse solo dos veces al año, en sesiones de dos o tres días de duración, le resta efectividad y credibilidad.

Oficialmente, se considera que la Asamblea funciona a través de las denominadas "comisiones permanentes", compuestas por varios diputados que trabajan durante todo el año en temas específicos, pero estas "comisiones" no constituyen la Asamblea y no deben suplantarla.

También se considera que las comisiones son las encargadas de preparar las propuestas de leyes y resoluciones, cumpliendo indicaciones gubernamentales que después, en una de las sesiones plenarias, son discutidas y aprobadas, previo conocimiento de los diputados en talleres que se imparten en días previos. En la práctica, la mayoría de los diputados se convocan y reúnen en la Asamblea Nacional sin otra participación real y efectiva anterior, ni un conocimiento profundo de lo que se va a discutir.

 

Si se lograra la participación y elección democrática y libre de verdaderos representantes de toda la sociedad cubana la Asamblea Nacional, sin descalificaciones ni exclusiones de ningún tipo, su funcionamiento también debería ser diferente.

Ante todo, es necesario que sea un órgano legislativo que funcione en sesiones plenas durante un mayor tiempo. El Congreso de la República lo hacía en dos sesiones plenas, de no menos de sesenta días hábiles cada una, además de poder ser convocadas sesiones extraordinarias cada vez que fuera necesario. La Asamblea debería poseer una sede estable, donde los diputados cumplan las tareas para las que fueron elegidos. No pueden seguir siendo diputados virtuales, como sucede con la mayoría actualmente, donde solo unos pocos, los que realmente determinan, se dedican profesionalmente a sus tareas. Tampoco es conveniente —excepto en casos muy específicos determinados por la Constitución—, que los diputados tengan también responsabilidades como cargos estatales, algo generalizado en este momento.

Este funcionamiento normal, como sucede en otras asambleas y parlamentos y en sistemas bicamerales (representantes y senadores), aseguraría la atención preferencial por los elegidos (los verdaderos representantes del pueblo), a los problemas del país, y serviría de incentivo y también de contención al gobierno, al momento de presentar propuestas de leyes a discusión y aprobación, lo cual también podría ser realizado por los diputados y hasta por los ciudadanos. Con ello se lograría un equilibrio real de poder entre el ejecutivo y el legislativo, condición imprescindible para el ejercicio de un buen gobierno, donde se impida el voluntarismo en la gestión presidencial.

Para lograr esto, es necesario que el poder judicial sea también independiente, y no esté sometido ni al ejecutivo ni al legislativo. Como es fácil de apreciar, la tarea no es nada sencilla y necesita valentía política, ya que obliga a cambiar estructuras inoperantes establecidas y mantenidas en contra de los intereses ciudadanos durante demasiados años, pero constituye un paso insoslayable para la salvación nacional.

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