Lunes, 22 de Enero de 2018
08:54 CET.
Opinión

El exilio y la reforma migratoria

El éxodo del 15 por ciento de la población de Cuba en el último medio siglo es prueba irrefutable del fracaso del comunismo en la isla. La reforma migratoria que entró en vigor estos días subraya, con sus omisiones, advertencias y autorizaciones parciales, la índole agorafóbica de ese sistema, que trata a los cubanos residentes en el país como internos menores de edad y en el que se considera prohibido todo lo que no esté expresamente autorizado por el Gobierno.

Durante el periodo republicano, de 1902 a 1959, Cuba acogió a 1.375.000 inmigrantes. A pesar de las deficiencias políticas de la república, la economía y la sociedad de la Isla eran lo suficientemente atractivas como para que miles de extranjeros se establecieran en el país cada año y contribuyesen a su prosperidad.

El castrismo ha durado ya tanto como la república. Basta con descontar el trienio de intervención estadounidense entre 1906 y 1909 para que el tiempo de autogobierno sea idéntico: 54 años. En ese plazo, el régimen actual ha expulsado al exilio a un millón y medio de personas. Y el éxodo continúa, a razón de 50.000 al año, según los últimos cálculos.

Conscientes de que durante medio siglo han practicado una política que vulneraba los derechos más elementales de la gente, el régimen ha eludido el debate sobre el tema. Las pocas veces que los voceros del castrismo han entrado al trapo, se han limitado a señalar que también emigran hacia Europa y Estados Unidos miles de ciudadanos de los demás países de América Latina. Pero este argumento soslaya cuatro aspectos decisivos que diferencian ambos fenómenos migratorios. En ningún país del continente el Estado ha monopolizado la casi totalidad de la economía, ni ha confiscado los bienes de los emigrantes, ni ha utilizado a sus familiares como rehenes, ni ha impedido que regresen al país quienes habían decidido establecerse en el extranjero.

La estatización del aparato productivo ha empobrecido a Cuba y es, junto con la negación de derechos y la represión, una de las causas fundamentales que impulsan a los cubanos a abandonar la isla. Las medidas confiscatorias, el chantaje familiar y la abolición de los derechos de los residentes en el exterior han sido, hasta ahora, las represalias que el régimen ha aplicado con el fin de limitar el éxodo. Por eso resulta bizantino el debate que intenta oponer la condición de exiliado a la de emigrado. Hasta la fecha, incluso quienes se consideraban a sí mismos emigrados por causas estrictamente económicas han sido, en realidad, exiliados por la circunstancia política. Esta situación empieza a cambiar un poco con las nuevas regulaciones, pero aún está lejos de normalizarse, desde el punto de vista del derecho internacional.

Más que puertas al campo, los jerarcas cubanos trataron de poner rejas al mar. Pero el afán carcelario ha sido infructuoso. La reforma migratoria actual viene a ser un reconocimiento tardío y pusilánime de esa realidad.

La reforma se propone principalmente modificar los efectos de la emigración sin cambiar sus causas. En la situación vigente hasta principios de este año, las causas del éxodo han sido las condiciones políticas y económicas imperantes. Sus consecuencias son la contracción demográfica, la pérdida de talento y mano de obra y el empobrecimiento del país.

Es probable que las nuevas medidas mejoren la rentabilidad que el gobierno obtiene ya de quienes viajan o se establecen en el extranjero. A partir de ahora se procederá a una explotación más eficiente de las remesas, los desplazamientos, las vacaciones y las repatriaciones de los jubilados que decidan vivir en la Isla sus últimos años. Pero mientras no cambien las causas subyacentes del fenómeno, Cuba seguirá vaciándose, en particular de los elementos más jóvenes y creativos de su población. Aunque en La Habana la oficina que gestiona la sangría nacional siga llevando el irónico nombre de Departamento de Inmigración.

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