El paso del huracán Sandy por el oriente del país ha sido devastador. Durante décadas, el régimen se ha ufanado de su sistema de protección civil. Sin embargo, la muerte de al menos 11 personas demuestra que, en un escenario de infraestructuras tan enclenques, el actual sistema sirve de poco.
Lejos de ser refugios adecuados, las ciudades y pueblos de Cuba constituyen una trampa mortal. No puede existir una efectiva lucha anticatástrofes mientras siga pendiente, a tan gran escala y en todo el país, el problema de la vivienda.
Los daños dejados por Sandy no han sido contabilizados en su totalidad, y a la destrucción habría que sumar la delicada situación epidemiológica de la zona, con el peligro latente del cólera y el dengue.
La petición de "confianza" hecha por Raúl Castro forma parte de la palabrería habitual en estos casos, porque los afectados por ciclones anteriores esperan aún por asistencia, viven amontonados en albergues o aguardan por una ayuda para la reconstrucción de sus viviendas.
En vista de la situación actual y de los enormes compromisos pendientes, el Gobierno debería flexibilizar cuanto antes las normas aduaneras, para facilitar al menos la colaboración familiar. Llegados a este punto, no caben ya intereses políticos ni afinidades ideológicas. Sacrificar las condiciones de vida de tanta gente por el orgullo de un régimen en decadencia resulta criminal.
El Gobierno de Raúl Castro está en la obligación de solicitar, expresamente y sin complejos, ayuda humanitaria de Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus socios asiáticos y bolivarianos.