Miércoles, 23 de Agosto de 2017
02:02 CEST.
Reforma migratoria

Imposturas cubanas

Raúl Castro y sus asesores se han descolgado el pasado martes con otra más de esas triquiñuelas a las que recurren periódicamente para bajar la presión social en Cuba y congraciarse con la comunidad internacional. Después de autorizar el trabajo por cuenta propia en algunos sectores de actividad y permitir la venta de teléfonos móviles, autos y casas, el Gobierno ha decidido suprimir ahora las regulaciones más cuestionadas de la Ley de Migración de 1976. Sin embargo las nuevas normas siguen violando —de manera más sutil, es cierto— el principio de la libre circulación garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A partir del próximo 14 de enero, para viajar fuera de la Isla, los cubanos no tendrán que pedir el odiado "permiso de salida" y tampoco la "carta de invitación", que sus familiares o amigos residentes en el extranjero tienen que tramitar ante los consulados cubanos. Esos dos documentos cuestan unos 350 dólares, es decir, más de un año del salario promedio en Cuba. Además, el plazo máximo de estancia en el extranjero será extendido de 11 a 24 meses y, para los cubanos emigrados, se suprimirá la exigencia de solicitar un permiso de entrada para volver de visita a su país de origen (tendrán que presentar su pasaporte cubano porque La Habana sigue sin reconocer la doble nacionalidad).

Más importante aún será la supresión de la práctica infame que consistía en despojar de todos sus bienes (muebles, casa, auto) al "gusano" que se iba al exilio. La prensa oficial despacha ese vergonzoso capítulo de la historia cubana con este breve comentario: "Las personas que a fin de cuentas decidan radicarse en el exterior podrán antes de viajar vender o traspasar sus propiedades si así lo desean".

Como era de esperarse, esos cambios han sido bien recibidos por la ONU y por la Unión Europea, que saludan "el levantamiento de cualquier tipo de restricciones" y hablan de "un paso importante hacia la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos". Los comentarios recopilados en las calles de La Habana por varios corresponsales de prensa extranjera parecen también indicar que la nueva ley ha sido bien acogida. Las reacciones populares no deberían sorprender a nadie: en un país donde no puedes elegir tu lugar de residencia, tu trabajo y el modelo de gobierno, cualquier flexibilización del control social es un alivio.

En realidad, la nueva ley migratoria sustituye las anteriores restricciones por otras. Como suele pasar en el resto del mundo, los cubanos necesitarán un pasaporte vigente y la visa del país donde van a viajar. Sin embargo, y aquí viene el obstáculo, La Habana decidirá quién tiene derecho a un pasaporte y quién no. Estamos ante una violación flagrante del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación en el ejercicio del "derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".

El artículo 23 de la nueva Ley de Migración estipula que las autoridades podrán denegar la entrega de pasaportes por "razones de Defensa y Seguridad Nacional" o por motivos de "interés público". Es la puerta abierta a la arbitrariedad absoluta en detrimento de los que no comulgan con el régimen, tanto dentro como fuera de la Isla: aquellos cubanos considerados "indeseables", que son hostiles a los "principios del Estado cubano", no podrán volver a su país de origen. Otra restricción afecta, en cambio, a los niños mimados de la Revolución que ejercen funciones "vitales", sobre todo los médicos, los científicos, los atletas y sus entrenadores, los maestros y los cuadros directivos. Esos ciudadanos necesitarán un permiso especial, porque se trata de impedir "el robo de cerebros con objetivos políticos", alentado por "el Gobierno de los Estados Unidos, que ha utilizado históricamente su política migratoria hacia Cuba con fines de hostilidad, subversión y desestabilización".

Las nuevas disposiciones migratorias responden a las necesidades estratégicas del régimen de La Habana. Más que las supuestas amenazas del "imperio", Raúl Castro teme los efectos de su propia política de "reordenamiento laboral", que implicará el despido de un millón de trabajadores del Estado, es decir, casi el 30% de la población activa de la Isla. El sector privado, muy incipiente y sin recursos, no podrá absorber a todos esos desempleados, que tendrán la posibilidad de buscarse la vida en el extranjero a partir de enero. Nadie pondrá trabas en La Habana para que se vayan: se trata de exportar la mano de obra poco calificada y de retener a los "cerebros" en casa. El régimen espera así tapar las vías de agua que le están hundiendo irremediablemente.

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