Lunes, 21 de Agosto de 2017
17:43 CEST.
Opinión

Violencia y cambio político, antecedentes y perspectivas

Esta pudiera ser la parodia de un cuento muy corto para una tiranía muy larga: "Cuando despertó, el castrismo todavía estaba allí".

Algunos analistas de la historia de Cuba no se explican el cómo y el porqué de la permanencia por tantos años en el poder de la actual dictadura. Se basan en antecedentes o regímenes como los de Machado y Batista. Ambos suscitaron en su contra una oposición fuertemente estructurada, efectiva y violenta. La herencia de la revolución del 33 generó un reacomodo de las fuerzas políticas y cíclicas batallas entre estas, protagonizadas por hombres de acción devenidos hampones al servicio de unas u otras partes en conflicto. La recta final de la década del cuarenta del pasado siglo fue especialmente prodiga en este sentido y sentó un precedente nefasto. La historia de la violencia política en Cuba tiene un antes y un después en ese periodo.

Las claves de por qué perdura un sistema de desgobierno como el actual pueden hallarse más atrás en el tiempo.

Es evidente la semejanza entre el régimen de caudillo único, secundado por un Consejo de Estado y un Parlamento de juguete, y el sistema que la metrópoli española aplicó durante siglos: Capitán General secundado por un Cabildo o Asamblea de Notables. Sin embargo, la metamorfosis sufrida por el régimen hispano en la isla, en la etapa posterior a 1878, se parece sospechosamente a los amagos aperturistas del "raulismo": resalta como consecuencia de esa metamorfosis el autonomismo.

¿Del siglo XIX al XXI?

Del mismo modo que en aquel siglo XIX los partidarios de la autonomía planteaban la independencia económica, pero no política, respecto a la metrópoli, ahora se pretende la coexistencia entre el estado totalitario y una clase emergente de productores privados de bienes y servicios; personas cuya autonomía económica es una ficción.

Esta ficción nace de la falta de una base material justamente emancipada que le permita a esos productores desligarse del fácilmente inculpatorio "mercado negro" de materias primas. La autonomía económica genera independencia de criterios con respecto a la ideología en el poder. Una sociedad civil realmente funcional y por tanto efectiva en la evolución política de un país, requiere de total soberanía económica y un marco jurídico propiciado dentro de un estado de derecho. Para que esto sea posible, en nuestras circunstancias actuales, resulta imprescindible un cambio de régimen político.

El autonomismo del siglo XIX y el "aperturismo raulista" del siglo XXI se parecen en el sentido de que ambas tendencias manejan los mismos espejismos y ensayan las mismas soluciones.

Los autonomistas planteaban un tránsito gradual y pacífico de la isla de Cuba a la independencia económica con una autonomía política limitada. Apostaban a la declinación del poderío geopolítico de la corona española. La decadencia o debilitamiento de sus mecanismos de dominio económico y la corrupción administrativa, evidente en la Península y reproducida en la isla.

Los partidarios de la total independencia de Cuba, por su parte, asumieron como única opción frente a la terquedad de la metrópoli, la rebelión armada. Ellos no se dejaron engañar por el espejismo de una supuesta libertad económica sin independencia política. Las condiciones político-económicas maduraron en Cuba hasta propiciar el estallido de la guerra de 1895-98.

En el momento actual, la terquedad de la cúpula política en el poder se refleja en la lentitud de los cambios en el plano económico y la nula aceptación del debate político con la oposición. El espejismo de los "Lineamientos" y su papel adormecedor en el despertar de la conciencia cívica traen de regreso la pugna entre autonomistas e independentistas.

Los actuales autonomistas plantean que sería suficiente un reacomodo económico gradual. Creen que los cambios políticos no son pertinentes porque identifican a la actual cúpula gubernamental como única "guardiana histórica de los intereses de la nación" y no reconocen la conveniencia de ningún cambio si no es exclusivamente desde el poder. Paradójicamente reconocen las fisuras del sistema preconizado por esa cúpula, pero se resignan a modificaciones económicas de índole parcial, esperando que el tiempo haga el resto.

Los que abogamos por el cambio democrático y pacífico, apostamos a la tradición cívica de un país que necesita renovarse con el concurso de todos sus ciudadanos. Sobreponerse a la actual crisis implica llevar aparejados los cambios económicos y la abolición del sistema de dominio político que ha propiciado la actual situación. Las reformas económicas, en ausencia de democracia real y efectiva, solo generarán violencia social y caos, a la corta o a la larga. Ello significaría reproducir, en las circunstancias actuales, el esquema de violencia y cambio político como sinónimos. Esto es algo que deberíamos, a todos los niveles, superar como nación.

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