Sábado, 19 de Agosto de 2017
01:47 CEST.
Salud Pública

Sed vs. cólera

Confiesa Josvany que cuando un señor comenzó a tomarle fotos, él se puso a especular con los frutos de la publicidad. Lejos estuvo de imaginar que se acercaba el fin de su negocio: la venta de refrescos granizados.

El señor que le tomó las fotos era a su vez un granizadero de Santiago de Las Vegas, poblado del municipio Boyeros. Las fotos, destinadas a los inspectores integrales, debían servir como evidencia de que aún se vendía granizado en las calles de La Habana. Al granizadero devenido fotógrafo le habían confiscado su carro de trabajo por violar la prohibición de venta del "raspadito", como también se le conoce.

Dos días después, los inspectores cayeron sobre Josvany y le prohibieron continuar la venta debido a los brotes de cólera localizados en la capital. Aunque el cuentapropista insistió en que la medida es competencia de Salud Pública, amenazaron con confiscarle sus bienes de trabajo.

"Yo hiervo el agua con la que elaboro los refrescos y compro el hielo en las guaraperas del gobierno", aclara Josvany, quien también explica que los inspectores de Salud Pública visitan su casa mensualmente y comprueban las medidas higiénicas antes de actualizarle la licencia sanitaria.

Desde mediados del pasado agosto fueron retirados de las calles los carros estatales de granizado. La medida ha estado encaminada a reducir el riesgo de propagación de cólera a través del agua contaminada.

La prohibición de venta, a su vez, se está divulgando a los particulares a través de una citación de las oficinas municipales del Ministerio del Trabajo. La notificación expresa que "la venta de granizado está suspendida por medidas sanitarias por lo que se orienta acudir a la oficina de higiene municipal y cambiar los productos de venta".

Sólo que no a todos los vendedores de granizados les llega la notificación al mismo tiempo, por lo que Josvany cedió la zona donde opera a otro vendedor que espera la citación. Ambos tienen la esperanza de que la medida sea provisional.

"Si la prohibición es definitiva, entrego la licencia", aclara el nuevo ocupante del sitio donde vendía Josvany.

En espera de lo que pueda suceder, el cuentapropista se dispuso a solicitar una nueva licencia higiénica para vender rositas de maíz y galletas dulces. "No es lo mismo, el granizado es una bebida barata (cuesta dos pesos) que refresca el calor, esta chuchería lo que da es sed", dice, tratando de asumir la pérdida.

Cumpliendo las orientaciones del Ministerio del Trabajo, Josvany se dirigió a las oficinas de Higiene del municipio Centro Habana con la finalidad de cambiar el producto de venta. Para su suerte, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública alegaron desconocer la disposición y renovaron su licencia higiénica para vender granizado. Le revelaron que a partir de septiembre se implementarán nuevas medidas sanitarias para la gastronomía, pero ninguna contempla la suspensión del granizado.

Con la contradicción entre los Ministerios de Trabajo y Salud Pública como arma defensiva, Josvany volvió a vender granizado. Aunque ahora teme que le confisquen el carrito de trabajo. "Al final ellos se entienden porque son el gobierno", dice, mientras vigila con su esposa a los inspectores integrales.

La lógica del caos

A partir de estas contrariedades, Josvany desechó los planes de desarrollo que tenía en mente. Proyectaba comprar una máquina de elaborar churros para venderlos junto al granizado. El local de venta sería el patio de una jubilada a quién pagaría una renta mensual.

"El aparato de churros cuesta unos 150 dólares, no puedo invertir ese dinero porque no sé lo que se trae esta gente con las medidas higiénicas en septiembre".

Los vendedores ambulantes con licencia temen a las nuevas medidas higiénicas. Aseguran que estas limitaran las ventas de los particulares. "Nosotros no podemos vender dulces con cremas o almíbar, los estatales sí", señala un vendedor de dulces del mismo lugar. "Lo vendemos pero hay que pagar a los inspectores para que se hagan los de la vista gorda", agrega.

Así, la bebida refrescante más apreciada por los cubanos se evapora en las disposiciones gubernamentales. Los vendedores particulares afectados se preguntan por qué no pueden estar sujetos a las mismas normas sanitarias que los vendedores estatales de guarapo, jugos y refrescos que continúan sus ventas sin ser señalados.

Mientras el Ministerio de Trabajo decreta el peligro de epidemia y el de Salud Pública aprueba la plaza de granizadero, los vendedores de granizado se ganan el sustento con un permiso de trabajo mitad legal, mitad ilícito. Sin embargo, nadie se asombra demasiado. Para un país sin economía, con un gobierno que se autodenomina democrático y que lleva 53 años en el poder, el caos es algo lógico.

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