Sábado, 18 de Noviembre de 2017
13:03 CET.
Represión

La hora de los de abajo

La policía política ejecutó la pasada semana, en la región oriental, decenas de arrestos de opositores políticos a lo largo de la Isla y con marcado encono. Retrocediendo en el tiempo, estaríamos en presencia del mismo hecho: las detenciones masivas de oponentes al régimen no son un suceso nuevo en Cuba. Pero, ¿son estos arrestos responsabilidad de mandos inferiores o intermedios del Ministerio del Interior a nivel de los municipios o las provincias?

Por supuesto que no. Salvo delitos flagrantes, el Ministerio del Interior tiene reglamentado el número de detenciones que puede autorizar cada jefe en concordancia con su jerarquía, dándose el caso de ser el propio ministro del Interior o el mismísimo presidente del Consejo de Estado los encargados de autorizar determinados arrestos.

"Yo estuve con los compañeros como hasta las 11 de la noche analizando todos los datos, todas las noticias, la confirmación de que estaban todas aquellas condiciones y dijimos: 'bueno, la única decisión que puede tomarse es ésta, a pesar de su costo'", dijo Fidel Castro, entonces presidente del Consejo de Estado, al periodista Ignacio Ramonet, a propósito del encarcelamiento de los 75 opositores y disidentes en marzo de 2003.

Pudiera pensarse que restringir la autoridad a los jefes de policía para realizar detenciones no vinculadas a delitos flagrantes constituye una garantía para los ciudadanos cubanos. Pero esto es un sofisma. El falso razonamiento está dado por una verdad incuestionable: en Cuba, en lugar de herramientas para la administración de justicia, las leyes son instrumentos del poder político.

"¿Ustedes calcularon el costo que iba a tener eso en términos de imagen para Cuba?", preguntó Ramonet a Fidel Castro en relación con los 75 encarcelados durante la Primavera Negra.

El núcleo de la respuesta dada por el entonces presidente del Consejo de Estado al periodista español constituye todo un poema: "La respuesta era para ellos, no era para nadie más".

Es decir, 75 personas —74 hombres y 1 mujer— fueron enviados a la cárcel para decir a EE UU que en Cuba no hay transición a la democracia posible pues, según el régimen, sin los dólares estadounidenses los cubanos demócratas no somos capaces de pensar y actuar por nosotros mismos por aquello de que, sin el oro de Moscú, ellos, los comunistas y los que se hicieron comunistas para perpetuarse en el poder desde fecha tan temprana como el primer lustro de la década de los sesenta, estarían de patitas en la calle y sin sus máscaras de patriotas.

Según el Artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades que las leyes prescriben. La propia ley señala en el Artículo 242 que cualquier persona puede detener:

1.- Al que intente cometer un delito en el momento de cometerlo.

2.- Al delincuente in fraganti.

3.- Al que mediante la fuga haya quebrantado una sanción de privación de libertad.

4.- Al acusado declarado en rebeldía.

Ninguna de estas circunstancias concuerda con los por lo menos 60 arrestos reportados por medios independientes la pasada semana solo en la provincia de Santiago de Cuba.

En concordancia con el artículo 243 de los procedimientos penales, ni siquiera el jefe provincial del Ministerio del Interior en Santiago posee facultades para ordenar tales detenciones en tanto la competencia para detener solo obliga, en el caso de la autoridad o agente de policía, para arrestar:

1.- A cualquiera de los implicados en el supradicho Artículo 242.

2.- Al acusado por delitos contra la seguridad del Estado.

3.- Al acusado cuya sanción imponible sea superior a 6 años de privación de libertad.

4.- Al acusado por cualquier delito que haya producido alarma o se cometa con frecuencia en el territorio o siempre que existan bastantes elementos para estimar que el imputado tratará de evadir la acción de la justicia.

Imputaciones no concurrentes con los arrestos de opositores y disidentes producidos en la segunda quincena de este agosto, e incluso en los seis años de mandato del general Raúl Castro, cuando archiconocidas resultan ya, por reiteradas, las detenciones bajo cargos de alteración del orden público para impedir a los cubanos el ejercicio de derechos universalmente aceptados.

Cierto, las órdenes de arrestos llegan de arriba, pero quien las ejecutan son quienes cometen delitos de denuncia o acusación falsa y simulación de delito, al imputarle a personas inocentes delitos de alteración del orden que no cometieron.

Los fiscales militares están ahí. Llevémosles los nombres de los represores. Quizás no los sienten en el banquillo de los acusados. Pero mostrémosles cómo pueden ser las cosas llegada la hora de los de abajo y tal vez, antes de la obediencia debida, lo piensen mejor cuando les ordenen abrir las rejas y pasar el candado.

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