Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
15:31 CET.
Muerte de Oswaldo Payá

Ocho notas sobre una muerte

La muerte de Oswaldo Payá en un accidente de automóvil, provocado o no, supone un punto de inflexión tanto para la vida política de Cuba como para las relaciones entre los gobiernos de La Habana y de España. Han sido publicados ya comentarios, muy pertinentes, como el de Bertrand La Grange en este diario o el de Eugenio Yáñez en Cubaencuentro, pero tal vez por eso resulte posible ya esbozar un primer balance de los significados del episodio.

Primero, y ante todo, la pérdida de Payá supone un golpe decisivo para las perspectivas, agónicas perspectivas, de una transición democrática en la Isla. No es que la cabeza de la Iglesia cubana, el arzobispo Jaime Ortega, sea un militante activo de la misma, pero al menos sus buenas relaciones con la dictadura proporcionaban un mínimo de protección al movimiento demócrata-cristiano de Payá, quien desde su tenaz política de utilización de resquicios legales en el orden totalitario, al intentar presentarse a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y sobre todo, con la puesta en marcha del Proyecto Varela, había superado la condición de disidente para convertirse en opositor. Ahora todo se ha hundido.

Segundo, las circunstancias de la muerte han favorecido por todas partes a los intereses gubernamentales. Payá había proclamado siempre su independencia en relación a Estados Unidos. Ahora su desaparición queda asociada a la ayuda aportada por organizaciones anticastristas del exterior, de España y de Suecia, base suficiente para que el gobierno cubano trace la inevitable "American connection".

Tercero, como ya se ha escrito, la forma de la ayuda que traían los jóvenes español y sueco, no pudo ser más desafortunada. Perfectamente detectable la llegada de ambos, sobre todo de Carromero, por los servicios de Seguridad cubanos, sometidos a control desde ese momento y del encuentro con Payá sus andanzas, no hubiera hecho falta el accidente para que la historia acabase mal.

La presión sobre la disidencia es muy alta, según pude comprobar en junio al visitar a mi viejo amigo Elizardo Sánchez en La Habana, sometido a un cerco del que no faltaba ni la presencia ostentosa del auto con el seguroso dentro a unos metros de su casa. Con la circunstancia agravante, en este caso, de realizar la misión con las siglas puestas y los "populares" en el gobierno de España.

Cuarto, faltó en ambos —Carromero y Modig— la entereza necesaria para afrontar con dignidad las presiones de la Seguridad cubana, una vez detenidos. Era inevitable.

Quinto, sorprende en cambio que los medios de opinión españoles, salvo obviamente aquellos inscritos en la derecha, no concedieran importancia alguna a este hecho fundamental, que afectó y afecta sobre todo al detenido español. Parece lógico que en Cuba valga todo cuando se trata de aplastar al enemigo, interior o exterior. Los derechos humanos han sido vulnerados desde un primer momento, al privarle al detenido de asistencia de un abogado, mantenerle incomunicado por un tiempo indefinido y, finalmente, forzarle a una confesión que constituirá una prueba decisiva en su contra, transmitida por añadidura a través de la televisión de Estado. Tal y como se hace en Irán, y como se hizo en Cuba —proceso Ochoa, entre otros—, sin que revirtiera por lo menos a favor del acusado. Tocaba aquí intervenir al PSOE, por encima de las diferencias de partido, y no lo ha hecho. Al contrario, las Juventudes Socialistas (JSE) han pedido responsabilidades al Gobierno español.

Sexto, no menos sorprende la actitud de destacados líderes de opinión, dispuestos a acumular pruebas en contra del detenido y ciegos y sordos ante la dimensión de derechos humanos. El protagonismo ha sido aquí asumido a título personal por Mauricio Vicent, excelente conocedor de la vida política en la Isla, a quien además las autoridades castristas privaron del derecho a informar. Ya en un reciente reportaje sobre las bellezas de La Habana, dibujaba un panorama idílico de libertad, con el ejemplo de los hipercensurados e hipercontrolados libreros de la Plaza de Armas, en cuyos puestos "hay de todo", incluso ejemplares de Bohemia de 1959 "con Fidel Castro en portada jurando que no era comunista". Ahora su implicación es mayor, al sacar a la luz una pieza de acusación fundamental ante la opinión contra el joven "pepero": su carnet de conducir en blanco de puntos. Noticia importante sin duda, pero que ve la luz el 3 de agosto, una vez difundida la nota oficial del Gobierno castrista y se presenta como muestra de que todo discurre dentro de la legalidad, por dura que ésta sea, y en contra de quien es descrito con sarcasmo como "un as del volante". Connotación contra denotación: el tema del carnet borra toda preocupación por los derechos humanos.

Séptimo, el relato oficial es irreprochable, y se ve confirmado por la declaración televisada de Carromero: velocidad excesiva, derrape, testigos donde tenían que estar, golpe contra un árbol ausente de las fotos (que destroza la parte trasera), homicidio involuntario. De Harold Cepero, muerto por complicaciones tras una fractura abierta de fémur, casi nadie se acuerda. Única reserva. Sucedieran las cosas de este modo, o de otro, sabemos que la versión oficial cubana confirmaría punto por punto lo que quisiesen confirmar, con independencia de los hechos, y que no van a admitir análisis contradictorios.

Octavo, gana por todas partes el Gobierno cubano y pierden los demócratas. Moratinos ya había roto los puentes con la disidencia, sometiéndola a una incomunicación aún hoy del todo vigente, según me contaba Elizardo Sánchez, y cuando ya la política española de Exteriores se orientaba hacia Europa sin militancia alguna respecto de la cuestión cubana, estos acontecimientos alejarán toda posibilidad de cambio. Como es lógico, intentarán sacar con discreción del infierno a Ángel Carromero y pagarán el precio que haga falta, que Mauricio Vicent ya se ocupó de señalar lúcidamente: el Doce de Octubre, fiesta oficial en todos los sentidos.

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