Sábado, 18 de Noviembre de 2017
23:50 CET.
Opinión

¿Mafia blanca vs. Mafia verdeolivo?

El más reciente entre los muchos silenciados escándalos de corrupción que por estos días recorre las redes noticiosas informales es la detención del director del hospital Calixto García, de la capital cubana, quien —se dice— no solo encabezaba una pequeña agrupación de médicos que realizaban intervenciones quirúrgicas "por la izquierda" en el mencionado hospital, cobrando en divisas a los pacientes que utilizaban dichos servicios, sino que además había instalado toda una clínica privada en la que se realizaban cirugías estéticas, ya fueran implantes de senos, de glúteos y de labios, o liposucciones.

A falta de más datos, solo se puede especular, con todos los sesgos que suelen tomar los comentarios cuando no existe confirmación ni negación de los hechos por parte del monopolio de los medios. Así, hay quienes dicen que se trata de un grupo de médicos que utilizaban los recursos del propio hospital para atender a los pacientes; otros, por el contrario, aseguran que existía toda una red de proveedores que, desde el extranjero, garantizaban lo necesario para el sostenimiento de la clínica y la calidad de las intervenciones.

Hasta el momento, solo se trata de rumores, aunque tampoco hay que descartar que si éstos desbordan demasiado las cotas de la realidad probablemente los medios oficiales se permitan una escueta y oblicua nota sobre los hechos. No obstante, la experiencia demuestra que las autoridades siempre han preferido no informar de lo que afea el mito más conspicuo de la revolución: la salud pública. Baste recordar que solo unos meses atrás —por la misma causa— hubo una purga en el hospital Hermanos Ameijeiras, también de la capital.

Ahora bien, más allá de lo punible del caso en sí en un país donde no existe posibilidad alguna de establecer una demanda contra la mala práctica médica en caso de complicaciones post operatorias o incluso cuando se produce la muerte del paciente —es sabido que en Cuba no se conoce de un solo ejemplo en que un médico haya sido llevado a juicio o haya perdido su licencia para ejercer la medicina por responsabilidad en la minusvalía, limitación absoluta o fallecimiento de un paciente—, este acontecimiento vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la medicina pública y la pertinencia de introducir la medicina privada como alternativa, a fin de garantizar determinados controles sanitarios y obtener los beneficios que se derivan, tanto de un servicio que se pagaría legalmente como de los impuestos que dicho sector tendría que aportar, y que bien podrían revertirse en función de mejorar el servicio de la medicina pública.

Tampoco sería una novedad. La República, llamada "mediatizada" por los más enconados servidores de este medioevo instaurado en 1959, fue testigo de considerables avances de salud, tanto en la medicina pública como en el sector privado. En este último caso existieron servicios de clínicas de diferentes niveles y para todo tipo de servicios, por lo que muchos hijos de obreros y de amas de casa (incluyendo los que nacimos en el fatal año del "triunfo", y también algunos de los que llegaron poco después) vimos la luz en clínicas privadas.

Las cooperativas médicas prestaban entonces un servicio completo de diagnóstico, tratamiento y atención general o especializada, además de realizar operaciones, con una calidad que distinguía a la medicina cubana entre las mejores de este hemisferio.  

De cualquier manera, si alguien debería ser juzgado y condenado es el Gobierno que convirtió la medicina en el vehículo más expedito para sus intereses políticos y en las últimas décadas en uno de sus rubros económicos. Los especialistas de salud son hoy por hoy el sector más manipulado y explotado de todos los empleados cubanos.

Poniéndonos ahora del otro lado, es decir, del que ocupan los miles de médicos que trabajan en pésimas condiciones por un salario misérrimo; que se enrolan en "misiones" político-sanitarias impulsadas por el propio Gobierno, arriesgándose a contraer enfermedades o incluso a perder la vida, aportando —de paso— pingües beneficios económicos al Estado; resulta natural que los profesionales que tienen la posibilidad y el talento de ganarse la vida ejerciendo sus especialidades lo hagan.

¿Condenable el caso del director del Hospital Calixto García? Sí, si esa práctica implica afectar la asistencia a los más desposeídos o si existió algún riesgo para la salud o la vida de los pacientes atendidos fuera del sistema.

Tampoco debemos olvidar que ser pacientes "dentro" de éste no supone garantía alguna. Pero la condena mayor debería recaer sobre las autoridades, en especial sobre la casta de las charreteras, ésa que medio siglo atrás se apropió absolutamente de todos los recursos del país, de vidas y haciendas, incluyendo en el botín a esos propios médicos; la casta que mutiló la capacidad de los cubanos para producir su propio bienestar.

Los médicos cubanos son, con mucho, los esclavos más valiosos de esta plantación, moneda de cambio para comprar combustible y para la propaganda política, rehenes permanentes del Gobierno.

Todavía veremos muchos más casos de corrupción e ilegalidades, sobre todo mientras en Cuba haya más prohibiciones que leyes u oportunidades. El desorden que vive el país en medio de la descomposición del "modelo" hace pensar en una especie de toque a degüello en el que cada quien procura una tajada, principalmente los supuestos árbitros del orden, que han guardado para sí la mayor y más jugosa.

Por mi parte, ante la frecuencia y generalización del desastre, suelo recordar a mi difunta abuelita y uno de sus más usuales chascarrillos: "Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón".

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