Miércoles, 28 de Septiembre de 2016
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Economía

Los cuentapropistas desconfían del gobierno

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No hace mucho se informó que la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL) había creado un sistema informático denominado Cuentas Claras, diseñado para facilitar la labor contable de los cubanos que han optado por el trabajo por cuenta propia. Se trata de un CD que permite el registro de los datos personales del cuentapropista, así como el cálculo de sus impuestos, el almacenamiento de datos relacionados con los gastos e ingresos diarios, y los tributos pendientes de liquidación.

Los fabricantes de Cuentas Claras aducen que el sistema informático garantiza también la disponibilidad de los cambios y modificaciones que experimenten las resoluciones que rigen el trabajo por cuenta propia. En este caso, la nueva versión del sistema se le haría llegar a la persona que haya adquirido la anterior. Esta es, sin dudas, una de las grandes facilidades que aporta Cuentas Claras, por cuanto mantenerse actualizado en los marcos de la legislación tributaria es un reto que afrontan los interesados.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, un muestreo entre decenas de cuentapropistas habaneros indica la escasa adquisición del referido CD. Hay que tomar en cuenta que Cuba clasifica entre los países más rezagados del mundo en lo concerniente al acceso a las técnicas de información por parte de los ciudadanos. Ello queda confirmado, por ejemplo, en el bajo porcentaje de personas que poseen computadoras en sus hogares. Mas, cualquier analista que ahonde en las interioridades del trabajo por cuenta propia podría afirmar que la desconfianza es el principal valladar que se interpone ante la aceptación de Cuentas Claras.

No obstante los indicios de que en esta ocasión el trabajo por cuenta propia no constituye una salida coyuntural de las autoridades, sino una estrategia que posibilite el aligeramiento del hipertrofiado sector estatal de la economía —y por tanto casi la única válvula de escape para los cientos de miles de trabajadores de entidades gubernamentales que deben ser despedidos—, el cubano de a pie no las tiene todas consigo. Recuerda lo sucedido en los años 90, cuando después de que la economía diera signos de recuperación tras la debacle del período especial, los gobernantes comenzaron a poner trabas a los negocios privados, en especial a la elaboración y venta de alimentos. En ese contexto, casi todos los restaurantes —popularmente conocidos como paladares— fueron cerrados.

Por otra parte, la actual legislación que ampara el trabajo por cuenta propia contiene más de un aspecto que inquieta a los cuentapropistas. Uno de ellos son los gastos ocasionados en la producción de un artículo o la prestación de un servicio. A pesar de que la última versión de la Declaración Jurada de Ingresos Personales contemplaba un porcentaje mayor de gastos a deducir de los ingresos brutos (40% en el caso de la elaboración de alimentos, contra un 10% en años anteriores), la Ley exige que la mitad de esos gastos se justifiquen mediante facturas o comprobantes de venta. Y he ahí donde radica el problema: una buena parte del comercio minorista no emite esos documentos, al tiempo que no existen establecimientos mayoristas donde los cuentapropistas puedan adquirir sus insumos.

El impuesto mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia es otro elemento peliagudo. Además de que una porción sustancial de las ocupaciones pagan cuotas impositivas elevadas —sobre todo las que se consideran actividades más lucrativas—, cada municipio del país tiene la potestad de elevar las cuotas en cualquier momento. Después, al final del año, la famosa Declaración Jurada puede determinar que el agobiado cuentapropista deba de pagar una suma adicional de dinero al presupuesto estatal.

Y qué decir del Artículo 4 de la Resolución 286 de 2010, que establece que todo cuentapropista que obtenga ingresos anuales superiores a los 50 mil pesos debe llevar un sistema contable parecido, aunque más simplificado, al que operan las entidades estatales; además de la obligatoriedad de que abran cuentas bancarias para sus operaciones. Esto se interpreta como un intento gubernamental por controlar hasta el más mínimo resquicio de los negocios privados.

Por tales motivos, es lógico que los trabajadores por cuenta propia prefieran contratar los servicios de un economista o alguien versado en temas tributarios, con los cuales poder tratar en confianza asuntos tan sensibles como los aquí mencionados, y por el contrario desdeñen las cuentas no muy claras que proponen las autoridades.