Viernes, 30 de Septiembre de 2016
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Política

Constitución, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Neomarxismo, Transición

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Existe una sintomática reticencia a debatir el estado de los derechos políticos cubanos en medios académicos de la Isla y la diáspora. La mayor parte de los debates intelectuales que, precariamente, tienen lugar, en uno u otro lado, está concentrada en la crítica de los límites de la reforma económica emprendida por el gobierno de Raúl Castro y sus efectos sobre la sociedad insular y las relaciones con EE UU y el exilio. En las zonas más oficialistas de esos debates, hablar de derechos políticos es visto como algo contraproducente, que amenaza incluso la limitada reforma económica en curso.

Tradicionalmente, la situación de los derechos políticos cubanos se enfoca dentro de la temática mayor de los derechos humanos en Cuba. Esa comprensible inclusión de los derechos políticos dentro de los derechos humanos no siempre favorece a los primeros. El Gobierno cubano, como es sabido, ha firmado varios tratados internacionales de derechos humanos con el argumento de que su visión de éstos es diferente a la que predomina en países capitalistas y democráticos, donde los derechos sociales no serían prioritarios.

Hablar de derechos políticos específicamente, permite eludir esas "idolatrías" que, a juicio de Michael Ignatieff, se han apoderado del lenguaje de los derechos humanos en las últimas décadas.[1]

La mayoría de las impugnaciones serias a la ausencia de democracia en Cuba, proveniente sobre todo de plataformas doctrinarias liberales o socialdemócratas, ha sostenido que lo no democrático del régimen político de la Isla tiene que ver con las limitaciones a los derechos de asociación y expresión, establecidas en la Constitución y el Código Penal cubanos, y con la institución del partido único. Todas esas impugnaciones parten, por tanto, de una suscripción más o menos enfática de que la premisa jusnaturalista de que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley no se cumple en Cuba.

En las líneas que siguen me gustaría desplazar el referente de la crítica a la ausencia de democracia en Cuba de esas tradiciones jusnaturalistas u otro enfoque, opuesto a estas últimas, que es el que podríamos encontrar en algunos pensadores neomarxistas contemporáneos como el teórico francés Jacques Rancière.

En uno de sus últimos libros traducidos al inglés, Dissensus. On Politics and Aesthetics (2010), Rancière  defiende conceptos de la "política" y la "democracia" discordantes con la tradición jusnaturalista —que ve tardíamente personificada en Hannah Arendt— pero también con filósofos del estado de excepción como Carl Schmitt y Giorgio Agamben.

El enfoque de Rancière, por su acumulación de posicionamientos críticos frente al liberalismo y la socialdemocracia, ofrecería, en apariencia, mayores dificultades como plataforma doctrinaria de la impugnación del socialismo cubano, un sistema político que, precisamente, se presenta como ruptura ideológica con la tradición jusnaturalista. Sin embargo, no es así, ya que desde el pensamiento neomarxista puede sostenerse y cuestionarse también la ausencia de democracia en Cuba.

Antes de exponer este flanco de la interpelación neomarxista al socialismo cubano es necesario reconstruir, como recomienda Rancière, las diversas maneras en que los derechos políticos y sus sujetos son representados en el discurso hegemónico cubano.

Cómo se habla de los derechos políticos

Existen, en la esfera pública cubana contemporánea, diversas maneras hegemónicas de abordar la situación de los derechos políticos. A grandes rasgos, esas maneras podrían encerrarse en una tipología de tres enunciados:

1) En Cuba los derechos políticos no solo están garantizados sino que se respetan más que en el mundo capitalista porque en la Isla existe un tipo de democracia real y verdadera, superior a la que existe en el resto del planeta, donde no se practica una concepción integral del hombre.

2) En Cuba hay algunas limitaciones a los derechos políticos, que se derivan del estado de acoso y presión que la Revolución sufre desde el exterior, pero hay en cambio una dotación sumamente amplia de derechos sociales y civiles.

3) En Cuba hay limitaciones a los derechos políticos pero las mismas no son finalidades del sistema sino fallas burocráticas que serán revocadas en el proceso de construcción de una democracia directa o participativa.

Ninguno de estos enunciados coloca en el centro de la argumentación la institución misma del partido único o la prescripción constitucional y penal que establece que los derechos de asociación y expresión solo pueden practicarse dentro de las organizaciones y medios de comunicación del Estado.  Es decir, los juicios más o menos críticos sobre la situación de los derechos políticos en Cuba, que circulan en la esfera pública hegemónica, no interrogan el marco institucional en que esos derechos se practican y, por tanto, tampoco cuestionan las  condiciones de posibilidad jurídicas de una contracción o una ampliación de los mismos.

Las formas hegemónicas de representación del estado de los derechos políticos en Cuba deja fuera la pregunta, central para Rancière en Dissensus, sobre quiénes son los sujetos de esos derechos políticos.

De qué sujetos y de qué derechos políticos hablamos es una pregunta difícil de responder en el caso cubano, toda vez que se acepta que los únicos ciudadanos no son los 800.000 militantes del Partido Comunista. No obstante, podemos aproximarnos a la respuesta por medio de la lectura crítica de la Constitución vigente, el Código Penal y la legislación electoral. Comprender a qué tipo de ciudadano aspira el socialismo cubano es indispensable para imaginar el repertorio de derechos políticos que pone a su disposición el Estado.

¿A qué tipo de ciudadano aspira el socialismo cubano?

La Constitución cubana de 1976, reformada y ratificada en 1992 y 2002, aplica una distinción clásica de los derechos fundamentales, en sociales, civiles y políticos, similar a la que encontramos en sociólogos liberales de mediados del siglo XX como el británico Thomas Humphrey Marshall.[2]

Esa tipología, anterior a la pluralización civil de las sociedades en las últimas décadas del siglo XX, cuyos paradigmas multiculturales y ambientalistas han complejizado el repertorio de los derechos humanos, es la que sigue vigente en la legislación cubana. De ahí que el marco jurídico y constitucional de los derechos en Cuba sea más arcaico que el de la mayoría de los países latinoamericanos, que sí ha traducido legalmente dicha pluralización civil.

El constitucionalista español Bartolomé Clavero se ha referido al cambio de la arquitectura constitucional en Iberoamérica impulsado por las cartas magnas ecuatoriana y boliviana de fines de la pasada década, que abren el espectro de las garantías individuales o colectivas a derechos llamados de "tercera y cuarta generación" como los que tienen que ver con el uso común del suelo y el agua, la preservación de la flora y la fauna o la defensa de las identidades étnicas, sexuales, genéricas y comunitarias.[3]

El orden constitucional cubano se mantiene al margen de esa renovación, no desde la ortodoxia liberal sino desde su antípoda de la Guerra Fría: la ortodoxia socialista. Las leyes cubanas, a diferencia de las de la nueva izquierda latinoamericana, someten la vieja  tipología de Marshall a una jerarquización valorativa en la que los derechos sociales subordinan y restringen los derechos civiles y políticos.

Estos últimos, además, se compactan y hasta se funden por medio de una delimitación de las organizaciones del Estado como únicos espacios de sociabilidad. Los derechos de reunión, asociación y expresión concedidos en los artículos 52º y 53º del capítulo sexto de la Constitución de 1976, que se mantienen en letra y espíritu en las reformas constitucionales de 1992 y 2002, aparecen distinguidos conceptualmente entre derechos y garantías, de acuerdo con el antiguo lenguaje republicano y liberal.

Los derechos de "palabra y prensa", así como los de la "inviolabilidad de la correspondencia y la persona", no son llamados en esos textos constitucionales "derechos" sino "libertades", lo que quiere decir de acuerdo con el título del capítulo sexto que se asumen como "garantías constitucionales", no como derechos políticos[4]

Las libertades de "reunión, manifestación y asociación", en cambio, sí son definidas como "derechos" en las Constituciones cubanas de 1976 y 1992, por lo que se puede concluir que son esos los únicos derechos políticos que reconocen las leyes cubanas, aunque con la restricción de que los mismos solo pueden ser practicados dentro de las instituciones del Estado.

La tautología jurídica del tan criticado artículo 61º de la Constitución de 1976 —62º de la de 1992 y base jurídica de la reforma de 2002 que estableció la "irrevocabilidad" del sistema político de la Isla— llama precisamente "libertades" a esos derechos políticos:[5]

"Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible".[6]

De manera que la Constitución cubana no llama "derechos políticos" a los derechos políticos. (Lo cual no sucede con otros derechos de la tipología de Marshall, como los derechos sociales o los derechos ciudadanos o civiles a los que se llama por su nombre en los capítulos dedicados a la "ciudadanía", la "familia", la "educación", la "cultura" y la "igualdad".) A lo sumo se les considera libertades o garantías, por lo que la dimensión de lo político acaba siendo sintomáticamente ocultada en el lenguaje constitucional y, en general, en el discurso jurídico cubano.

El hecho, por otra parte, de que los derechos políticos, aunque no se les llame así, se circunscriban a las libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación localiza lo político ­­—invisible u oculto— dentro de la zona de la esfera pública donde se producen las interpelaciones al Estado.

Es lógico que esa concepción de los derechos políticos, que se desentiende de todo principio de la libertad humana como derecho fundamental —principio que, como sabemos, no proviene únicamente del jusnaturalismo liberal sino, también, del cristianismo e, incluso, del pensamiento socialista preleninista— sea la que produzca las principales legislaciones secundarias que tipifican delitos políticos en el Código Penal.

De esa premisa que establece a las instituciones y los fines del Estado como espacio y referente de toda la sociabilidad del país se derivan los fundamentales dispositivos jurídicos que restringen y criminalizan la oposición al gobierno cubano bajo cargos de atentados a la independencia nacional, traición a la patria, propaganda enemiga, asociación ilícita o peligrosidad predelictiva. Todas, figuras del Código Penal vigente.

Otra forma de hablar de los derechos políticos

En Dissensus, Jacques Rancière ofrece una conceptualización de los derechos políticos claramente distinta a la que sostienen las leyes e instituciones constitucionales cubanas. Piensa Rancière que es equivocado e injusto entender la política únicamente como aquello que se relaciona con la esfera del Estado, su legitimación o sus oposiciones. La política es, por el contrario, una interacción social entre sujetos con diversas racionalidades que constituyen, a su vez, diversas subjetividades.[7]

Rancière llama siempre a distinguir lo político de lo policíaco, entendiendo por esto último la esfera específica de las relaciones de los ciudadanos con el Estado.

La Constitución y las leyes cubanas serían una buena muestra de reducción de lo político a lo policíaco. Una distorsión característica de aquellos regímenes políticos que no entienden la democracia como finalidad de la vida pública sino como medio de la construcción y preservación de un proyecto hegemónico de sociedad.

Para Rancière, por tanto, la pregunta por los derechos políticos y por la democracia misma está antecedida por la pregunta por los sujetos de esos derechos y por el proceso de constitución de subjetividades políticas bajo el conjunto de leyes e instituciones de un Estado.

¿Qué tipo de sujetos políticos se constituyen bajo las leyes y las instituciones del Estado socialista cubano? Ciertamente, uno muy ajeno a la localización del litigio, la interpelación y el disenso en el centro de las relaciones sociales. El desacuerdo, como sostiene Rancière en un libro anterior, es el tipo de interacción básica de las democracias políticas.[8]

A diferencia de Jürgen Habermas, el neomarxista francés no cree en la perfecta transparencia de la acción comunicativa, pero, a diferencia de Carl Schmitt, tampoco suscribe la concepción binaria e irreductible del antagonismo. Las comunidades no se rigen por una distinción agónica entre amigos y enemigos sino que están atravesadas por múltiples subjetividades en litigio.

La bipolaridad revolución/contrarrevolución o revolucionarios/contrarrevolucionarios, que rige la legislación constitucional y penal cubana, sería una buena muestra de aplicación del principio de la "diferencia irreductible", criticado por Rancière en sus objeciones a Schmitt y Agamben.

La política moderna, por el contrario, "obedece, según Rancière, a la multiplicación de las operaciones de subjetivación que inventan mundos de comunidad que son, a la vez, mundos de disentimiento".[9]

"Mundos comunes", agrega, que no son "mundos consensuales", en los que el "sujeto político argumentado" por las leyes y los discursos policíacos, interviene como argumentador e interpelador de la sociedad y el Estado.[10]

Esa democracia, entendida como incontenible "despliegue de dispositivos de subjetivación a partir del litigio", produce un tipo específico de relación entre el ciudadano, las leyes y las instituciones. Una relación, que Rancière, siguiendo a Claude Lefort, llama "instituyente", es decir, vinculada a la construcción de nuevas instituciones por la vía asociativa y deliberativa.

La Constitución, las leyes electorales y el Código Penal cubano, por el contrario, parten del principio de que el ciudadano se relaciona con un orden instituido, el Estado socialista irrevocable, dentro de cuyos límites deben reproducirse todas las formas lícitas de sociabilidad y competencia.

Como en todas las sociedades del planeta, en Cuba, esa reducción de lo político a lo policíaco no se logra plenamente (porque los actores de la sociedad civil con su presión autonómica lo impiden, no porque el poder no se proponga un control total). Pero las rígidas formas de subordinación de los sujetos a lo instituido, el arcaísmo del repertorio de derechos concedidos a la ciudadanía y la opacidad que los propios derechos políticos manifiestan en la esfera pública y el lenguaje legal, hacen de nuestro país una de las experiencias históricas más alejadas de la radicalización de la democracia que se vive a principios del siglo XXI.

Cuba se encuentra desde hace dos décadas inmersa en un proceso de cambio económico, social y cultural que está transformando el modelo de sociedad construido en las primeras décadas de la Revolución. Ese proceso de cambio se ha reflejado parcialmente en el orden legal y constitucional en dos momentos reformistas: la primera mitad de los 90 y los últimos cuatro años del gobierno de Raúl Castro.

Hasta ahora, sin embargo, esas transformaciones no han alterado el sistema institucional, el texto constitucional y el Código Penal, en aquello que estos últimos determinan el régimen político insular de partido único y oposición ilegal y punible.

La transformación de un régimen político no necesariamente debe darse acompañada o precedida por una reforma constitucional. Sin embargo, en algún momento, la Constitución, las leyes y el Código Penal deberán reflejar los cambios que se produzcan en el tejido institucional de la sociedad y el Estado.

Es difícil imaginar cómo podría evitarse la reforma de los capítulos 53º, 54º y 62º de la Constitución actual, que restringen las libertades públicas de los ciudadanos a las organizaciones y medios del Estado, en el transcurso o al final de una dilatación de los derechos políticos en Cuba.

Antes que una derogación del artículo que establece la irrevocabilidad del socialismo; antes, incluso, de una reforma electoral o de un rediseño del sistema de partidos, la democratización cubana requiere de una extensión de los derechos políticos de los ciudadanos y de una despenalización de la oposición pacífica.

Cualquier movimiento en este sentido potenciaría el proceso de constitución de nuevos sujetos políticos, que se ha acelerado en los últimos años, y contribuiría a naturalizar, como recomienda Rancière, el desacuerdo, la interpelación y el litigio en la vida pública cubana.

 


Este texto fue leído como ponencia en el XXX Congreso de LASA (San Francisco, 24 de mayo de 2012).

[1] Michael Ignatieff, Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 110-125.

[2] Thomas Humphrey Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge, Cambridge University Press, 1950, pp. 30-39.

[3] Bartolomé Clavero, "Estado plurinacional. Aproximación a un nuevo paradigma constitucional americano", en Adriana Luna, Pablo Mijangos y Rafael Rojas, De Cádiz al siglo XXI. Dos siglos de tradición constitucional en Hispanoamérica, México D.F., CIDE/ Taurus, 2012 (en prensa).

[4] Leonel de la Cuesta, Constituciones cubanas, Miami, Alexandria Library, 2007, pp. 463-464.

[5] Ibid, p. 499 y 533.

[6] Ibid, p. 465.

[7] Jacques Rancière, Op. Cit, p. 27.

[8] Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, pp. 61-62.

[9] Ibid, p. 79.

[10] Ibid.