Viernes, 30 de Septiembre de 2016
01:27 CEST.
Opinión

Y sin 'embargo', ¿qué sería?

La extrema prolongación de los conflictos en la arena política tiende a magnificarlos de forma tal que, con el tiempo, superan las causas que originalmente los generaron y pasan a convertirse en fuente de nuevos y complejos conflictos. Es el caso del muy manipulado embargo del Gobierno estadounidense contra el Gobierno cubano —mal llamado "de EE UU contra Cuba"—, que constituye en la actualidad uno de las dilemas más importantes para la Isla por las consecuencias que pueden acarrear tanto su permanencia como su revocación, de cara a un eventual proceso de transición.

Es un hecho que la situación actual no es ni remotamente parecida al escenario en que se impuso la controversial medida. Tampoco es menos cierto que se trata de una pieza obsoleta que no ha logrado cumplir el objetivo para el que fue concebido, pese al medio siglo transcurrido.

Por su parte, el Gobierno cubano, supuesto destinatario, ha tenido la habilidad de utilizarlo en su beneficio, de forma tal que resulta casi imposible concebir la supervivencia del régimen sin la apoyatura que su ideología y política han encontrado en el embargo. Por esa causa, y teniendo en cuenta que las víctimas directas del conflicto siempre han sido los cubanos comunes y no el Gobierno, siempre me he manifestado contraria al embargo y he abogado por su derogación.

En tiempos recientes, las fuerzas anti-embargo parecen arreciar con mayor empeño, reforzadas por otros intereses que se incorporan al clamor: los grupos de empresarios cubano-americanos que aspiran a invertir capitales en la Isla. Diríase que la vieja política restrictiva va quedando cada vez más aislada.

Sin embargo, a la luz de la realidad actual, la disyuntiva que ofrece el conflictivo embargo parece resultar contraproducente en cualquier caso: por una parte, la permanencia de la medida continuaría nutriendo los argumentos del Gobierno cubano y de quienes lo apoyan desde el exterior; por otra, su eliminación incondicional podría traer consecuencias nefastas para el futuro de los cubanos a mediano plazo, toda vez que la liberalización de las inversiones extranjeras, actualmente frenadas por la medida, producirían un efecto directo económicamente beneficioso para el régimen y sus sucesores de la nomenklatura.

Pocos se atreven a debatir este tema. Es, por así decirlo, un campo minado en el cual puede detonar cualquier explosivo, ya sea con la etiqueta de "traidores" o con el rótulo, casi siempre despectivo, de "dialogueros".

De cualquier modo, vale preguntarse —parodiando el título de un excelente artículo del académico Alexis Jardines que establece una aproximación al futuro de Cuba a partir de lo ocurrido en las transiciones de los años 90 tras los regímenes socialistas de Europa del Este—, ¿a quién beneficiaría actualmente el levantamiento incondicional del embargo?

Habría que buscar una respuesta a partir del proceso que se viene gestando en los últimos años, luego de la toma del poder "por asignación" del General Raúl Castro. Algunos de los rasgos de este proceso son: la declarada falta de voluntad política del Gobierno para promover cambios democráticos en el país; el incremento de la represión, fundamentalmente contra los activistas de la sociedad civil alternativa y los líderes de la oposición; la insuficiencia e incapacidad de las medidas económicas que se han estado implantando para paliar la crisis socioeconómica nacional, agravadas por las altas tasas de impuestos a los cuentapropistas y otras limitaciones inherentes al sistema; la deliberada estrategia oficial dirigida a impedir el surgimiento de una clase media próspera capaz de ganar espacios de autonomía; y más recientemente, la alianza entre el Gobierno y la alta jerarquía católica a espaldas de la población y desconociendo como interlocutores a los diversos componentes activos de la sociedad civil y la oposición.   

Ante esa realidad, no parece probable que el levantamiento del embargo traiga beneficios reales a la población cubana. Más bien, favorecería el afianzamiento de las elites de la nomenklatura, ya apropiadas de las más importantes y promisorias plazas de la economía, y, en consecuencia, daría lugar a una seudo-transición preñada de deformaciones, a la vez que coadyuvaría a la legimitización de las exclusiones.

Simultáneamente, un nuevo potencial actor —un sector de empresarios cubano-americanos— ronda la escena, animado ante la perspectiva de un mercado prometedor y casi virgen para adelantar su capital y tener asegurada la plaza cuando finalmente se precipiten los pedazos del fracturado modelo socialista.    

De cara a un futuro mediato, mientras la crisis económica se profundiza con más celeridad que los anunciados cambios y reformas gubernamentales, el panorama se dibuja poco promisorio para todos los que aspiran a una Cuba democrática. La debilidad de la sociedad civil emergente, unida a la total indefensión ciudadana, a la supervivencia impuesta por las precariedades cotidianas, a la desinformación crónica y a la escualidez de las estructuras cívicas, entre otros factores, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que, efectivamente, se reproduzcan en la Isla los patrones de las transiciones de los países de Europa del Este. Los destinos políticos del país estarían en manos de los mismos tecnócratas del actual Gobierno, debidamente renovados y maquillados para el nuevo escenario.

Ciertamente, el embargo es una política fracasada y anacrónica, uno de cuyos males fundamentales ha sido ofrecer la justificación idónea al Gobierno cubano para desmontar la sociedad civil y sofocar todo atisbo de inconformidad o civismo. Pero todo cambio extremo entraña riesgos, y el costo político y social de una promesa económica puede resultar extremadamente alto. Hoy los cubanos están más desamparados y huérfanos de derechos que 50 años atrás, y no ocupan lugar alguno en la lista de prioridades de los artífices del viejo conflicto ni de los nuevos conciliadores.

Más aún, las alianzas y cabildeos se están urdiendo entre bambalinas, justamente entre aquellos que no más ayer eran enemigos acérrimos: el Gobierno totalitario, la Iglesia Católica y un sector de empresarios de la diáspora, otrora siquitrillados y despojados por este mismo Gobierno.

Los cubanos de acá no estamos invitados al ágape.

Obviamente, ya pasó la época  de las quejas y las denuncias y urge a la sociedad civil cubana ejercer sus derechos sin tutelajes. La democracia no va a venir de la mano de las alianzas ni de un súbito gesto amistoso de este u otro gobierno. Malo es ya que nos excluyan, imperdonable sería que nos autoexcluyéramos.