Jueves, 29 de Septiembre de 2016
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60 años sin democracia

Soberanía popular secuestrada

Los cubanos hemos hecho, a lo largo de nuestros escasos 110 años de historia como República independiente (1902-2012) dos transiciones políticas muy importantes: la primera en 1901 —cuando nos liberamos de España, sabiendo asumir el concepto nación por encima del de anexión, autonomía o provincia— y en 1940 —cuando nos liberamos de EE UU consolidando nuestra independencia. Porque es obvio que la Enmienda Platt coartaba la soberanía de la naciente república y sometía a la Isla a una tutela sine die de una tercera nación con opción militar garantista/intervencionista sobre sus derechos y no los nuestros.

Sanguily había sido prudente al decir, ante el primer parlamento libre del Cerro habanero, que era mejor una "república con Enmienda a una Enmienda sin república". Pero en 1933, los verdaderos revolucionarios cubanos (el término "revolucionario" siempre fue sinónimo del "33", luego se tergiversó en 1956) prefirieron desalojar el continuismo autoritario "machadista" y el "injerencismo" yanqui para alumbrar la democracia representativa.

En ambas transiciones, tanto en 1901 como en 1940, los legisladores y políticos patrios supieron asumir tres principios de máxima consideración jurídica y humana, supra legales en aquel tiempo, vigentes incluso hoy: a) la libertad; b) el pluralismo político y c) la tolerancia y los derechos humanos, que supieron plasmar con mayor o menor éxito en aquellas dos constituciones que hoy, 72 años después de la última de ellas, nos recuerdan que podemos, que es posible, avizorar un futuro mejor para una Cuba desgastada por la dictadura más larga de la Era Moderna.

Aquellas dos cartas magnas propiciaron esencialmente que los cubanos nos diéramos a nosotros mismos, con la impronta y legado de nuestros padres fundadores mambises —que habían hecho otras tres constituciones en plena Guerra de Independencia—, una patria común, indivisible y acogedora de todos los cubanos. Imperfecta, pero subsanable; imberbe, pero enseñable. A Cuba, isla aislada, le faltaba el hervor del tiempo y la sazón del uso y la costumbre de vivir bajo el imperio de la Ley, no a merced de la voluntad de los hombres (por muy salvadores de la patria que éstos pretendiesen llamarse).

Pedirnos a los cubanos el mismo nivel de madurez que otras naciones latinoamericanas liberadas de España en 1808-1812, con casi cien años de experiencia republicanas soberanas, era, a la altura de aquella primera mitad del siglo XX, un auténtico eufemismo en lo político y peor aún en lo jurídico. Cuba era una joven de 38 años cuando aceptó imponerse el criterio más importante de cualquier nación que quiere vivir en paz con sus ciudadanos: renunciar a las armas y dotarse de una Constitución con todos y para el bien de todos.

Era preciso, pues, y así fue, restañar las heridas de la Revolución del 33, invocando primeramente a Dios y acto seguido al interés general del pueblo bajo el clamor de "la patria dentro, los partidos fuera" (Márquez Sterling), para comenzar a negociar, en una Mesa común, artículo por artículo, la redacción de la Constituyente de 1939 en el Capitolio de La Habana.

Es decir, todas las tendencias políticas tuvieron cabida allí —comunistas incluidos: Juan Marinello, Blas Roca, Salvador García-Agüero, etc. Nadie fue excluido del suelo común que les vio nacer porque todos aceptaron a priori la premisa de que la Ley estaría por encima de las ideologías y de los intereses particulares. De esta manera, conforme al voto delegado de los electores (he ahí la soberanía que debemos restituir), estos elegidos del pueblo comenzaron a redactar, mediante comisiones legislativas de consenso, discusión y voto libre, una Carta Magna que, una vez aprobada en ese Parlamento, sería luego sometida a referéndum popular para su ratificación.

Así quedó cimentada una República de valores que apuntaba buenas maneras en su inicio, pero que anduvo a traspiés por la corrupción tolerante desde el poder, la violencia político-gangsteril, la inseguridad ciudadana y el nepotismo, caldos de cultivo para el nefasto 10 de Marzo de 1952 y, a partir de ahí, en caída libre hasta el 1 de Enero de 1959, donde acabó por ser desmantelada en pedazos.

¿Qué podemos decir de la Constitución de 1940? Muy someramente las siguientes características:

1) vigencia de un nuevo derecho constitucional de tendencias más sociales —algunos la han llamado de perfil socialdemócrata con una fuerte carga de orden sindicalista/garantista—, aunque con respeto irrestricto de los derechos individuales.

2) ensayo de un nuevo sistema de gobierno, el semiparlamentario (donde el Jefe de Estado o Presidente electo designa al Primer Ministro y éste conforma el gobierno y controla toda la función del Parlamento), así como de nuevas instituciones como el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal de Cuentas, y de nuevos procedimientos como el Estado de Emergencia Nacional.

3) multiplicidad de partidos políticos y uso de las coaliciones electorales para ganar peso parlamentario.

4) ritmo normal del sistema electoral cada cuatro años y sin opción a ser reelegido.

Durante aquellos 12 años se realizaron varias elecciones presidenciales (Fulgencio Batista, 1940-44; Ramón Grau San Martín, 1944-48; Carlos Prío Socarrás, 1948-52) y se realizaron elecciones parciales para elegir y renovar las Cámaras (la de Representantes o nacional, la baja, y el Senado o territorial, la alta) en 1942, en 1946, y en 1950.

La crítica más importante de esta Constitución es su inoperancia en algunos extremos, por falta de Leyes Complementarias que diesen soporte y contenido a los derechos enarbolados constitucionalmente. Dicho de un modo simplista: era como tener un auto impresionante por fuera pero que, al intentar arrancarlo, funcionara mal porque algunas piezas no encajan o, peor aún, ni siquiera existen.

Gran parte de esta inoperancia sería posteriormente subsanada por el gobierno de Prío Socarrás, mejor que el de Grau, a través de medidas legislativas; pero que no fueron suficientes.

Fulgencio Batista dio un golpe de Estado, animado por conspiradores civiles y militares (con un solo muerto accidental), rompiendo el proceso constitucional iniciado por la Constitución de 1940. En los siete años de su dictadura autoritaria o gobierno de facto hasta su caída como consecuencia del triunfo de la revolución castrista el 1 de enero de 1959 (que en puridad legal no deja de ser también otro golpe militar), se promulgaron los Estatutos Constitucionales del Viernes de Dolores del 4 de Abril de 1952, que suplantaron a la Constitución de 1940.

Estos Estatutos reprodujeron en lo fundamental dicha Constitución, si bien contemplaron algunos someros cambios orgánicos. Se suprimió la figura del Vicepresidente y se dejó sin efecto el Poder Parlamentario, quedando todas las facultades legislativas o de promulgación de leyes en manos del Presidente asistido del Consejo de Ministros y por un Consejo Consultivo. Se gobernaba a golpe de decretos-leyes, y el Congreso quedó "de receso indefinido".

Batista volvió a reinstaurar la Constitución de 1940 el 24 de Febrero de 1955, después de ganar las elecciones amañadas de 1954, pero su puesta en funcionamiento tenía más carácter formal que legal. Volvió a abrirse el Congreso (que, por cierto, ese mismo año aprobó una amnistía para poner en libertad a todos los presos que habían asaltado militarmente el Cuartel Moncada en 1953, con Fidel Castro al frente) y se aprobó una Reforma Constitucional en 1957.

Como es sabido, el proceso insurreccional armado de Castro en Sierra Maestra, la lucha clandestina en las ciudades, el apoyo popular a los "alzados" y la incapacidad e inapetencia militar del Ejército Constitucional de Batista para hacer frente al Ejército Rebelde, trajo como consecuencia el éxito de éste último y el triunfo de la revolución. Con ésta, se promulgó, en febrero de 1959, la Ley Fundamental 1/59 (después de haber hecho 5 modificaciones por parte del Poder Ejecutivo rebelde —con facultades legislativas— a la Constitución de 1940 en menos de dos meses) que derogó la anterior Carta Magna de 1940.

La única Constitución que se dieron los cubanos en plena libertad política (pues la de 1901 se hizo a la sombra de un gobierno interventor norteamericano), había sido enterrada.

"La Revolución es fuente de Derecho", dictaminó en un Pleno sumarísimo y vigilado la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en enero de 1959. Esta era la legalidad que buscaba refrendar a toda costa y forzosamente el artífice jurídico del nuevo régimen, el abogado habanero Osvaldo Dorticós, para arropar a Fidel Castro al poder sin que se le imputara delito alguno con el Código de Defensa Social (Penal) en la mano.

La Ley Fundamental 1/59 castrista fue modificada en multitud de ocasiones hasta la promulgación de la Constitución comunista de 1976, a imagen y semejanza de las que imponía la Unión Soviética a sus países satélites: Cuba se institucionalizaba, constitucionalmente, como nación socialista, en construcción del comunismo y con un Partido Comunista único como fuerza rectora y dirigente de la sociedad y del Estado.

Desde una premisa de análisis constitucional moderno, en Cuba no se da ninguno de los postulados básicos para definir a nuestro país como un Estado de Derecho, mucho menos democrático, sino todo lo contrario. No impera la ley como expresión de la voluntad popular de un modo libre, plural y soberano. Tampoco hay control judicial sobre los actos de la administración (los jueces tienen militancia política, así como los fiscales, y su estatuto profesional depende del Estado o Poder Ejecutivo, no es independiente). No existen garantías de la constitucionalidad de las leyes, porque hasta cuando las leyes del régimen vulneran la Constitución no existe modo en Derecho procesal para impugnar la existencia de estas normas. El Parlamento no tiene representantes de la oposición —de hecho, la oposición es ilegal o, en el mejor de los casos, alegal. La división de poderes no existe con su concomitante equilibrio y autocontrol entre ellos (el poder moderador de la prensa, como cuarto poder, está proscrito). Tampoco hay garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales, lo cual es piedra angular para la existencia de la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y, finalmente, se blinda para que el régimen político no pueda ser modificado, declarando fuera de la ley cualquier acto que pretenda cambios en ése o cualquier otro sentido.

Sin embargo, nada es inamovible en Derecho, por más que se intente blindar un sistema político. Precisamente porque la ley en sí misma no es otra cosa que un instrumento en manos del Estado cuya esencia descansa, por delegación, en la voluntad popular, lo que hoy llamamos soberanía del pueblo. Ante la soberanía popular, todo el Estado y el Derecho quedan sometidos. Convocar y restituir, por tanto, la soberanía popular —hoy secuestrada— a todos los cubanos para poder construir y convivir en un Estado Constitucional de Derecho, es razón vital e inexcusable para recuperar el futuro.