Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
23:38 CET.
Opinión

Editorial: Factor regional y migraciones internas

El Gobierno cubano ha anunciado la flexibilización de algunas normas migratorias internas, referidas al traslado permanente a La Habana desde otras provincias. Los cambios, en la misma línea del resto de las reformas raulistas, evidencian lo injusto del viejo decreto, pero también las graves limitaciones que aún persisten.

Ciertos desplazamientos internos quedan autorizados en nombre de la "reunificación familiar". La adopción de un concepto comúnmente reservado al intercambio entre naciones indica que la migración interna es parte de una problemática mayor, que incluye también a la emigración cubana. Se trata, en lo interno y en lo externo, de control ejercido sobre la ciudadanía, despojando a ésta de sus derechos más elementales.

Actualmente, La Habana padece de una sobrecarga poblacional que afecta a los servicios públicos y que disminuye aún más la calidad de vida de sus habitantes. El estado constructivo de la capital resulta uno de los problemas nacionales más acuciantes.

Resulta igualmente insostenible la situación del resto del país, pues a la histórica metropolización cultivada durante siglos ha venido a sumarse el agravamiento económico y social de estos últimos 52 años.

Pese a ello, los habaneros no son responsables del panorama terrible que sufren los pobladores del resto del país, ni aquéllos de la ruinosa imagen de La Habana. Por tanto, resulta inadmisible afrontar tales problemas desde la represión o desde el fomento del odio regionalista.

El retoque del decreto vigente no mejora los aspectos inconstitucionales de éste, ni consigue ajustarlo a los requerimientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las autoridades cubanas deberían derogar inmediatamente todas las restricciones que impiden a los ciudadanos el ventilar libremente sus problemas migratorios, y harían bien en articular políticas de desarrollo que estimulen la movilidad productiva por la Isla.

El establecimiento de una mayor autonomía de provincias y municipios, junto a la promoción de incentivos fiscales que agilicen la inversión en zonas económicamente deprimidas, son algunas de las medidas que ayudarían a autorregular la emigración hacia la capital.

Urge encontrar soluciones al respecto pues el factor regional, junto al racial, resultará decisivo de cara a una transición democrática.

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