Lunes, 18 de Diciembre de 2017
00:36 CET.
Política

Inmovilismo

No hay país más previsible que la Cuba de los hermanos Castro, que han hecho del inmovilismo un dogma para perpetuarse en el poder, pase lo que pase en el resto del mundo. La Isla ha resistido a todos los vientos de cambio, primero a los que acabaron con su aliado soviético, hace veinte años, y ahora a los que están barriendo a los Gobiernos árabes. A pesar de —sería más exacto decir: gracias a— las medidas para "actualizar" el socialismo, todo sigue igual desde que Fidel enfermó hace cinco años y fue sustituido paulatinamente por su hermano menor, Raúl, que ha cumplido ochenta años en junio pasado.

No le quitaría una coma a este párrafo que escribí hace más de dos años: "Cuba no tendrá remedio mientras estén los Castro. Los dos hermanos saben que cualquier cambio de rumbo, cualquier apertura política, les llevará inevitablemente a perder el poder, como ha ocurrido en los otros países del 'socialismo real'. Y, para que las cosas no cambien, los pocos recursos de la isla sirven para mantener un costosísimo aparato de seguridad, encargado del espionaje político dentro y fuera de Cuba".

Como lo acaban de confirmar los datos publicados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), la represión no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado: hubo "al menos 563 detenciones por motivos políticos durante septiembre […], la cifra más alta en los últimos 30 años". Según la CCDHRN, la mayoría de los arrestados fueron liberados rápidamente, pero unos doce opositores están "a la espera de juicios en prisiones de alta seguridad", donde están internados otros 80 presos políticos, ya condenados o procesados. Se puede hablar de un cambio de estrategia en la represión, una dosificación calculada, pero en ningún caso de una apertura. Incluso, la liberación progresiva de los 75 disidentes detenidos desde la "primavera negra" de 2003 —la mayoría tuvieron que exiliarse en España a cambio de su excarcelación— fue manejada como una operación destinada a romper la posición común de la Unión Europea sobre Cuba. Y La Habana logró su objetivo.

Muchos se preguntan por qué los cubanos no se lanzan a la calle como lo están haciendo los árabes en varios países. Habrá, sin duda, muchas explicaciones políticas, culturales o históricas. La revolución de 1959 y su posterior fracaso parecen haber vacunado a los cubanos contra los procesos políticos violentos. Por otro lado, al presentar cualquier expresión opositora como una traición a la patria, el régimen se ha otorgado el derecho "legítimo" de recurrir a la represión para acallar a los disidentes, sistemáticamente calificados de "mercenarios" al servicio de Estados Unidos. Además, a diferencia de las exdictaduras en Argentina o en Chile, cuya brutalidad desataron grandes olas de protesta internacional, los Castro han desarrollado un sistema represivo mucho más sofisticado y eficaz. Cárceles llenas en lugar de ejecuciones extrajudiciales (las hubo también, pero disfrazadas de accidentes, decesos en prisión o de salida "ilegal" del territorio), utilización de las turbas en los siniestros "actos de repudio" para asustar y golpear a los opositores, redes de chivatos en los barrios, las empresas o las escuelas, etcétera.

El factor insular ha facilitado la labor de los aparatos represivos. Y, a diferencia de la mayoría de los países árabes, el régimen cubano no ha permitido el desarrollo de internet. Hace poco, se instaló un cable de fibra óptica submarino entre Venezuela y Cuba, pero su uso está reservado a la gente de confianza del Gobierno. Los demás (apenas 16% de la población) tienen acceso a una red censurada y muy lenta. Internet se ha convertido en un asunto de seguridad nacional en La Habana, incluso antes de que las redes sociales contribuyeran a acelerar la caída de las dictaduras en Túnez, en Egipto y, menos, en Libia. Por esto no sorprende la condena a 15 años de prisión impuesta a Alan Gross, ese ciudadano estadounidense acusado de haber traído a la Isla teléfonos de alta tecnología que permiten el acceso a Internet sin pasar por la red estatal.

Los hermanos Castro están en la lógica de cualquier régimen totalitario: no ceder en nada sustancial para conservar el poder absoluto. El despido escalonado de cientos de miles de empleados, que el Estado ya no puede pagar por falta de recursos, o las licencias para abrir pequeños negocios privados son medidas destinadas a ganar tiempo. No son el resultado de una voluntad política que busque el bien común para una sociedad agobiada por las penurias y humillada por sus propios dirigentes.

 

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