Jueves, 14 de Diciembre de 2017
23:42 CET.
Opinión

Por qué me desagrada el camarada Rivera

El representante David Rivera (R-Florida) soltó ya su intención legislativa de cancelar el estatus de residente a los cubanos que regresan a la Isla antes de hacerse ciudadanos americanos (a los cinco años, contados a partir de su admisión en EE UU o —según otra versión— estirar a cinco años el plazo para obtener la residencia. Así no solo sirve a Castro en bandeja mediática otro pretexto banal para las escaramuzas de ideas, sin llegar a dar la batalla, sino que enreda por gusto la pita del "problema cubano", al guardar solo apariencia de línea dura.

Rivera dijo a El Nuevo Herald que "la intención original de la Ley de Ajuste Cubano era proporcionar un estatus [legal] a los refugiados cubanos, porque no podían regresar a Cuba". Al pie de la Estatua de la Libertad (Nueva York), el 3 de octubre de 1965, el presidente Johnson adelantó otra intención: quienes "buscan refugio en los Estados Unidos van a encontrarlo". Así que no era ya solo legalizar a quienes estaban dentro, sino también acoger a quienes se hallaban todavía en la Isla con ánimo de escapar. Tal fue la respuesta irreflexiva de Washington a la jugada magistral de Castro, el 28 de septiembre de 1965, de anunciar su primera invasión demográfica a EE UU: "Nadie que quiera tendrá que irse escondido, ¡no!; les prestamos hasta un barquito para que se vayan (…) Podríamos habilitar (…) el puerto de Camarioca [y a] todo el que tenga algún pariente le damos permiso para venir en el barco".

Esta operación marítima se transformó en invasión aerotransportada, que sentaría a Miami como comunidad bilingüe (The Miami Herald, junio 26 de 1966), pero los vuelos podían llamarse "de la libertad" al traer mayoritariamente desafectos, que pasaban temporadas en la agricultura antes de poder viajar y eran esquilmados con la confiscación de bienes al amparo de la Ley 989 (diciembre 5, 1961) del Gobierno Revolucionario. Así y todo, Felipe Rivero advertiría que el exilio anticastrista era tan "ignorante y desinformado" que Castro ni siquiera necesitaba aliados (The Miami Herald, septiembre 29 de 1966).

La ley y la trampa

Tal situación se iría agudizando y entretanto la Ley de Ajuste Cubano (Ley Pública 89-732, de 2 de noviembre de 1966) dejó de serlo en sentido estricto, al ser engullida por el Código Federal (Título 8, Sección 1255) con la coyunda de la Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (1996): el ajuste cubano se abrogará si y solo si el presidente de EE UU certifica, conforme a la sección 203(c)(3) de la Ley Helms-Burton (1996), que un democratically elected government in Cuba is in power.

Así que no se puede entrar al ajuste cubano por ninguna puerta legal propia, sino por la ventana de la ley Helms-Burton. Rivera dirá que tal certificación del presidente se requiere para abrogar el ajuste, no para modificarlo, pero así solo concitaría el entuerto de que toda modificación sensible no es más que un nuevo ajuste que deroga el ajuste original.

La clave estriba en que la ley Helms-Burton tendió la trampa de que el ajuste cubano subsista hasta que desaparezca el castrismo y ese mismo ajuste ya no tiene vigor político para contribuir a la desaparición del orden castrista en Cuba, sino más bien para perpetuarlo. Hace rato que los cubanos no vienen a EE UU a ajustarse para volver a la Isla en son de guerra o a fomentar la oposición pacífica. Sobre todo vienen y van a resolver. De este modo redondean el negocio castrista de paliar el desgobierno en Cuba con flujo sostenido de inmigrantes, en doble función de válvula de escape al salir y fuente de divisas al entrar en EE UU, donde sus vínculos familiares son secuestrados por "la industria" (viajes y remesas, paquetes y llamadas) que Castro montó desde que el presidente Carter entreabrió la puerta.

Por ahí Castro coló su firma de bandera panameña Havanatur, como agencia de viajes exclusiva para la "comunidad cubana", así como a Fernando Fuentes Coba para que registrara (febrero 15, 1977) American Airways Charters (AAC) en Hialeah y proveyera aeronaves fletadas y servicios a Havanatur. Llegó a colar a muchos más agentones de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) del MININT, incluido Max El Guatón Marambio, alias Carlos Alfonso. Estos enclaves empresariales iniciaron la primera fase de colonización castrista del sur de la Florida. Se montó la industria de expolio a los exiliados, con precios monopólicos desde para llamar por teléfono hasta para volar a la Isla. La segunda fase (asentamiento poblacional) principió por la invasión demográfica desde Mariel (1980), con los propios medios de los exiliados, y continuó con la Crisis de los Balseros (1994), que Castro desató el 8 de agosto de 1994 al autorizar a los cubanos de la Isla para emigrar con "medios propios".

Tras los acuerdos migratorios Cuba-EE UU (1994 y 1995), la invasión prosigue con sordina: junto a la "inmigración legal y ordenada" de 20 mil visas anuales —exclusivas para cubanos— entran miles y miles por mar, tierra o aire, quienes propician otras industrias paralelas: tráfico de personas y cambalache migratorio. Así escapan del "cataclismo" a la libertad, pero…

El desajuste

La migración cubana se ha vuelto descaro: la gente sale de Cuba, alega en el punto de entrada a EE UU que escapó a la persecución castrista, sacan lasca residencial del ajuste cubano y enseguida se desajustan con visitas adonde eran perseguidos. Está claro que cada cual se debe primero a su familia que a cualquier Estado, pero EE UU no tiene obligación alguna de preservar ni de reunificar las familias cubanas. Eso es cosa de la patria y no del sur de la Florida, donde el exilio se precipita a niveles cada vez más bajos de militancia política anticastrista.

El ajuste original aludía a refugiados, pero el término perdió la vergüenza hasta en el lenguaje oficial. El presidente Clinton celebró su cumpleaños 48 (agosto 19, 1994) con la decisión, en medio de la invasión castrista de balseros, de que los "refugiados ilegales" no serían admitidos. Para septiembre 9, la Casa Blanca y Punto Cero refinaban el juego lingüístico en comunicado conjunto: los "emigrantes" en alta mar serían devueltos a la Isla. Castro mismo pondría la tapa al pomo conceptual con su reflexión de 25 de marzo de 2011, que insta a EE UU a sacar una "ley de ajuste para todos los latinoamericanos".

Tampoco la disidencia simbólica da pie con bola dentro de la Isla. Luego de noticiar Rivera su intención, Oswaldo Payá divagó con la defensa del derecho de los cubanos a entrar y salir del país, Guillermo Fariñas confesó tener opinión "ambivalente" —que vale tanto como no tener ninguna bien fundada— y Yoani Sánchez se apeó con que los cubanos residentes en EE UU que visitan Cuba son "embajadores democráticos y de libertad". Los derechos de los cubanos residentes en EE UU no merman por cortarse la vía descarada de viajes a Cuba. Ese corte solo terminaría con "la industria" de Castro. Los exiliados seguirían libres de moverse a terceros países para después aterrizar o desembarcar alegremente en la Isla. Por lo demás, atribuirles rango de embajadores parece una broma colosal. Nada han conseguido desde 1978 salvo "empoderar" a los gerentes de "la industria" en ambas orillas.

¿Qué hacer?

Si Rivera tuviera claro el "problema cubano" no andaría con medias tintas. Antes que parchar el ajuste cubano debería procurar presión en el Congreso de EE UU para que la Casa Blanca empiece a cortar de cercén el chantaje migratorio de Castro con la denuncia de los acuerdos migratorios. Nada justifica que Washington otorgue 20 mil visas al año a los cubanos para ensanchar su asentamiento en EE UU y retroalimentar así la economía de Cuba con más viajes, remesas, llamadas y paquetes. La dictadura de Castro dista mucho de ser justificación: ningún país tiene derecho a descargar por tanto tiempo sus faltas en el gobernante. Máxime si sus inconformes tienden a expiarlas yéndose a otro país.

Si Washington denuncia los acuerdos migratorios, La Habana pregonará que el imperio canceló la "emigración legal y ordenada" para incitar aún más a la inmigración ilegal al amparo de la "ley asesina" de ajuste cubano. Solo que el imperio procedería a modificar la ley Helms-Burton —para derogar la exigencia de certificación presidencial de gobierno democrático en Cuba— y enseguida abrogaría los párrafos del Código Federal sobre ajuste cubano. Nadie se llame a engaño: esa transición democrática por la cual se espera para abrogarlo es mera imaginación cubanológica. La tarea política estriba en impedir a tiempo, con la independencia de EE UU respecto a la inmigración cubana, que el castrismo se extienda por el sur de la Florida y caiga, con esa fuerza más, sobre las tierras de la Unión Americana. No se trata del régimen político en sí, sino de su legado duradero de ciudadanía conformista y gestión paralela de negocios para expoliarla bajo el velo de la familia y la cultura.

Para ir más allá del performance de línea dura, Rivera tendría que cortar la naranja migratoria al medio y desmontar la industria castrista de viajes, remesas y envíos a Cuba. Desde luego que habría que suprimir también los intercambios académicos, culturales y religiosos, que no son más que la continuación del turismo socialista o fidelista por otros medios. Ningún académico ni intelectual, ninguna orquesta o circo, nada rebosante de cubanía es necesario para la cultura floridana y menos aún para la cultura estadounidense. En consecuencia no habría que conseguir ni siquiera ayuda del gobierno estadounidense para la disidencia, que se cocina en su propia salsa, ni para los grupos anticastrista del exilio, que aran en el mar. Todo ese dinero surtiría mejor beneficio si se transfiere al Jackson Memorial Hospital.

Sobre todo Rivera tendría que tirarse contra el lobby estadounidense que viene sumiendo la ley del embargo en la cubichería tradicional de "se acata, pero no se cumple". Para remachar, ¿por qué no cierran ese "nido de la contrarrevolución" denominado Oficina de Intereses y encargan los asuntos bilaterales a la embajada suiza o sueca, para que el grupo político de Castro construya más tranquilo su socialismo? Quizás así el castrismo se venga abajo solito, porque hasta ahora las tentativas —violentas y pacíficas— han surtido nada más que el "efecto perverso" definido por Albert Hirschman en The Rethoric of Reaction (1991): "toda acción que espera mejorar algún aspecto del orden político, social o económico sirve únicamente para exacerbar la situación". Es hora de desvincularse y no hacer nada.

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