Martes, 12 de Diciembre de 2017
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Agricultura

El problema agrario

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En la lucha por la propiedad de la tierra y contra el desalojo en Cuba, muchos  campesinos y trabajadores agrícolas perdieron su vida. Entre ellos Niceto Pérez, asesinado el 17 de mayo de 1946. En homenaje a él y al resto de los mártires del campo, ese día se promulgó la Ley de Reforma Agraria en 1959 y se fundó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en 1961. Una  breve retrospectiva a tan vital problema de nuestra historia permite conformar una idea acerca de lo logrado y lo pendiente en esta materia.

La diversificación de la propiedad agraria comenzó en el siglo XVI con la entrega de haciendas circulares para la cría de ganado a los peninsulares asentados en Cuba. Posteriormente, en los espacios entre haciendas —realengos— se autorizó a otros campesinos a crear sitios de labor, pero la Real Cédula emitida en 1819 para definir los propietarios legítimos, no reconoció a estos últimos. Por esa razón unas 10 mil familias fueron despojadas de la tierra que trabajaban. Posteriormente otros muchos agricultores fueron desplazados por el avance de la industria azucarera, a lo que se unieron las órdenes 34 y 62, dictadas en 1902 por el gobierno interventor, para que las compañías de ferrocarril y los inversionistas norteamericanos pudieran adquirir tierras. De ese proceso emergió el moderno latifundio, que concentró más de la mitad de la tierra del país en manos de empresas nacionales y extranjeras.

La inconformidad del campesinado había comenzado desde 1717, año en que unos 500 vegueros efectuaron una protesta armada contra el monopolio del tabaco que establecía el precio, la cantidad y prohibía vender los excedentes, algo parecido a la actual Empresa de Acopio. Esas protestas se repitieron hasta 1723, cuando fueron ahorcados los cosecheros de Santiago de las Vegas; luego los campesinos estuvieron presentes en las luchas independentistas del siglo XIX. De forma paralela se desarrolló el asociacionismo para la defensa de sus intereses. En 1890 se fundó la Asociación de Colonos en las zonas de Manzanillo y Bayamo, y en 1913 la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba. A partir de 1930 tomó auge la lucha contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, así como por mejores mercados, precios, créditos y rebajas de las rentas.

Bajo la orientación del Partido Comunista, en octubre de 1937, se celebró el Primer Congreso Nacional Campesino y se crearon comités, federaciones y uniones campesinas en las seis provincias del país, algunas de cuyas demandas fueron refrendadas en la Constitución de 1940. En el Segundo Congreso Nacional Campesino, en 1941, se creó la Asociación Nacional Campesina (ANC); de igual forma, pero bajo la dirección del Partido Auténtico se fundó la Confederación Campesina de Cuba (CCC). Durante el gobierno de Fulgencio Batista, entre 1940 y 1944, se instalaron familias en tierras abandonadas del Estado y de latifundistas. Uno de esos casos se realizó en la hacienda Uvita, Sierra Maestra, con más de mil caballerías. Sin embargo, a cada familia asentada sólo le entregaron "cinco gallinas y un gallo, un arado, un machete y unos cuantos pesos", algo parecido a la actual entrega de  tierras en usufructo por el Decreto-Ley 259. A pesar de esos esfuerzos, en 1944 el 54% de la tierra seguía concentrada en grandes propiedades, mientras muchos campesinos continuaban viviendo en la miseria.

En el alegato La historia me absolverá, el doctor Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. En consecuencia, el 10 de octubre de 1958, la Comandancia del Ejército Rebelde, mediante la Ley 3, dispuso la entrega de tierras en propiedad a los que ocupaban lotes de menos de cinco caballerías (67 hectáreas) y el 17 de mayo de 1959 se firmó la Ley de Reforma Agraria, que limitó la gran propiedad a 402 hectáreas y entregó títulos a unas cien mil familias, las que podían obtener 26,8 hectáreas sin pago y comprar lotes adicionales hasta completar 67 hectáreas, es decir, cinco caballerías. Con esta Ley el Estado concentró en sus manos el 40,2% de la superficie cultivable del país.

La Segunda Ley, dictada el 3 de octubre de 1963, rebajó el máximo de 402 hasta 67 hectáreas, con lo que otras 100 mil fincas pasaron a manos del Estado, que aumentó sus propiedades hasta el 70% de la tierra cultivable, concentrando un volumen superior al de todos los latifundios anteriores. Luego, en la década del 70, con el intento de reducir más la propiedad privada, se insistió en la socialización de las fincas que habían quedado en manos de particulares. Resultado de  esa labor, el número de Cooperativas de Producción Agropecuarias aumentó de 136 en 1977 a 1.369 en 1986, el 64% de las tierras privadas; un proceso en el cual la ANAP tuvo que intervenir de manera directa para convencer a los campesinos de unir sus fincas y trabajar colectivamente. En la actualidad las tierras no estatales —aproximadamente una cuarta parte de las cultivables— siembran más de la mitad del tabaco, maíz, frijoles, cacao, café y hortalizas que se producen en Cuba.

Raúl Castro, en el discurso pronunciado el 26 de julio de 2007 en Camaguey, explicó la necesidad de producir en Cuba —donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años habían sido generosas— los alimentos que se están comprando en el exterior a precios elevados. Es decir, tocó el irresuelto tema de la ineficiencia de la agricultura estatal, de la cual el azúcar es un caso paradigmático, ya que la Isla había emergido desde el siglo XVIII como el mayor complejo azucarero del mundo. Sin embargo, dos siglos después, cuando toda la industria y casi toda la agricultura están en manos del Estado, se ha decrecido desde 8,5 millones y medio de toneladas producidas en 1970 a 1,2 aproximadamente en la zafra 2010-2011. Un resultado similar a los primeros años del siglo pasado y sin correspondencia con los miles de profesionales, instituciones docentes e investigativas, maquinarias, sistemas de riego y tecnología ahora existentes.

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados recientemente, se ratificó: que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía; que la empresa estatal socialista es la forma principal; y que se continuará propiciando la participación de capital extranjero. Sin embargo, resulta que el sistema de planificación socialista, el monopolio de la propiedad estatal y el otorgamiento a empresarios extranjeros de derechos que se niegan a los cubanos, están entre las principales causas de la actual crisis. Tres aspectos suficientes para conducir a nuevos fracasos.

Por las razones anteriores, el Gobierno cubano debería reformar el Decreto-Ley 259 para entregar en propiedad a los campesinos la tierra que el Estado fue incapaz de hacer producir, así como aumentar el límite establecido de tres hasta cinco caballerías, en correspondencia con la historia de las luchas campesinas, con la memoria de Niceto Pérez, con las leyes precedentes y con las necesidades del país.

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