Lunes, 18 de Diciembre de 2017
15:51 CET.
Opinión

Editorial: Un crimen de Estado

El pasado domingo falleció en Santa Clara el disidente Juan Wilfredo Soto García, víctima de malos tratos policiales que agravaron su salud, según activistas y testigos, o de una "pancreatitis aguda", según criterio oficial.

Ninguna de las dos versiones exculpa al régimen de su responsabilidad en este asunto. Incluso un simple arresto arbitrario, sin golpiza pero con cierto forcejeo, podría desestabilizar fatalmente a un hombre tan enfermo. Y la suerte de cualquier detenido es, por supuesto, responsabilidad del Estado.

Sobran motivos para creer la versión de la oposición, y no sólo por el récord de detenciones arbitrarias, golpizas y acosos que exhiben las autoridades de la Isla.

A diferencia de otros episodios de violencia policial, no existen por ahora pruebas gráficas de éste. Sin embargo, se cuenta con el relato que diversos testigos hicieran a algunos disidentes y con la confesión del propio Soto García, camino al hospital, al pastor bautista Mario Félix Lleonart, autor del blog cubanoconfesante.com.

Este último punto es significativo, porque Lleonart tuiteó acerca de la golpiza el mismo jueves 5 de mayo, cuando aún vivía Soto. Y salvo que éste auto-orquestara la "campaña" de violencia y muerte para afectar la imagen del gobierno (como La Habana argumentara tras el fallecimiento de Orlando Zapata), los hechos hablan por sí mismos.

Una vez más, la tecnología pone en evidencia al régimen. Las redes sociales, auténtica vía para la democratización de la información, constituyen un instrumento sumamente difícil de manipular e inobjetable.

Resulta sintomática la rapidez y contundencia con que las autoridades han negado los hechos. En muchas partes del mundo ocurren episodios de violencia policial, pero existen en contraposición justicia, organismos y medios independientes. La primera reacción del gobierno en cualquier otro país habría sido el anuncio de una investigación. En Cuba, a diferencia, se hace innecesario investigar pues la policía tiene de antemano la razón, los disidentes son considerados delincuentes comunes y los médicos confirman a pie juntillas la versión que pretenda el gobierno.

Raúl Castro, en el recién celebrado VI Congreso del Partido Comunista, ratificó la orden de reprimir toda manifestación opositora. Es decir, confirmó el papel de la violencia policial y paramilitar como política de Estado. Lo sorprendente entonces es que no se hayan producido más muertes, luego de actos de repudio tan virulentos como los ordenados contra Sara Martha Fonseca y las Damas de Blanco, entre muchos otros.

La comunidad internacional debe tomar nota de lo ocurrido, pues la violencia estatal puede intensificarse en Cuba a corto plazo. Ahora que las largas condenas han dejado de ser (al menos provisionalmente) el modus operandi del régimen, la calle se convierte en un escenario peligroso.

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