Lunes, 18 de Diciembre de 2017
17:43 CET.
Corrupción

¿De dónde sale la corrupción?

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Cualquiera que mire hacia Cuba atentamente habrá tenido tiempo y razones para comprender que dentro de nuestro sistema político resulta imposible eliminar la corrupción. Esa es la química con que se amalgaman los totalitarismos.

Y no es que en otros sistemas de poder la corrupción no está presente. Al paso que vamos, debe haber ya más corrupción que agua en el planeta. La diferencia radica en que en nuestro caso la corrupción está a cargo, con mando absoluto, sin contrapartidas institucionales. Además, mientras que en otros sistemas suele actuar como excrecencia, aquí es orgánica, sustituye al trabajo y a su agente natural, la eficacia económica, deviniendo base de todas las pérdidas.

Es erróneo guiarse por el número de funcionarios, administradores y aun de ministros que fueron sustituidos, para concluir que en la actualidad el régimen está librando una exitosa campaña contra la corrupción. La única manera de avanzar más o menos convincentemente en el control de las prácticas corruptas —que ya forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras nuevas tradiciones— es partiendo de un cambio radical en las estructuras políticas.

Por eso, quienes quieran saber hasta qué punto es auténtica y efectiva la lucha que hoy dice librar el régimen contra la corrupción, no necesitan siquiera fijarse en las defenestraciones de dirigentes (siempre intermedios), o en los operativos de la policía. Basta con que observen el desarrollo común y cotidiano de la vida al nivel de las comunidades populares, en cualquier sitio de la Isla.

Señorea aquí un tipo de corrupción más dañina que la económica, y que de hecho es su mismísimo soporte: la perversidad como estatuto político, que abre un abanico de degradaciones morales, impuesto desde los rígidos dogmas ideológicos del poder, según el cual, por encima de todo concepto y de toda lógica, la gente tiene que pensar y obrar de un modo único, urgida incluso por la ley.

Que bajen sus mirillas los observadores, arrimándolas al nivel de la calle en La Habana profunda, para que constaten, por ejemplo, el tratamiento que las instancias del poder —que aquí son todas las instancias— les prodigan a personas de conducta social intachable, inofensivas y diáfanas, pero opuestas al régimen. Que comparen ese tratamiento con el que generalmente se les dispensa a los funcionarios corruptos, a quienes se enriquecen en forma ilícita ante la vista de todos, a los que no trabajan pero viven a sus anchas mediante el truco de mantener —o fingir que mantienen— adhesión a los perversos estatutos.

Que repasen los observadores la impunidad con que el régimen ha reincidido durante medio siglo en un delito de deformación de la conducta tan grave como el de enseñar a los niños no a elegir libremente, sino a elegir entre socialismo o muerte.

Que traten de hallar otro argumento que no sea el de la cruda perversión política para explicar el estatuto —único en el mundo— que prohíbe a los cubanos residentes en el exterior invertir dinero en su país, en circunstancias de debacle económica nacional, cuando hasta los más ortodoxos analistas del régimen reconocen la necesidad de fomentar la pequeña y mediana empresa privada.

Cuando José Martí advirtió que una nación no puede ser dirigida como si fuese un campamento militar, estaba adelantando el epitafio de esto que aún hoy llamamos la revolución.

Son diversas las razones por las que los líderes cubanos no están capacitados para gobernar. Y la primera es que no les interesa. Lo suyo es el dominio, no el gobierno. No hay pruebas de que hayan proyectado jamás constituir un gobierno según los cánones de la sociedad civilizada. Tal aberración se ha ido emponzoñando con el paso del tiempo y el ejercicio del poder total.

Así llegaron al punto en que para ellos la realidad no está en los hechos reales, sino en su muy particular percepción de los hechos. ¿No es esta acaso la más perversa de las corrupciones que puede exhibir un gobierno de perfil totalitario?

 

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