Domingo, 17 de Diciembre de 2017
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Política

Gross y los Cinco: ¿tiempo de cambio?

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Alan Philip Gross es el primer ciudadano de Estados Unidos molido en el trapiche del artículo 91 del Código Penal (1987), que prescribe de 10 a 20 años de cárcel o pena de muerte a quien, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio. La empresa Development Associates International (DAI) lo envió a Cuba, con visa de turista, a ejecutar un programa contratado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que incluía repartir laptops y teléfonos celulares dizque en la comunidad judía.

No es plausible que USAID, DAI y Gross desconocieran que el lugar de ejecución del contrato es una isla donde se prohíbe a particulares adquirir mimeógrafos (Resolución 180-96 del Ministerio de Comercio Interior). Luego de dar pita suficiente para que Gross viajara a Cuba seis veces en 2009, Castro mandó a prenderlo el 3 de diciembre de ese año, cuando Gross se disponía a volar de regreso a EE UU. El canje por los cinco espías penitentes de la Red Avispa se vislumbró desde que Raúl Castro soltara en sesión de la Asamblea Nacional, el 20 de diciembre de 2009, que ese ciudadano norteamericano, eufemísticamente denominado contratista, se dedicaba al abastecimiento ilegal con sofisticados medios de comunicación vía satélite en contra de nuestro pueblo. Al concluir el juicio este 5 de marzo, la nota oficial repicó que Gross tomó parte directa en proyecto subversivo para intentar derrocar la Revolución, con empleo de sofisticadas tecnologías para crear redes clandestinas fuera del control de las autoridades.

El debido proceso

Según el artículo 107 de Ley de Procedimiento Penal (1977), las diligencias previas al juicio se realizan en el plazo más breve posible, sin exceder de 60 días, pero pueden prorrogarse hasta seis meses y aun por "nuevo término". Como este último no se precisa en la ley, queda a la discreción del Fiscal General y así se que explica que Gross fuera enjuiciado 15 meses después de su arresto. Tuvo suerte: pudo ser más y nada hubiera pasado, pero al fallar la profecía de Castro sobre el regreso de los Cinco antes del fin de año pasado, parece adecuado apretar las clavijas con sentencia firme.

Después de haber dado tanta guerra con la hipótesis de que los medios de comunicación influyen tanto en la función de impartir justicia que algunos jurados que no leen en español llegaron a predisponerse contra los Cinco por culpa de El Nuevo Herald y Diario las Américas, el gobierno de Cuba demostró que sí se puede hacer justicia a quien, como afirmó Ricardo Alarcón, trabajaba para los servicios de inteligencia de EE UU, a pesar de que el juicio y el trámite de sentencia coincidieran con nuevos capítulos de la serie televisiva Las razones de Cuba. En dicha serie, el agente Alejandro reveló el plan de la CIA para montar redes clandestinas en Cuba con ánimo de subvertir la revolución, y la capitana Mariana explicó la estrategia de Washington para conformar redes informáticas ilegales, con capacidad de transmitir y recibir datos codificados a través de conexiones inalámbricas y satelitales. Antes se había filtrado por internet la conferencia del celador Eduardo Fontes, quien despachó a Gross como mercenario que vino a tumbar la revolución.

Así y todo, cinco jueces que sólo pueden ver Televisión Cubana se atuvieron, durante dos sesiones que sumaron 17 horas, nada más que a las declaraciones de Gross y diez testigos, los informes del instructor de la Seguridad del Estado y nueve peritos, así como al resto de las pruebas, para sacar en una semana la cuenta de que si el fiscal pidió 20 años y el mínimo del delito imputado es 10, Gross merece en justicia 15, esto es: la misma condena que Castro por encabezar el asalto al cuartel Moncada. Y eso solo porque Gross se reviró contra DAI y USAID, acusándolas de haberlo engañado, puesto en peligro y arruinado. Al parecer no estaba disponible abogado de oficio, como Paul McKenna para Gerardo Hernández, sino que la familia Gross tuvo que hacer sonar la contadora del Bufete de Servicios Especializados para contar con la defensa de su directora, Armanda Nuris Piñero Sierra.

La Ley de Procedimiento Penal (1977) autoriza a Gross a interponer ahora recurso de casación contra la sentencia (Artículo 67) dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación (Artículo 71). El recurso de casación se resolvería por la sala competente del Tribunal Supremo Popular y las alternativas son:

  • Devolver las actuaciones a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, si se acoge algún motivo de forma
  • Dictar sentencia distinta, si se acoge algún motivo de fondo
  • Confirmar la sentencia de primera instancia, si no prospera ningún motivo

A primera vista, la única esperanza de Gross estaría cifrada en alegar, como motivo de fondo, el uso inadecuado del arbitrio judicial al imponérsele sanción y buscar así rebaja a 10 años. La nueva sentencia del (o la confirmación de la vieja por el) Tribunal Supremo Popular será firme (definitiva) y dejará mejor servida la mesa de negociación para canjear presos que Washington y La Habana consideran políticos en sus respectivos gustos.

No en balde Raúl Castro echó mano en Brasilia, el 18 de diciembre de 2008, al comodín "gesto por gesto" para sugerir a Washington cambiar a los Cinco por los reos de la Causa de los 75.

Precedentes del intercambio

La Guerra Fría encumbró al puente Glienicke, entre Berlín Oriental y Occidental, como lugar de canje: tres espías de Occidente por cinco del Pacto de Varsovia, el 11 de febrero de 1986; 23 agentes de EE UU por cuatro de Europa del Este, el 12 de junio de 1985; pero sobre todo la transacción en que Francis Gary Powers, piloto del avión espía U-2 derribado (mayo 1, 1960) sobre la Unión Soviética y el estudiante americano Frederic Pryor, preso sin cargos en Berlín Oriental, fueron cambiados el 10 de febrero de 1962 por el superespía soviético Rudolf Abel (Viliam Fisher), sancionado por triple conspiración (transmitir información de defensa, obtener información clasificada y actuar como agente de gobierno extranjero sin registrarse) a 45 años de prisión, es decir: muy por debajo de la doble cadena perpetua y algo más que arrastra Gerardo Hernández.

Las negociaciones de este canje fueron lideradas por el defensor de oficio de Abel, James B. Donovan, quien sería el mediador recomendado por el Fiscal General Robert Kennedy al Comité de Familiares de los prisioneros de la Brigada de Asalto 2506. Es sabido que estos últimos fueron canjeados por casi $53 millones en alimentos y medicinas, pero en la última ronda de conversaciones, que empezó el 18 de diciembre de 1962, Donovan pidió a Castro, como regalo de Navidad, liberar a 23 ciudadanos americanos encerrados en prisiones cubanas. Castro repuso que también había cubanos presos en EE UU bajo cargos políticos. Sin embargo, el único caso era Francisco Molina del Río, por abrir fuego durante una reyerta en el restaurante neoyorquino El Prado, el 22 de septiembre de 1960, provocando la muerte de Magdalena Urdaneta, niña venezolana de 9 años.

Al cabo, Castro accedió a la petición de Donovan, y aquellos 23 regresaron a EE UU en dos vuelos, el 9 y el 22 de abril de 1963, correspondientes al programa de traslado por avión y barco de los familiares (unos 7.857) en Cuba de los 1.113 brigadistas liberados. La idea original de Castro había sido cambiarlos por 500 bulldozers, pero las cosas se fueron complicando y lograron resolverse gracias a Donovan y el Comité de Familiares.

Antes de que ambos entraran en la negociación, Castro dejó caer que desistiría de los bulldozers por un canje de prisioneros que incluyera al líder separatista puertorriqueño Pedro Albizu Campos. Al retomarse por la administración Carter las conversaciones secretas que había emprendido Nixon hacia 1974, Castro aludió de nuevo, ante los diplomáticos Robert Pastor y Peter Tarnoff, al canje de prisioneros estadounidenses en Cuba por puertorriqueños en EE UU: "Los Estados Unidos pudieran hacer un gesto y liberarlos, y luego nosotros haríamos otro gesto…"

El asesor de seguridad nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, acudió entonces a John R. Standish (Departamento de Justicia) para recomendar el perdón a los pistoleros Oscar Collazo, sobreviviente de la tentativa de asesinato del presidente Truman (1950), así como Lolita Lebrón, Rafael Cancel e Irving Flores, quienes habían tiroteado el Congreso (1954) junto con Andrés Figueroa, ya en libertad por problemas de salud. El 10 de septiembre de 1979 Carter dispuso excarcelar al cuarteto puertorriqueño y para el primero de octubre ya estaban Lawrence Lunt, Juan Tur, Everett Jackson y Claudio Rodríguez fuera de las prisiones de Castro.

Coda

Brzezinski argumentó que el gesto humanitario de excarcelar a los puertorriqueños reportaría la ventaja de despojar a Castro de un tema recurrente de su propaganda. Y eso que aquella batalla de ideas, derivada de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, nunca llegó a la letanía de los Cinco.

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