Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
22:57 CET.
Legislación

No hay reformas sin derechos

Resulta innegable que  abordar el tema de la realidad actual cubana pasa irrefutablemente por las reformas que se vienen produciendo en la esfera económica, destinadas —en primera instancia— a incentivar la economía interna con vistas a liberar al Estado del exceso de los mal llamados "subsidios", compensar la eliminación de más de un millón de puestos de trabajo estatales y elevar la productividad y la eficiencia laboral, entre otros objetivos.

El asunto se ha convertido en un atractivo foco para economistas y otros interesados, a la vez que ocupa la atención de la opinión pública hasta el punto que es prácticamente imposible conversar con algún colega foráneo sin que lance la obligada pregunta acerca de la marcha y el impacto de las nuevas medidas económicas, que parecen constituir el precario as gubernamental para intentar remontar gradualmente la profunda crisis nacional.

Obviamente, en las condiciones de inmovilismo de Cuba cualquier conjunto de propuestas que sugieran o propicien el más leve movimiento podría ser considerado todo un progreso. Sin embargo, a juzgar por los criterios de algunos observadores (fundamentalmente extranjeros), existe una tendencia a magnificar el proceso y a sobredimensionar el efecto económico de esta "apertura" como vía para una eventual respuesta positiva, tanto a nivel de la economía como de la sociedad. Tales criterios se basan en cifras, sin dudas significativas, pero que reflejan apenas un elemento del fenómeno en su conjunto. En particular, las más 80.000 nuevas licencias entregadas desde finales de octubre de 2010, según fuentes oficiales, parece constituir el signo principal del crecimiento de lo que algunos medios han dado en llamar —quizás demasiado aparatosamente— sector empresarial privado. Sin embargo, hay que entender que la  adquisición de una licencia, por sí sola, no convierte a nadie en empresario.

Necesidad de un nuevo sistema jurídico

Tras esta primera avalancha de aspirantes a empresarios existen factores que no se pueden reflejar en cifras y que explican otras aristas del fenómeno. Uno de ellos es el anhelo, largamente acumulado en la población, de superar el estado de permanente supervivencia y alcanzar cierta prosperidad.

Otro factor podría ser la ambición de los individuos de independizarse del Estado y explotar las propias capacidades. En tanto un tercer elemento —no necesariamente el último— es la esperanza de colocarse a tiempo en un mercado potencialmente próspero, para tener ventaja de cara a eventuales cambios. 

Simultáneamente se conoce que —a pesar de que el experimento "empresarial privado" se encuentra todavía en una fase inicial, diríase embrionaria— un número indeterminado de nuevos cuentapropistas ha devuelto sus licencias, debido fundamentalmente al peso financiero de los abusivos impuestos y a las desventajosas condiciones contractuales, en general. De estos fracasos no he encontrado reporte oficial alguno.

Es así que la simple afluencia de interesados en obtener licencias para las actividades por cuenta propia a las oficinas de registro, es apenas un elemento a tener en cuenta, pero no permite formar un criterio completo del nuevo experimento "mercantil" del régimen. Por otra parte, resulta prematuro crearse demasiadas expectativas con las reformas que —a juzgar por las contradicciones que resaltan desde su implementación— están permeadas del carácter provisional, incompleto e improvisador del modelo que las generó.

De las licencias entregadas hasta el momento, un porcentaje nada despreciable corresponde a legalizaciones de actividades que ya se venían realizando de manera "subterránea" y no a "nuevos negocios", y conciernen mayoritariamente a dos renglones específicos de los servicios: la venta de alimentos y el arriendo de habitaciones a turistas extranjeros. En un país donde no se produce casi nada, se importa el 80% de los alimentos, no se ha creado un sistema de créditos bancarios para efectuar préstamos, no existe amparo jurídico para los inversores nacionales, no se ha creado un mercado mayorista para garantizar la materia prima e insumos necesarios a tales actividades, el mercado minorista ofrece precios extremadamente elevados y se caracteriza por la inestabilidad y pobreza de la oferta (así como por los altos impuestos), podría afirmarse que el gobierno ofrece más dificultades que facilidades al desarrollo del sector privado.

El carácter, profundidad, ritmo y alcance de las reformas necesarias para transformar una economía centralizada y férreamente controlada por el Estado-Gobierno-Partido, en otra que combine la propiedad estatal con formas de propiedad individual-familiar y cooperativa, traen consigo inevitablemente un proceso de experimentación y reajustes que consolidaría las grandes diferencias sociales que se venían produciendo desde años precedentes. No se ha dado a conocer hasta ahora ningún programa oficial destinado a enfrentar la contingencia de una ola de despidos que pondrá en paro a más del 20% de la fuerza laboral del país y los consiguientes conflictos sociales que se generen de ella.

Con seguridad, el pequeño sector privado no podrá absorber tamaña cantidad de mano de obra liberada, ni esa masa estaría en condiciones de convertirse en empresariado. De manera que sería inexplicable la reticencia gubernamental a flexibilizar el proceso y favorecer la consolidación de dicho sector, si no tuviéramos en cuenta que ello supondría un debilitamiento del poder al desaparecer la subordinación de la economía a la ideología.

Está claro que la tendencia del gobierno a estandarizar pensamientos y acciones de los individuos para convertirlos en "masa" uniforme, ha acabado afectando también su perspectiva respecto de la sociedad en su conjunto. Los cambios económicos en una sociedad totalitaria, por mínimos que sean, podrían condicionar a la larga una cadena de transformaciones sociales que darían lugar a una Cuba muy diferente de la que conocemos hoy… Con independencia de lo que se proponen las reformas del General Raúl.

Algunos indicadores sociales tampoco han sido analizados hasta ahora por los más apologéticos pro-reformistas, como pudiera ser, entre otros, la naturaleza discriminatoria de la aplicación de las medidas, que impone a los nuevos inversores una tributación mayor que la de los particulares que ya habían obtenido licencias en virtud de la anterior reforma.

El hecho de que no exista al alcance de la población un documento legal que exprese claramente cómo se establecen las medidas en cada actividad, los requisitos particulares en cada caso, así como las obligaciones y los derechos de los inversores, crea una nebulosa de indefiniciones que favorece la especulación y la corrupción de los funcionarios encargados del proceso, así como la indefensión de los que se arriesgan a invertir en el sector privado. Para resumirlo en una sencilla frase: en un Estado donde no existen derechos ciudadanos no hay garantías legales para los esclavos que aspiran a libertos.

Es preciso, entonces, establecer un sistema jurídico que respalde las libertades individuales y colectivas. Es impostergable, hoy más que nunca, que el gobierno cubano ratifique la firma de los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que —junto al de Derechos Políticos— firmara en febrero de 2008. Lejos de considerar las actuales reformas como una oportunidad para los cubanos, esta es la ocasión más propicia para que el gobierno de la Isla demuestre alguna voluntad de respetar a su pueblo, reconociendo ante la comunidad internacional y ante la nación los Derechos que le corresponden. Sólo entonces podremos hablar legítimamente de verdaderas reformas, de prosperidad o de avances.

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