Jueves, 14 de Diciembre de 2017
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Opinión

Lógica castrista

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La prolongada detención de Alan Gross parece no tener sentido. Sin embargo, existe una lógica dentro del contexto de las reformas económicas propuestas por el gobierno cubano.

Gross fue detenido en La Habana en diciembre de 2009 mientras se encontraba trabajando en el país como contratista de Development Alternatives Inc., organización financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En septiembre de 2009, tan sólo tres meses antes de su detención, una alta funcionaria del gobierno norteamericano, Bisa Williams, había visitado La Habana para discutir la posibilidad de reanudar el servicio postal directo entre ambos países.

El viaje de Williams fue recibido en Washington con cierto optimismo por miembros del Congreso, quienes comenzaron a debatir de manera extraoficial medidas concretas de apertura en las relaciones bilaterales. Las posibilidades de discutir en el Congreso un acuerdo que permitiese reanudar el comercio y los viajes a Cuba eran cada vez más evidentes, con un creciente número de parlamentarios a favor de la iniciativa. Se habló, también, de intercambio de tipo académico y cultural, tales como el concierto del cantante colombiano Juanes, presenciado por Williams en La Habana. Algunas voces sugerían incluso la posibilidad de una reanudación total de las negociaciones y un acercamiento a Cuba hacia finales de 2009.

Mientras tanto, La Habana parecía compartir el mismo sentimiento. En diciembre de 2010 se publicó una filtración de Wikileaks que revelaba una reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y España en La Habana a comienzos del 2009, donde el embajador español manifestó el interés de Cuba en crear "una vía de comunicación secreta" con la Casa Blanca. El jefe de la misión norteamericana en La Habana, Jonathan Farrar, comunicó en un cable con fecha 5 de diciembre el interés del gobierno cubano manifestado días atrás. Sin embargo, Gross fue detenido ese mismo día, antes de que Estados Unidos pudiese responder al aparente interés de Cuba de mantener vías de comunicación alternativas con Washington.

La respuesta de Estados Unidos a la detención de Alan Gross ha sido uniforme y consistente. El gobierno de Obama ha dicho tanto públicamente como de manera extraoficial que la detención del contratista es un freno a las negociaciones con Cuba, incluso en asuntos menores. Demócratas y republicanos de ambas cámaras han solicitado la liberación inmediata de Gross, y las discusiones sobre una legislación que permitiría flexibilizar los viajes y el comercio hacia Cuba —que tanta fuerza habían adquirido a finales de 2009— se encuentran ahora en un punto muerto.

Cualesquiera que hayan sido las razones de la detención de Alan Gross, el gobierno cubano ha comprendido que la detención del contratista congela los avances en las relaciones con Estados Unidos. Es de esperar que La Habana haya analizado los pros y contras de mantener a un ciudadano estadounidense detenido sin sentencia firme, por lo que la pregunta que surge es la siguiente: ¿Quiere realmente el gobierno cubano un acercamiento a Estados Unidos en este momento?

Raúl Castro ha introducido gradualmente reformas económicas que apuntan a una planificación centralizada, dominada por grandes empresas estatales y con limitadas libertades políticas y sociales. Como parte de estas reformas, el gobierno planea despedir a aproximadamente 500.000 ciudadanos que deberán buscar empleo por cuenta propia y que, a su vez, serán seguidos por otros cientos de miles en los próximos dos años. Al finalizar, La Habana habrá despedido laboralmente a alrededor del 10% de la población y a un porcentaje aún mayor de su fuerza laboral activa. Esta masa de individuos representa una potencial fuerza opositora incluso si sólo una pequeña parte de ella sale a protestar a las calles, por lo que el régimen corre un verdadero riesgo. El hecho de que Raúl Castro celebrara la festividad judía de Janucá con la colectividad en Cuba es un claro ejemplo de autoridad enfocada incluso al pequeño grupo de individuos que alguna vez aceptó a Gross.

Evidentemente, la economía cubana se beneficiaría de un incremento en el comercio con Estados Unidos y un mayor flujo de turistas con dólares estadounidenses. Sin embargo, queda claro que el gobierno de Raúl Castro desea mantener una fuerte jerarquía política y el control total mientras intenta reformar la economía del país. La detención de Alan Gross, por tanto, desde la perspectiva habanera, podría ser una medida de proteccionismo político y económico. La misma permite a Raúl Castro centrarse en los asuntos domésticos sin las intromisiones de sus vecinos del norte: corporaciones e inversores, el exilio cubano o incluso organizaciones de la sociedad civil financiadas por Estados Unidos, como de la que Alan Gross formaba parte.

En este escenario, poco puede hacer el gobierno de Estados Unidos por Alan Gross hasta que La Habana esté dispuesta a negociar. Washington, sin embargo, podría entender mejor las razones ocultas tras la detención del contratista. Los Estados Unidos deben continuar solicitando la liberación inmediata de Gross, al tiempo que mantienen la asistencia a los miembros de la sociedad civil cubana cuyos derechos se ven afectados. La reducción o terminación del trabajo que Gross realizaba en La Habana sería una deshonra a su servicio, así como también a aquellos cubanos que necesitan del tipo de ayuda que el contratista ofrecía.

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